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Red Iris, la decisión
Está por tomarse una decisión muy importante para la seguridad nacional.
Es muy importante y nadie sabe a ciencia cierta si la tomará el gobierno saliente de Enrique Peña Nieto o el gobierno entrante de Andrés Manuel López Obrador.
Sólo faltan cuatro meses para que concluya el actual sexenio y por la trascendencia de la decisión, hay quienes consideran que sería mejor que la tomara el próximo y no el actual gobierno.
La decisión que tiene que tomar el gobierno federal tendrá que definir qué empresa privada llevará a cabo la modernización de la Red Nacional de Radiocomunicación, mejor conocida como Red Iris, utilizada para el Sistema Nacional de Seguridad Pública.
En la Red Iris se integran, encriptan digitalmente y homologan los servicios de radiocomunicación de los cuerpos de seguridad federales, estatales y municipales para la operación coordinada de sus tareas de comunicación, seguridad e inteligencia diarias.
Esta red la opera Plataforma México y en ella se enlazan instituciones como la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, PGR, Cisen, Policía Federal, policías estatales y policías municipales.
¿Quién decide?
Institucionalmente le corresponde tomar la decisión a la Secretaría de Gobernación que hoy encabeza Alfonso Navarrete Prida.
En caso de que se pospusiera, le tocaría tomarla al próximo secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo.
La decisión es tan relevante que ya la trae en el “radar” el propio Durazo.
¿Tetrapol o P25?
La decisión que se tomará tendrá que definir si el gobierno federal mantiene el uso de la tecnología Tetrapol, operada exclusivamente por la empresa Airbus, que encabeza Fred Gallart, o cambia a la plataforma abierta P25 de Motorola que dirige Vicente Roqueñí, que es mucho más moderna y compatible con otras tecnologías como: Huawei, Tait, Harris, EF Johnson.
El potencial uso de la tecnología P-25 de Motorola implicaría romper el monopolio que ha mantenido Airbus por más de 20 años.
La tecnología Tetrapol de Airbus ha caído en la obsolescencia e implicaría la aplicación de un presupuesto de 10,000 millones de pesos adicionales. Ambos temas los reconoce la propia empresa Airbus.
Y ¿cuáles son las diferencias en términos tecnológicos?
El protocolo Tetrapol de Airbus permite el envío de audio encriptado. No tiene flexibilidad con nuevas tecnologías similares y está descontextualizado respecto de necesidades actuales del campo en materia de seguridad.
El protocolo P-25, además de voz, permite la transferencia de imágenes, audio, mensajes encriptados y biométricos entre otros servicios.
IPN, fiel de la balanza
El próximo jueves, después de varias ocasiones en que se ha pospuesto, estaría por realizarse una junta del Consejo Nacional de Seguridad Pública, presidido por Renato Sales, y en el que estará presente Ricardo Márquez, de Plataforma México, para presentar un análisis sobre las alternativas tecnológicas.
Previamente, el Secretariado Ejecutivo que encabeza Álvaro Vizcaíno, encargó un estudio al Instituto Politécnico Nacional, que dirige Mario Rodríguez, que arroje el diagnóstico de la Red Nacional de Radiocomunicación. Éste será la base para definir la decisión que se tomará.
Más allá de los intensos esfuerzos de comunicación y cabildeo de ambas empresas, Airbus y Motorola, la evidencia muestra que varios estados de la República y dependencias del Ejecutivo ya operan el protocolo P-25, como son: Guanajuato, Jalisco, Yucatán y Nuevo León y las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina.
Perspectiva
A últimas fechas se ha advertido sobre un posible “madruguete”. Que se estaría por tomar la decisión, sin esperar al nuevo gobierno para mantener el actual estatus. Entre las autoridades relacionadas hay distintas posiciones.
Ojalá que se tome la mejor decisión para combatir eficazmente la inseguridad. Al tiempo.
ATISBOS
DERROTA LEGAL. En experiencia totalmente inédita, un concesionario mexicano derrota legalmente a una poderosa armadora trasnacional, en una batalla que, por sus dimensiones, evoca la batalla de David contra Goliat.
Resulta que un juez concedió la razón al grupo distribuidor coahuilense Bellavista, concesionario de la armadora Honda, encabezado por Jorge Lozano del Bosque, frente a la empresa nipona.
El Juez Quinto de lo Mercantil en Guadalajara, Guillermo Siordia Romero ordenó a Honda no romper relación comercial con su distribuidor Bellavista y proveerle de producto e insumos, mientras continúa el proceso legal.
Además, giró orden de arraigo contra el CEO de Honda, Hiroshi Shimizu, para evitar que eluda la acción de la justicia.
En proceso mercantil —bajo el número de expediente 1231/2018—, en una resolución parcial, desecha la inconformidad de Honda México en el conflicto que sostiene con su grupo distribuidor coahuilense Bellavista.
Grupo Bellavista interpuso demanda ante el abuso de la transnacional y las pérdidas provocadas por más de 40 millones de pesos.
Como le comenté oportunamente en este espacio, Lozano del Bosque acusó que le cancelaron unilateral y arbitrariamente la operación de sus dos agencias —en Piedras Negras y Monclova—, que distribuían automóviles Honda.
Ello, además de que la empresa Honda Motor México le presionó para vender sus negocios en 60% menos de su valor de mercado.

