México es el cuarto mayor productor mundial de maíz, a pesar de que el rendimiento promedio de 3.3 toneladas por hectárea nos ubica en el lugar 40 en productividad.

La baja productividad limita el nivel de ingreso de una gran cantidad de productores, ya que se presenta una amplia brecha de rendimiento entre los tecnificados y los tradicionales.

De acuerdo con el Sistema de Información Agroalimentaria de Consulta (Siacon), en el año agrícola 2010 el rendimiento promedio en Oaxaca fue de 1.2 toneladas por hectárea, mientras que en el mismo ciclo en Jalisco se cosecharon 6.0 toneladas por hectárea.

Para mejorar la productividad nacional, es importante difundir el uso de variedades mejoradas certificadas que, además, mitiguen los efectos del cambio climático, cuenten con resistencia a la sequía así como a plagas y puedan desarrollarse en suelos con bajos nutrientes.

La certificación consta de la verificación e inspección del origen, producción, beneficios y acondicionamiento, almacenamiento y comercialización; sólo las semillas que demuestren tener alta calidad genética, fisiológica, física y fitosanitaria lograrán su aprobación para ser aplicadas en el campo mexicano.

En México, para producir una tonelada de maíz con semilla criolla sin costo para el productor y un paquete tecnológico estándar, se requiere una inversión aproximada de 2,900 pesos por hectárea. La merma de la aplicación de esta semilla puede ser de hasta 50% y se tendría una utilidad estimada de 1,100 pesos.

Al utilizar estas semillas, la inversión requerida adicional es 1,024 pesos, pero se logra una reducción de la merma de hasta 27% y el rendimiento se incrementa a 1.5 toneladas aproximadamente, con el mismo paquete tecnológico. Así, se podría lograr una utilidad de 1,916 pesos, es decir, un incremento de 74% en el ingreso con respecto al caso base.

En conclusión, el alza del rendimiento de producción, por la implementación de semillas más resistentes en unidades agrícolas rezagadas, contribuye también a la reducción de las desigualdades sociales y pobreza rural.

Dado lo anterior, es importante dirigir las políticas públicas hacia la difusión de los beneficios de utilizar semillas certificadas y al desarrollo de esquemas que faciliten el acceso a insumos de mejor calidad.

*Luis Daniel Núñez Guzmán es especialista de la Subdirección de Diseño de Programas en FIRA. La opinión es responsabilidad del autor y no necesariamente coincide con el punto de vista oficial de FIRA. [email protected]