¿Qué pasó en Chimalpopoca y Bolívar?

Tras el entusiasmo por la solidaridad desplegada por la sociedad en apoyo a las personas damnificadas en la Ciudad y el país, es preciso plantear y multiplicar preguntas que nos permitan entender los diversos impactos del sismo. El Colegio Rébsamen y el edificio de Nuevo León 238 son dos casos conocidos de corrupción y negligencia. De la esquina de Chimalpopoca y Bolívar surgen también interrogantes que apuntan a un grave caso de negligencia criminal cuyo origen se remonta a 1985.

El domingo 24 de septiembre el predio ya estaba despejado. Sólo un trozo de loza desgajada indicaba que cinco días antes se elevaba ahí un edificio de cuatro pisos. A la sorpresa ante la limpieza del terreno se añadía, para esta observadora, la extraña presencia de una docena de agentes policiacos acordonándolo, unas veinte trabajadoras de la Ciudad barriendo la calle cubierta de un acre polvo blanco y un autobús de Seguridad pública local con unos cincuenta policías. ¿Por qué tanta prisa? ¿Por qué tanta seguridad? ¿Acaso no harían más falta agentes y trabajadoras en Álvaro Obregón 286?

Hacia las 12 del día, tras una breve discusión, la policía dejó pasar al predio a un grupo de personas, en su mayoría mujeres, que se habían dado cita para honrar la memoria de quienes habían trabajado y muerto ahí. Telas, prendas de ropa, objetos personales, flores y veladoras fueron conformando un memorial a las trabajadoras que, según se creía, eran sobre todo costureras. En una conmovedora ceremonia colectiva, acompañada por un ritual indígena, se recordó así la tragedia de quienes perdieron vida o trabajo en menos de 15 segundos. Al final, integrantes de la brigada feminista, que con gran energía y valor habían trabajado días y días en el rescate, leyeron un comunicado y diversas asistentes expresaron su dolor e indignación. Entre ellas, antiguas costureras, sobrevivientes del sismo del 85, hilaron la explotación que segó la vida de cientos de sus compañeras entonces con la que ahora resultaba en nueva muerte y miseria.

Desde entonces, un artículo de Marcela Turati publicado en Proceso, y otros de Periodistas de a Pie, CIMAC, etc. han permitido reconstruir una historia de corrupción y negligencia, de la cual aún quedan cabos sueltos.

A diferencia del 85, no trabajaban ni murieron ahí cientos de costureras. Las cifras más recientes suman 21 personas aplastadas bajo las ruinas y quizá unas 10 más desaparecidas. Sin embargo, la ausencia de una lista oficial hace imposible afirmar con exactitud cuántas murieron, cuántas fueron rescatadas o salieron a tiempo o no estaban ahí a las 13:14 del 19S. En contraste con las versiones que atrajeron al lugar a los embajadores de Guatemala, El Salvador y Honduras, no es evidente que ahí laboraran migrantes centroamericanas. En cambio, se sabe que perecieron algunos dueños y trabajadores de origen extranjero: varias taiwanesas, un argentino, un surcoreano. Había un taller de diseño de modas, otro de bisutería para ropa, una importadora de juguetes y una empresa de seguridad para autos. De ahí no salieron cientos de máquinas; sí documentos y telas que dieron pie a la versión de que había talleres de costura, y otros objetos.

La sombra del 85, sin embargo, pervive en esta desgracia. El edificio que se derrumbó en segundos hace dos semanas, estaba dañado desde tres décadas atrás. Fue ocupado en los años 90 por el Registro Federal Electoral y la Procuraduría Agraria que, por riesgoso, lo dejaron. En vez de derruirlo, se parchó y mantuvo en pie una trampa mortal.

Aún quedan incógnitas: ¿quiénes fueron los responsables de preservar este peligro público? ¿A quién pertenecía? ¿Cuál es la responsabilidad de la Procuraduría Agraria, del gobierno local, de la delegación? ¿En qué condiciones se trabajaba ahí? ¿Por qué no hay lista oficial de personas fallecidas, desaparecidas y sobrevivientes? ¿Por qué la prisa en limpiar?

Este sitio de tragedia y memoria, como tantos otros hoy, nos ha dejado una lección admirable de solidaridad y una nueva exigencia de verdad y justicia.