Como respuesta a las señales imprecisas que el gobierno ha dado con relación a la crisis de salud y económica que vivimos, la gente salió a las calles al encuentro con la “nueva realidad”. Que no es otra cosa que lo mismo de antes: desempleo, falta de dinero, aumento de casos y muerte por Covid y una inseguridad terrible, eso sí con cubrebocas todos. La lucha por extraer el dinero de la única parte de la población realmente productiva va a ser encarnizada. Las grandes empresas explotan una concesión del Estado para proveer ciertos servicios, bastante malos, por cierto. Telcel, América Móvil, Sky, Totalplay, VeTV, Telmex-Infinitum, Movistar, entre otros. A pesar de que han hecho su agosto con la pandemia, no hemos visto ni una sola muestra de solidaridad para con los mexicanos, sobre todo las clases medias que utilizan mayoritariamente los servicios de paga de entretenimiento e Internet. Por el mal servicio que pagamos, producto de los oligopolios tanto televisivos como de telefonía móvil e Internet, todos siguen esperando canales adicionales, tiempo adicional de llamadas o mayores megas, temporalmente desde luego, pues el sector privado no está para regalar indefinidamente. ¿Cómo le sentaría a la clase media la condonación de un mes o dos de los servicios de Internet o televisión de paga? Esa magnanimidad no la tienen las empresas que explotan las concesiones del Estado mexicano; en otros países tal vez sí, la razón: porque compiten entre sí, los consumidores tienen mucha fuerza y existe un Estado fuerte que les pone límites. Durante el confinamiento, todo México ha sido testigo de los cobros por teléfono, correo y hasta despachos por los servicios, aun sin retraso; la idea es sacar el cobro lo antes posible antes de que la situación económica empeore; “a ver quién cobra al último”, es la frase que pareciera permear en los grandes oligopolios mexicanos.

El gobierno no se queda atrás en este saqueo a las clases productivas. El momento de dolor, incertidumbre y muerte que vive México no ha servido para detener las ansias de los gobiernos por seguir exprimiendo a médicos, dentistas, arquitectos, empresas medianas y chicas, profesores universitarios tanto de escuelas públicas como privadas y mujeres que trabajan por su cuenta, como las corredoras de bienes raíces o maestras de inglés, matemáticas o yoga. Lo mismo ocurre con las personas que tienen un auto que no son ricos, son millones de mexicanos de todas las clases, que alcanzan a tener un vehículo para transportarse, por cierto, a trabajar. ¿Cuánto ayudaría a la clase media que, por este año excepcional, se condonara la tenencia y verificación vehicular? Nadie da su brazo a torcer, todos esperan que el gobierno del presidente López Obrador abra la cartera y dé a todos. El gobierno federal puede y debe hacer mucho más para proteger las fuentes de empleo, no lo ha hecho aún, pero los gobiernos estatales y la CDMX tampoco. El monopolio eléctrico es otro ejemplo. El consumo de luz en las empresas medianas y pequeñas, así como en los hogares de familias de clases medias particularmente, en donde el jefe de familia es una mujer han aumentado, producto de la pandemia. Como en muchos países del mundo, todas estas personas deberían de ser exentadas del pago de al menos dos bimestres de luz, si no es que por el resto del año. Pero el monopolio estatal también se niega a ayudar; por el contrario, la idea es seguir exprimiendo a las clases medias hasta que la gallina de los huevos de oro reviente.

Carlos Alberto Martínez

Doctor en Desarrollo Económico y Derecho

AUCTORITAS

Profesor en la Universidad Panamericana, Ibero y TEC de Monterrey. Ha trabajado en el Banco de México, la Secretaria de Hacienda, la presidencia de la República y en Washington, DC. Actualmente estudia el doctorado en Filosofía con investigaciones en el campo de la ética y la economía. Autor de libros en historia económica, regulación financiera y políticas públicas