México es un país minero por excelencia y productor importante de metales preciosos a escala global. Sin duda la minería es un sector económico estratégico, cuya viabilidad ambiental y social, así como su competitividad deben ser prioridad nacional y objeto privilegiado de políticas públicas eficaces para su desarrollo sostenible. Nuestro país ocupa el lugar número 13 en el mundo por valor de la producción minera. Es el primer productor de plata a nivel mundial, y se ubica entre los 10 principales productores de otros minerales como bismuto, fluorita, cadmio, molibdeno, plomo, zinc, oro y cobre. De la producción minera, 60% corresponde a empresas nacionales, mientras que 40% a empresas extranjeras. Cabe destacar que en los últimos años la Inversión Extranjera Directa en actividades mineras ha crecido en forma significativa. Actualmente, la minería es el tercer sector en atracción de Inversión Extranjera Directa en México, con 10% del total aproximadamente, sólo precedida por la manufactura y los servicios financieros. Cerca de 70% proviene de Canadá. El sector minero-metalúrgico contribuye con 4% del PIB nacional.

Sin embargo, crecientemente, la actividad minera es objeto de un profundo escrutinio crítico y de oposición derivada de diversos impactos, problemas y riesgos ambientales, así como de tensiones con comunidades locales. Desafortunadamente, y a pesar de todo lo que está en juego (ecosistemas, recursos hídricos, cambio climático, inversión, empleo, exportaciones, crecimiento económico), los gobiernos en México han carecido de una estrategia integrada de política industrial y ambiental para el sector minero. Las operaciones mineras son particularmente aparatosas e impactantes del medio ambiente, y plantean riesgos considerables, tanto en sus modalidades subterráneas como en tajos o a cielo abierto. Esto, ya que distintas actividades de minería metálica implican extracción del mineral por medios mecánicos a gran escala y explosivos, sistemas masivos de separación de las rocas mineralizadas, procesos de trituración y molienda del mineral, y grandes instalaciones o pilas de lixiviación o flotación y concentración con sustancias de alto riesgo como cianuros y ácido sulfúrico. Por supuesto, también destacan grandes presas donde se depositan los materiales residuales (presas de jales) con una elevada presencia de sulfuros y compuestos cianurados, que pueden representar pasivos y riesgos incluso catastróficos en caso de ruptura, como ha ocurrido en Brasil, España, China, y México (recordemos el infausto accidente en el río Sonora hace algunos años), entre otros muchos casos. Lo anterior, sin contar con los procesos de beneficio y fundición de metales que pueden significar considerables impactos ambientales por emisiones contaminantes de alta toxicidad a la atmósfera. Sobre todo, en la minería de tajo o a cielo abierto, hay que destacar problemas inherentes de alteración del paisaje y de perfiles hidrológicos, sedimentación, generación de volúmenes astronómicos de residuos y de escombros, remoción de suelos y capas vegetales, impacto a la biodiversidad y al paisaje, modificación del relieve, impacto visual, alteración de la dinámica de los procesos de ladera, peligros geotécnicos (afectación a los niveles freáticos) y alteraciones de propiedades físicas y químicas del suelo. Ello, además del problema de los riesgos ubicuos de efluentes y lixiviados ácidos (drenaje ácido de minerales) y metales pesados sobre suelos, aguas subterráneas, y cuencas hidrográficas. Algo importante y específico de la minería metálica son sus consecuencias a muy largo plazo por presas de jales y efluentes ácidos que permanecen durante muy largos periodos, y que exigen una rigurosa planificación del cierre de minas, así como supervisión y gestión de legados ambientales con un muy amplio horizonte temporal. No obstante, no existen los andamiajes institucionales y regulatorios para asegurarlo, ante el cambio en operadores o propietarios de las minas, desaparición de empresas, o simple abandono de las instalaciones mineras al final de su vida útil.

Es obvio que la industria minera opera en un clima de alta vulnerabilidad y visibilidad ambiental, social, política y mediática, lo que exige cada vez más una adaptación exitosa a cambios en valores sociales y expectativas públicas con respecto al comportamiento de las empresas. Los riesgos ambientales percibidos en las operaciones mineras determinan su viabilidad social y política, así como los costos de capital y la capacidad de generar valor a largo plazo. Por esas razones, y dado el enorme potencial minero de México, así como la gran relevancia económica del sector, es indispensable que el gobierno, a través de la Semarnat plantee una política de sustentabilidad y competitividad de la industria minera mexicana, que incluya tanto a las grandes empresas mineras, como a las medianas y pequeñas. Esto, a través de un ordenamiento ecológico territorial para la industria minera, auditorías y mecanismos de cumplimiento estricto de la normatividad, nuevas normas y regulaciones ambientales, sistemas de manejo ambiental y minimización de riesgos, esquemas de política ambiental corporativa, planes de manejo y documentación, certificación de operaciones mineras, y atención a legados y riesgos ambientales.

Gabriel Quadri de la Torre

Ingeniero Civil y Economista

Verde en Serio

Político, ecologista liberal e investigador mexicano, ha fungido como funcionario público y activista en el sector privado. Fue candidato del partido Nueva Alianza a Presidente de México en las elecciones de 2012.