La reforma judicial aprobada en sede constitucional y que avanza firmemente en sus leyes secundarias se pensó con el propósito de impulsar un cambio profundo para transformar al PJF. Lo que parecía un ramal de agua purificada con una fuerza capaz de limpiar todas aquellas prácticas negativas que habían logrado echar raíces, terminó por contaminarse con unas gotas de veneno que buscaron ampliar el mandato constitucionalmente establecido para el presidente de la SCJN y los consejeros del CJF.

Ni qué decir tiene que dichos albazos legislativos enrarecieron el clima político y preocuparon a la familia judicial, repercutiendo sobre las bondades de la reforma, aumentando las resistencias y minando la capacidad de acción de quienes habrían de materializarla.

Es de reconocer, en este sentido, el talante del Ministro Zaldivar, quien acaba de anunciar que con independencia de lo que se decida en la consulta a trámite y en las acciones de inconstitucionalidad en las que se busca controvertir dicha ampliación, él no permanecerá en la presidencia más allá del periodo constitucional de 4 años.

El posicionamiento es relevante desde el punto de vista jurídico, pero muy trascedente desde el político, no sólo porque deja entrever que muy posiblemente Zaldivar sí participe en la discusión y votación de dichos asuntos, y que su voto será por la inconstitucionalidad de la ampliación, en concordancia con lo que ha sostenido en casos similares, sino porque sus palabras forzarán una definición anticipada de las y los consejeros de la judicatura, que tendría que darse en un sentido similar si lo que se busca es que las aguas judiciales regresen a una nueva normalidad, para propiciar una renovada cohesión interna que permita comprometer a toda la familia judicial en la concretización de los cambios.

Para que el PJF regrese a esa nueva normalidad, aún queda por resolver el conflicto al interior del TEPJF, que hoy se mantiene con dos presidencias. Ante ello, el ministro Zaldivar fue contundente al subrayar que no existen condiciones para que el magistrado Vargas siga en el cargo, señalando que éste debería dar un paso al lado para que el Tribunal regrese al canal de la institucionalidad. Vargas, en consecuencia, ha perdido la confianza de sus pares y del titular de la SCJN, que es al mismo tiempo del CJF y de todo el PJF.

Sin embargo, los pasos que siguen deberán ser muy cuidadosos para que el regreso a la normalidad en el TEPJF convoque también a dejar de lado las tensiones internas que llegaron al límite y repercutieron en las 7 salas del Tribunal por la atípica personalidad de quien, a la sazón, será el 11º. presidente de esta institución a lo largo de su historia.

En este sentido, lo primero que hay que tener en cuenta es qué hacer con el precedente de la destitución, porque si ésta se permite se regresará más rápidamente a la normalidad pero se dejará un incentivo perverso que en el futuro expondrá aún más al tribunal a los volubles arbitrios de sus integrantes. La intervención de la SCJN es esencial para mediar institucionalmente en el conflicto, o bien para devolver al cargo a Vargas, si y solo si éste se compromete a convocar inmediatamente a una sesión pública en la que presente su renuncia y se proceda a la designación de una nueva persona titular de la presidencia.

Es verdad que el camino trazado por los cinco magistrados que removieron a Vargas se dio dentro de un contexto insoportable, que no podía prolongarse más tiempo, empleando in extremis las reglas sobre las ausencias, la convocatoria a sesiones, el quórum, la magistratura decana, para reivindicar el derecho y la responsabilidad que tienen, de conformidad con el artículo 99 constitucional, de elegir al presidente de la Sala Superior.

Sin embargo, la inédita existencia de dos presidencias conduce a dejar de lado las posiciones inamovibles para buscar una salida de conjunto que logre dar viabilidad a una presidencia reconocida por todos sus integrantes, que garantice la gobernabilidad interior, la sensata conducción administrativa y jurisdiccional, y un prudente liderazgo institucional que transmita mesura para que paulatinamente se generen las condiciones para recuperar una confianza perdida frente a los actores políticos y la ciudadanía.

En este contexto, es muy importante la intervención de la SCJN, es fundamental el comportamiento individual de las 7 magistraturas electorales, pero será definitorio el talante con el que los magistrados Vargas y Reyes asuman el papel con el que serán recodados en esta crisis institucional. Esperemos que estén a la altura.

rrg