¿Qué quiere decir "sospechoso de tener Covid-19" en México?

Hace unos días la forma de comunicar al público el avance de la pandemia a nivel federal en México se transformó. De un terrero clasificatorio simple, especificado en la Lineamiento Estandarizado para la Vigilancia Epidemiológica y por Laboratorio de la Enfermedad Respiratoria Viral - Agosto_2020 mediante la cual a una persona que se le practicaba una prueba diagnóstica quedaba en calidad de pendiente o sospechoso mientras se pudiera definir su condición de positivo o negativo. Siguiendo esta taxonomía de las “personas examinadas” -como se le denominaba antes- se iban colocando los resultados en 3 celdas; dos con certidumbre (negativa y confirmada) y otra con la incertidumbre de quedar pendiente de manera atemporal, al grado que al 4 de octubre hay 34,178 “sospechosos” o pendientes que ingresaron al sistema antes del 1 de septiembre.

Pero, independientemente del rezago en la gerencia administrativa de la epidemia, a partir de que las autoridades sanitarias decidieron informar que de 88,000 personas a quienes se les había hecho una prueba diagnóstica y nunca se obtendrían sus resultados, empezó la metamorfosis de la narrativa de la epidemia en México. Los cambios son: a) al universo “de examinados” ahora se llama “de notificados”; b) se añaden dos grupos de personas sospechosas (los que no tienen muestra -pruebas-) y los que sí tienen muestra; de este segundo grupo se dividen en los que no tienen posibilidad de obtener resultado y los que sí tienen posibilidad de recibir resultado; y c) se introducen al reporte casos negativos relacionados con “otras Infecciones Respiratorias Agudas” (IRAs) (No Covid-19) en el reporte de Covid-19.

Aunque de todo esto hay variadas consecuencias:

La primera de fondo es que se pierde la consistencia entre lo reportado por las autoridades en sus sesiones vespertinas y lo publicado en la base de datos que deriva del SISVER que ellos mismo administran https://www.gob.mx/salud/documentos/datos-abiertos-152127.

La segunda es que a partir del 27 de septiembre el índice de positividad disminuye gracias al incremento del denominador. De reportar 1.67 millones de personas examinadas, aumentaron a 1.91 millones de personas notificadas. Esta diferencia de 243,163 personas sospechosas con o sin pruebas y 12,259 que no son Covid-19.

Estas inconsistencias no son menores. Si bien había un acuerdo entre sociedad y gobierno con el “total de personas estudiadas”, no obstante la permanente diferencia de que el tamaño del “total” es bajo para un país tan grande (pocas pruebas), al menos quedaba la certeza de que se hablaba de los mismos números en las sesiones de la tarde y los resultados de los análisis de la base de datos. Lo que más llama la atención es que ninguno de los sitios que reportan en línea el “pulso” de la epidemia presentan el universo de notificados y se mantienen publicando los casos como aparecen registrados en la base de datos (https://coronavirus.gob.mx/datos/; https://www.insp.mx/informacion-institucional-covid-19.html; https://covid19.sinave.gob.mx/; https://covid19.ciga.unam.mx/).

La presencia de personas que no aparecen en la base de datos abren preguntas que tienen que esclarecerse. Si al día 4 de octubre hay 321,885 personas sospechosas ¿cuántas de ellas corresponden a las 85,743 que están en la base de datos de ese día? Como no se cuenta con folio de las primeras, no se pueden confrontar con las que aparecen en la base datos. No se sabe cuántos de los 189,288 sospechosos sin muestra sobrevivieron o no; si fueron internados al hospital o no. ¿Cuál es el criterio que se emplea para saber que 97,303 personas a quienes sí se les hicieron pruebas, no tendrán resultados? Y, ¿cuál? para definir que 35,294 personas si tienen posibilidades de recibir resultados. ¿Por qué la base de datos dice que 85,743 son sospechosos después de haber recibido una prueba y la suma de los sospechosos con prueba en la nueva modalidad suman 132,597, es decir 46,853 personas más? (Ver gráfica).

La estadística de la epidemia que se reporta todos los días es inconsistente con la que deriva del análisis de la base de datos en tres niveles 1) Al sumar o inflar los casos negativos, añadiendo IRAs que no son Covid-19 no sólo se altera la relación interna de negativos-positivos, pues los primeros dejan de pertenecer al mismo conjunto de observaciones, sino que además se disminuye el índice de positividad.  2) también modifica la fecha de referencia. Como se habrá notado y se escuchó en la conferencia vespertina del día 27 de septiembre, ahora se reporta desde la semana uno del año, cuando se sabe que la epidemia empezó en la semana 10. ¿Qué añade esa extensión en el tiempo que no sea confusión? ¿es conveniente mezclar la influenza con Covid-19?

Se requiere auditar el sistema de vigilancia de la pandemia

La población requiere una mínima claridad meridiana en las estadísticas que se le presentan diariamente y no sólo cambios en los colores de las gráficas. La modificación de los algoritmos debe estar presente en los registros individuales que componen las bases de datos de manera transparente. Estos cambios conducen inevitablemente a solicitar cuentas sobre las decisiones tomadas en el ejercicio de la administración pública.

A siete meses de haber iniciado la pandemia nuevamente se vuelve a solicitar una auditoria de datos al sistema de vigilancia que se está usando para monitorear la pandemia en México. La auditoría no solo ayudaría a mejorar la calidad, sino la credibilidad de las autoridades. Mejorar la precisión de los datos, evitar los vergonzosos rezagos, alertar y detectar las fallas en el reporte y sobre todo agilizar los procesos de detección, análisis y reporte.

Mediante una auditoría externa se lograría utilizar buenas prácticas internacionales para mejorar la gestión de la epidemia; mejorar la reputación de las autoridades sanitarias mostrando que la calidad de los datos deriva de una auditoría pública en todo el sistema de salud. Pero antetodo se lograría proteger los intereses de los contribuyentes que son los primeros usuarios y beneficiarios de los bienes públicos generados con los sistemas de información en salud, como lo es el sistema de vigilancia epidemiológica.

*Rafael Lozano es profesor de la Universidad de Washington.

rlozano@uw.edu

Twitter: @DrRafaelLozano