Se dice con justicia que los impuestos son el pago que la sociedad debe realizar por la civilización misma. Así, un sistema fiscal, incrementa exponencialmente su eficiencia cuando este está fincado sobre la coherencia que permite una percepción generalizada de justicia, lo cual a su vez fortalece la convicción para tributar con solidaridad y responsabilidad.

Sin embargo, no a pocos causa recelo el soportar el gasto público mediante su contribución, fundamentalmente porque no se divisa una simetría entre los propios servicios que presta el estado, con el grado de imposición y exigibilidad fiscal para el ciudadano mismo.

Esta discusión no es nueva y cíclicamente cuestiona la eficiencia de un estado que dista mucho de las expectativas de cumplimiento. Pero el momento actual acontece en medio de una recrudecida polarización política en el país, que contamina cualquier intento de amplificación positiva del diálogo sustancial.

Fueron varios los desacuerdos antes de llegar a la aprobación de la Miscelánea Fiscal 2022. Ahí, uno de los puntos más controversiales fue la inscripción al Registro Federal de Contribuyentes de aquellos mexicanos que hayan alcanzado la mayoría de edad. Para algunos, un medio de fiscalización obligatorio, y para otros un incentivo hacia el orden y la formalidad. Esta acción constituye una aproximación para conseguir un incremento de la base tributaria y evitar simulación ante posibles fraudes de tipo patrimonial, así como casos de robo de identidad. Sin embargo, una percepción generalizada apunta al recelo y en el peor de los casos al rechazo. No es una cuestión poco justificada cuando nos asomamos a estadísticas que avizoran el problema.

México es uno de los países latinoamericanos que recauda con mayor ineficiencia como porcentaje del PIB Un escaso 16.5% del PIB nos ubica en los últimos lugares de recaudación de los países pertenecientes a la OCDE. Concretamente, se ocupa el lugar número 22 de 26 naciones, solo por encima de Panamá, Paraguay, República Dominicana y Guatemala. Es así que, dependientes de una estructura fiscal mayoritariamente compuesta por fondos provenientes del consumo de bienes y servicios, e inmersos en una etapa de desaceleración económica, se vuelve urgente cerrar la brecha a posibles vías para la evasión o elusión fiscal. Sin embargo, en recientes mediciones, el 81% de los mexicanos recientemente llegados a la mayoría de edad, confían poco o nada en generar el registro que ahora es letra de ley según el apartado A del artículo 27 del Código Fiscal de la Federación. Además, en ese mismo universo de encuestados, 74% ven poco o nulo beneficio como contraprestación del estado ante el posible pago de impuestos.

Estamos ante un grave problema de erosión de la confianza sobre el sistema al cual se le percibe inequitativo, injusto y con deficiencias de diseño. Es urgente restablecer una conexión mínima entre sociedad y autoridad basada en el ejemplo de provecho y eficiencia sobre el dinero tributado si aspiramos a un rasero mínimo de progreso.

Twitter: @gdeloya

Guillermo Deloya Cobián

Analista en temas de política

A media semana

Guillermo Deloya Cobián es oriundo de Puebla, licenciado en derecho, con especialidad en derecho fiscal, maestro en economía y gobierno y doctor en planeación estratégica y políticas de desarrollo. Actualmente cursa la maestría en escritura creativa en la Universidad de Salamanca.

Es articulista y comentarista en diversos medios de comunicación nacionales y locales, ha publicado ocho libros, además de diversos ensayos en temas que van desde lo económico, político y jurídico, hasta una novela histórica ubicada en el siglo XVIII.

Es comentarista y analista en temas de política, economía y jurídicos en ADN40.

Ha desarrollado una constante actividad docente como profesor universitario tanto en Puebla como en la CDMX.

Cuenta con una trayectoria en el sector público de veintiocho años donde ha ocupado cargos en los ámbitos federal y estatal, en la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, en la Procuraduría General de la República, en la Secretaría de Hacienda y Crédito Pública, en el Consejo de la Judicatura Federal y el Gobierno del Estado de Puebla, fue Coordinador del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, INAFED, de la Secretaría de Gobernación y ha ocupado diversos cargos partidistas.

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