En el Índice de Progreso Social, de entre 163 países considerados, México se sitúa en el lugar 62; somos un país con un nivel de desarrollo económico medio y de bienestar medio.

En los dos artículos anteriores he apuntado algunos elementos del arreglo institucional que actúan como una barrera al desarrollo económico: una regulación del mercado laboral que contienen un sesgo en contra de las empresas y el empleo formal y, por otra parte, un marco legal y regulatorio, en los tres niveles de gobierno, que es excesivo, notoriamente ineficiente y que da lugar a la búsqueda de rentas y que encarecen la movilidad sectorial y regional de recursos y el surgimiento y crecimiento de empresas formales, además de que inhiben la introducción de cambios tecnológicos en la producción, siendo que es la principal fuente de aumentos en la productividad factorial y del crecimiento económico.

Se publicó el Índice de Progreso Social 2020. Este se construye a partir de tres grandes agregados: A) necesidades humanas básicas (nutrición y cuidados médicos, vivienda y seguridad personal), B) fundamentos de bienestar (acceso a conocimientos básicos, acceso a información y comunicaciones, salud y bienestar y calidad medioambiental) y, C) oportunidades (derechos personales, libertad personal y de elección, inclusión y no discriminación y acceso a educación superior).

Se observa que en este Índice, que es una medición amplia de bienestar, está íntimamente ligada, y depende en gran medida, con el nivel de desarrollo económico. Los cinco países de mayor progreso social son Noruega, Dinamarca, Finlandia, Nueva Zelanda y Suecia, todos ellos con un nivel elevado de PIB por habitante. De entre 163 países considerados, México se sitúa en el lugar 62; somos un país con un nivel de desarrollo económico medio y de bienestar medio y es claro que mientras no se logre una dinámica de alto y sostenido crecimiento económico, los avances en el progreso social y en el bienestar de los mexicanos serán mínimos.

México, ¿cómo vamos? estimó, con los mismos indicadores, el Índice de Progreso Social 2020 para las 32 entidades federativas. De éstas, las cinco con un mayor puntaje fueron Nuevo León, Sinaloa, Yucatán, Coahuila y la Ciudad de México, mientras que los cinco con menor nivel de progreso social son Tabasco, Veracruz, Chiapas, Oaxaca y Guerrero. Como señalé, el bajo nivel de bienestar en estas entidades está explicado, en gran medida, por el bajo nivel de desarrollo económico y la muy elevada tasa de informalidad laboral.

Aunque el gobierno federal parece estar poniendo todo su empeño para que la economía no crezca a tasas más elevadas, mucho de lo que se puede lograr en el crecimiento y en el progreso y bienestar de la población depende de lo que hagan los gobiernos estatales y municipales. De entrada, tienen que abandonar su espíritu rentista y dotar a los agentes económicos, en sus respectivas jurisdicciones, de un marco regulatorio que promueva la inversión; imponer trabas regulatorias, además de ser una fuente de corrupción, va en contra del progreso económico y social. Y, en la misma línea, para promover la inversión es necesario que, en los poderes judiciales estatales, donde se dirimen la mayor parte de las controversias  en los contratos mercantiles, se garantice una impartición de justicia independiente, imparcial, eficiente y expedita.

A nivel municipal, además de la reingeniería regulatoria es su función proveer bienes y servicios públicos. El Índice de Progreso Social estatal indica que entre mayor sean estos, tanto en cantidad como en calidad, mayor tenderá a ser, por sí mismo, el bienestar de la población. Seguridad pública, calles pavimentadas, agua potable y drenaje, parques, centros comunitarios y deportivos todos ellos aumentan el capital social de las comunidades y el bienestar. Cuestan y de ahí que tienen que fortalecer las finanzas públicas locales y cobrar el impuesto predial y, además, toda la cadena del agua; es imperativo.

ikatz@eleconomista.com.mx

Isaac Katz

Economista y profesor

Punto de vista

Caballero de la Orden Nacional del Mérito de la República Francesa. Medalla al Mérito Profesional, Ex-ITAM.

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