Cuando una empresa farmacéutica registra una patente que le permitirá obtener ganancias exclusivas para continuar desarrollando una cura, para la diabetes o cáncer, existe una razón para defender la protección a la propiedad intelectual.

Sin embargo, ¿se puede defender con el mismo afán la cantidad de registros de patentes que se hacen por mejoras marginales a un producto, como el cambio de color en una píldora o la mínima modificación de un componente?

Otorgarle una extensión al monopolio que esta empresa disfruta por producir cambios menores equivale a una pérdida social; al no difundir este conocimiento, se pierde la oportunidad de saber si otros podrían copiar y mejorar la idea inicial.

El argumento para contar con un sistema de patentes y de protección a la propiedad intelectual se basa en el supuesto de que los beneficios de una innovación son difusos (repartiéndose a través de toda la sociedad), y por lo tanto crean un desincentivo a individuos y empresas para continuar desarrollando innovaciones.

Así, se busca que los costos en los que incurra el inventor le sean recompensados directamente, otorgándole un monopolio sobre las ganancias derivadas de la innovación por un periodo de tiempo determinado.

Resulta paradójico, pues, como lo expuso en una reciente visita a México Michele Boldrin, coautor de Against intellectual monopoly, que en ausencia de un sistema de protección a la propiedad intelectual restrictivo, se hayan logrado muchas de las mejores invenciones en la historia -en industrias como software, agricultura y mecánica- redituando una ganancia tanto para la sociedad como para el inventor.

He aquí el dilema fundamental que se presenta al contar con un sistema de patentes: éstas inhiben y fomentan simultáneamente la innovación. Por un lado, promueven el crecimiento y la creación de valor. Por otro, reducen la competencia, aumentan los precios y limitan el acceso. México cuenta, desde hace dos décadas, con una Ley de Propiedad Industrial que contiene conceptos definidos bajo prácticas internacionales adecuadas. El debate sobre la misma ha girado en torno de fortalecer su aplicación para promover el desarrollo : sin protección adecuada, la innovación en el país se rezagará llevándose consigo la inversión.

Actualmente, se discuten varias iniciativas de ley que apuntan a restringir el marco legal que rige la protección a la propiedad industrial e intelectual. Por un lado, una coalición de creadores artísticos y culturales han presentado una propuesta ante el Congreso que sugiere expandir los derechos de autor a Internet. Por el otro, la industria de investigación farmacéutica reacciona ante una posible relajación del marco legal argumentando que de no respetarse la protección a la propiedad intelectual, la innovación y la inversión extranjera disminuirán en México.

Los primeros argumentan que está en riesgo la producción cultural en México -declarado por las Naciones Unidas, en el 2008, como el sexto mayor exportador de cultura al mundo. Lo que no explican es que la prolífica producción cultural en México se ha dado aun cuando no existía un régimen de protección a la propiedad intelectual en el país.

Los segundos responden a la demanda de algunas farmacéuticas nacionales, las cuales argumentan que los registros de patentes por cambios marginales están impidiendo un avance que para México es particularmente importante, dado su nivel de desarrollo, en la producción de genéricos.

Los legisladores tendrán que enfrentar ante esta coyuntura el dilema entre la búsqueda de protección a la propiedad que fomente la innovación y el crecimiento, y aquella cuyo propósito es obtener mayores rentas monopólicas que limitarían la competencia y por lo tanto el acceso a mejoras necesarias para la sociedad.

* Investigadora del Centro de Investigación para el Desarrollo, AC (CIDAC)

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