Una vez que ha pasado la fiesta democrática del pasado 2 de julio, en tanto se desahogue el cúmulo de procedimientos y formalidades poselectorales, los mexicanos volvemos, de lleno, a afrontar la realidad, ante los retos y las asignaturas prioritarias para la nación, que trascienden a los comicios, más allá de la alternancia de gobierno y del signo político de la próxima administración.

Los desafíos, internos o externos, subsisten; no desaparecen por el solo efecto de la decisión tomada a través del voto para elegir al Ejecutivo federal, los gobiernos de los estados y los ayuntamientos y la conformación que tendrán el Congreso de la Unión y legislaturas estatales.

Es imperativo generar soluciones, condiciones y cauces para acometer estos retos compartidos y que, como muestra la experiencia histórica, comanda la opción democrática y de división de poderes que abrazamos como nación, sólo pueden ser resueltos por la vía de la corresponsabilidad y las instituciones.

Ésa es la clave para una transición de gobierno exitosa, en un contexto de estabilidad y certidumbre para todos los actores políticos, económicos y sociales: lo mismo para inversionistas y empresas que para la ciudadanía en general.

Las instituciones, como cimientos que perduran más allá de las coyunturas políticas, son el puente y el garante para consolidar y fortalecer lo que funciona. Ningún país puede reinventarse con cada elección, un rol fundamental de las instituciones es precisamente procurar que se cumpla esa máxima de sentido común para políticas públicas, programas y el propio desarrollo del andamiaje institucional.

Los distintos servicios civiles tienen que estar a la altura de los cambios que se pretenden acometer; el país ha de vivir una transformación de raíz como ha mencionado el próximo jefe del Estado y para ello la vida institucional tiene que prepararse, adaptarse y comprometerse por México. Las instituciones son el camino para acometer, en un marco de legalidad y civilidad, las reformas y los nuevos esfuerzos que se han de emprender en beneficio de todos los mexicanos.

Más aún, el desarrollo institucional, su vigencia, aceptación y fortaleza es el factor determinante para el desarrollo de una nación, incluyendo el factor económico y la superación de los desafíos fundamentales, como los que tenemos en México en seguridad pública, pobreza y rezagos sociales, gobernabilidad democrática y Estado de derecho y la necesidad de elevar nuestra competitividad y acelerar sostenidamente el crecimiento de todas las regiones.

Esta ecuación es documentada con suficiencia y contundencia en el ya clásico libro ¿Por qué fracasan los países? Los orígenes del poder, la prosperidad y la pobreza (2012), de Daron Acemoglu y James A. Robinson, economistas expertos en desarrollo comparado, investigadores del Instituto Tecnológico de Massachusetts y de la Universidad de Harvard y actualmente de la de Chicago, respectivamente.

El texto pone de relieve la relevancia de contar con instituciones económicas inclusivas, tanto en el Estado como en los mercados, como plataforma de incentivos y certidumbre, desde el cumplimiento de contratos hasta la seguridad física y patrimonial, para que las personas se asocien en proyectos comunes de todo tipo. Para invertir e innovar, con el soporte de un sistema de educación a la altura e infraestructura.

Una organización estable, bajo el principio democrático en el que las instituciones y leyes funcionen para la mayoría, con reglas claras, reduciendo hasta donde sea factible la arbitrariedad y la incertidumbre. Por eso valoran 300 años de relativa estabilidad política en un país como Estados Unidos, tanto como sus regímenes de propiedad industrial y regulación así como su sistema financiero.

Desde esa perspectiva, puede explicarse gran parte de las disparidades dramáticas entre países como las dos Coreas. Cultura, naturaleza y recursos similares; desarrollo institucional opuesto. Está clara la ruta que debe seguir México en este sentido, coherente con nuestra historia, con lo que hemos logrado en años y con lo mucho que aún hay por hacer, comenzando justamente por el fortalecimiento de nuestra arquitectura institucional, un ámbito que se construye día a día.

No hay que olvidar que, en el Índice de Competitividad Global del Foro Económico Mundial, tenemos los resultados más bajos en materia de instituciones, el primer pilar de los 12 que se computan. En la última clasificación, 2017-2018, ocupamos el sitio 123 entre 137 países en ese rubro, en contraste con el lugar 36 en Desarrollo del Mercado Financiero, 43 en Entorno Macroeconómico, 49 en Sofisticación en los Negocios y 56 en Innovación.

México necesita instituciones fuertes, eficientes y de calidad en todos los ámbitos. Para sostener procesos políticos que mantengan la cohesión social: democracia efectiva, como medio de representación efectiva y generación de acuerdos dentro de la pluralidad y la diversidad. Para garantizar la seguridad pública y la vigencia del Estado de derecho: reglas claras y perdurables, justicia al alcance de todos, con equidad y eficiencia.

Instituciones que aseguren los derechos fundamentales de todos ciudadanos, pero también la provisión de insumos necesarios para el progreso y la equidad: servicios de salud, previsión social y educación de calidad. Que promuevan un equilibrio eficiente de necesidades colectivas e individuales y que alienten la productividad, la competitividad y el crecimiento, junto con una regulación responsable.

Sólo las instituciones y las acciones que de ellas emanen lograrán acabar con el principal factor de descomposición social: la desigualdad entre ciudadanos. Se trata de un requisito indispensable para lograr que nuestra economía acceda a una dinámica de crecimiento anual de 4% o más, conservando la estabilidad macroeconómica como ha establecido desde el pasado día de la elección el próximo presidente de la República.

El principio institucional coadyuva en la implementación de las reformas de gran calado. Así ha sido desde luego en el caso de las Zonas Económicas Especiales, cuya nueva vida institucional está orientada a fomentar la inversión para relanzar el crecimiento regional y reducir brechas sociales tan abruptas como las que hoy dividen a México en diversos grados de desarrollo y de complejidad económica.

Desarrollo institucional es la construcción y consolidación de instituciones sólidas, lo mismo que toda la arquitectura jurídico-institucional que está detrás de la creación de las primeras siete Zonas Económicas Especiales de México.

Las Zonas Económicas Especiales han dado pasos hacia su consolidación, iniciando con la promulgación de la ley federal correspondiente hasta la publicación de los Lineamientos para el Otorgamiento de Permisos, Asignaciones y Autorizaciones, los cuales servirán para abrir la llave de las inversiones y la generación de empleos. La vía de las instituciones es un camino que nos debe beneficiar a todos, consolidando la visión y el proyecto de nación.

*Secretario ejecutivo de la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales.