Recientemente se alcanzó el acuerdo tripartito de aumentar el salario mínimo en 22% para 2022. No hubo mucha discusión al respecto. El Consejo Coordinador Empresarial simplemente refrendó su solidaridad y compromiso para mejorar el ingreso laboral formal con este aumento.

El salario mínimo (SM) ha sido una política sujeta a una constante controversia. Al respecto, véanse los excelentes trabajos de Raymundo Campos, un investigador del Colegio de México. El debate gira en torno a si el SM es una herramienta de política pública social o solo un ajuste de un precio del mercado laboral. La literatura técnica reconoce que un impacto de un cambio en el SM se reparte principalmente entre los efectos sobre los ingresos, el empleo, y los precios. El impacto sobre el empleo no es concluyente pues depende de la situación inicial de estar por debajo o encima del nivel de equilibrio salarial en el mercado laboral. Adicionalmente, la evidencia es indeterminada si el cambio en el salario mínimo aumenta o disminuye la informalidad.

Pero quizá el mayor debate ha sido si cambios en el SM son inflacionarios. Al respecto, hay amplia evidencia empírica internacional que muestra una afectación sobre los precios. Uno de los mayores riesgos de los incrementos al SM es el denominado “efecto faro”. Este consiste en el traspaso que tienen los aumentos al salario mínimo sobre el resto de la distribución salarial, en especial sobre la estructura de los salarios contractuales en los diversos sectores de la economía y los que están clasificados como los salarios mínimos profesionales.

La regla generalmente aceptada es que un aumento salarial debe ser igual a la inflación esperada más un componente de productividad. El reciente aumento de 22% evidentemente está muy por encima de la inflación esperada para 2022 (4.1%). Entonces, para preservar condiciones de equilibrio, un aumento tal del salario mínimo debería de estar correspondido por un incremento de por lo menos cuatro veces ese porcentaje en productividad. O quizá una menor proporción si las empresas están dispuestas a absorber en sus costos una buena parte del incremento al SM. Pero, ¿están las empresas comprometidas con gastar más en tecnología y capacitación laboral para aumentar la productividad?

Este aumento al SM de 22% en un entorno de alta inflación conlleva el riesgo de que dicho ajuste contribuirá a un significativo “efecto faro” y a la formación de expectativas de precios más elevados conducentes a una perniciosa dinámica inflacionaria generalizada. Ante esa espiral, podrían desatarse mayores exigencias salariales (sin mayor productividad), dando lugar a una indización de facto y a una carrera precios-salarios, donde estos últimos siempre terminarán perdiendo. Esa película ya la vivimos repetidamente en México. 

Para mejorar las condiciones salariales de muchos mexicanos es aceptable buscar incrementar el salario mínimo, pero más en línea con la productividad, y evitar la contaminación vía el “efecto faro” y que desate una dinámica inflacionaria. En el contexto actual, este incremento de 22% no fue prudente y enciende un foco rojo más sobre nuestra debilitada economía para 2022.

Twitter: @frubli

Federico Rubli Kaiser

Economista

Revista IMEF

Economista egresado del ITAM. Cuenta con Maestría y estudios de doctorado en teoría y política monetaria, y finanzas y comercio internacionales. Columnista de El Economista. Ha sido asesor de la Junta de Gobierno del Banxico, Director de Vinculación Institucional, Director de Relaciones Externas y Coordinador de la Oficina del Gobernador, Gerente de Relaciones Externas, Gerente de Análisis Macrofinanciero, Subgerente de Análisis Macroeconómico, Subgerente de Economía Internacional y Analista.

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