La semana pasada apunté que uno de los graves problemas que aquejan a la economía mexicana es la alta tasa de informalidad laboral, la cual no solo significa un menor nivel de bienestar familiar sino, más aún, se traduce en un lastre para el crecimiento de la economía en su conjunto y de cada entidad federativa en particular. Así, se observa que en aquellos estados en los cuales es mayor la informalidad son, simultáneamente los que en promedio han crecido a menores tasas y son los de menor nivel de desarrollo económico.

Otro fenómeno que actúa como un lastre que impide lograr mayores tasas de crecimiento es la existencia de un entramado legal y regulatorio, en los tres niveles de gobierno, que efectivamente, actúa como una barrera al surgimiento, formalización y crecimiento de las empresas, del empleo y del ingreso de los trabajadores y es fuente de  corrupción.

De acuerdo con el Censo Económico de 2019, en México existían un total de 6.4 millones de unidades económicas. De este total, aquellos que empleaban entre 0 y 10 trabajadores eran el 94% del total de establecimientos, ocupando al 37% de trabajadores y generando únicamente el 15% del valor agregado de la producción. Empresas de entre 11 y 50 trabajadores representaron el 5% del total, empleaban en conjunto al 18% de personas y produjeron el 12% del valor agregado de la producción. Por otra parte, 1% de empresas son las que ocupaban de 51 a 250 trabajadores, empleando al 16% de individuos y aportando el 19% de la producción. Por último, solo existían 13,854 empresas con más de 250 trabajadores (el 0.2%), empleando al 29% de personas y generando el 55% del valor agregado total. Como se aprecia, aunque la mayor parte de los establecimientos son micronegocios, con un alto número de trabajadores, su aportación al valor agregado de la producción es muy bajo, es decir, su productividad es notoriamente baja y estancada.

Más aún, de acuerdo con el Censo Económico, del total de negocios, el 37.4% eran establecimientos formales, los cuales generan el 97% del valor agregado. El restante 3% lo producen el 62.6% de los negocios, los cuales operan en la informalidad. Un inmenso lastre al crecimiento; ¡un desastre!

Los micronegocios y más aún los que operan en la informalidad, tienen una tasa muy baja de inversión y producen generalmente con tecnologías obsoletas, lo que aunado a que por su tamaño no pueden generar economías a escala, se traduce en una productividad por empleado muy baja, como lo es el ingreso medio de sus trabajadores. Además, aquellos que laboran en establecimientos informales, no tienen acceso al sistema formal de seguridad social.

Uno esperaría que los funcionarios públicos electos (el presidente de la República, los gobernadores y los presidentes municipales) diseñarían un arreglo institucional que derivará en un mayor y creciente bienestar de sus gobernados. Sin embargo, lo que generalmente se observa es un arreglo que premia la búsqueda y apropiación de rentas.

Cualquiera que opere o haya siquiera intentado abrir un negocio formal se enfrenta a toda una maraña de regulaciones federales, estatales y municipales. Registros, licencias y permisos de todo tipo así como inspecciones (legales e ilegales) por parte de funcionarios públicos encarece la operación y crecimiento dentro de la formalidad y, en consecuencia, incentiva la informalidad y el enanismo.

Ademas, la excesiva, ineficiente y poco transparente regulación a la que se enfrentan las empresas le permite a los funcionarios públicos actuar como buscadores de rentas, de facto, extorsionando a los agentes privados y ello, por sí mismo, se convierte en un lastre al crecimiento. Y no hay buenas perspectivas de que esto cambie en el futuro cercano.

ikatz@eleconomista.com.mx

Isaac Katz

Economista y profesor

Punto de vista

Caballero de la Orden Nacional del Mérito de la República Francesa. Medalla al Mérito Profesional, Ex-ITAM.

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