La semana pasada, en el pleno del INAI resolvimos por unanimidad el RRA 0408/18 vs SEGOB-Fondo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, para que se informe sobre el número total de empresas contratadas para la implementación de medidas de prevención y protección a estos personajes, así como para que se transparente la versión pública de los contratos de prestación de servicios, en los que se reserve aquella información que pudiese hacer identificable al proveedor del servicio, a las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, o bien, las medidas específicas implementadas para su protección, lo cual me parece un tema de gran importancia.

A esta inquietud se sumaron en la semana dos factores más: la lectura que inicié del libro Periodismo Urgente. Manual de Investigación 3.0 de Ricardo Raphael, editado por el INAI y, segundo, el informe anual que rindió Ana Cristina Ruelas, directora regional de Artículo 19, en que se recuerdan lamentables homicidios de periodistas en México.

Por ser un problema cuya solución no puede relegarse más, decidí comentar la resolución de la Ponencia de mi compañera comisionada Areli Cano, y mencionar a David Kaye y Edison Lanza, relatores especiales sobre libertad de expresión para la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, respectivamente; que en diciembre del 2017 aseguraron que la violencia contra los periodistas en México ha sido una crisis por más de una década y que a pesar de que existen mecanismos de protección, la impunidad y la inseguridad continúan a lo largo del país.

Junto a esta referencia está el informe de Michel Forst, relator especial de la ONU sobre la situación de los defensores de Derechos Humanos, presentado ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, en el que destacó la violencia y la criminalización que enfrentan de manera sistemática los defensores de Derechos Humanos y periodistas, en particular las mujeres, e hizo un llamado para que nuestro país aplique el mecanismo nacional para apoyar a los defensores de derechos humanos que están en peligro, y para hacer de la protección de los defensores y el fin de la impunidad una prioridad nacional.

Al respecto, destaca que, entre el 2005 y el 2017 se registraron 20 periodistas desaparecidos y del 2006 al 2017 se tuvo conocimiento de 52 atentados a instalaciones de medios de información.

En el caso de las personas defensoras de derechos humanos, se tienen registrados 34 homicidios en el periodo comprendido entre el 2006 y el 2017, de los cuales 14 casos corresponden a mujeres, esto es, 40 por ciento.

En cuanto al marco del Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos, la CNDH ha registrado entre los años 2000 y 2017, un total de 130 homicidios de periodistas, de los cuales 13 corresponden a mujeres, es decir, 10 por ciento.

Es importante señalar que, en noviembre del 2012, el gobierno federal estableció el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que para diciembre del 2017 tenía registradas 527 solicitudes de incorporación al mismo, de las cuales 217 corresponden a personas defensoras y 310 a periodistas.

Estas cifras son muestra clara de la gravedad del tema, que lastima e indigna a nuestra sociedad; por ello, el Fondo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas debe rendir cuentas, conforme al principio de máxima publicidad, de las acciones que lleva a cabo el Estado para salvaguardar a un sector que se ve amenazado constantemente, lo que igualmente constituye una amenaza a la libertad de expresión.