Militarismo y mentira institucional-izada

La mentira se institucionaliza cuando las instituciones mienten o cuando defienden la mentira. El caso de la desaparición de 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa en 2014 no ha logrado esclarecerse por la muralla de mentiras y silencio que se ha tejido desde los gobiernos, federal, estatal y local, en los últimos dos sexenios. No podemos saber la verdad de los hechos porque la información que permitiría hacerlo se ha negado cada vez que la investigación se acerca a un conjunto de actores clave, en particular las fuerzas armadas.

En  su sexto y último informe, presentado en conferencia de prensa el martes pasado, los dos últimos integrantes del Grupo Internacional de Expertos Independientes (GIEI) que, pese a la opacidad adversa al avance de la pesquisa, permanecieron en México para impulsar la investigación, dieron a conocer algunos nuevos hallazgos y confirmaron una vez más la falsedad de la “verdad histórica”, el uso sistemático de la tortura y el “control de la mentira” en  la investigación oficial,  y la terca negación de SEDENA a acercarles la información necesaria para documentar con precisión el involucramiento de integrantes de las fuerzas armadas en la retención, desaparición y probable asesinato de los normalistas.

Entre otros hallazgos, informaron que hay indicios de que los estudiantes fueron divididos en grupos, algunos llevados a barandillas, maltratados y desaparecidos, once llevados hacia Chilpancingo, otros hacia Taxco, lo que destruye la mentira del basurero. Si bien la información analizada les permitió corroborar que diversos cuerpos militares supieron de esta operación criminal (y participaron o no), y sustentar las detenciones del año pasado, la negativa militar a aportar toda la información necesaria les hizo “imposible continuar con [su] trabajo” (y contribuir a la judicialización que conduciría al castigo a los responsables – si la FGR actuara como debiera).

Si ya es deplorable que las fuerzas armadas pretendan eludir las posibles responsabilidades de sus integrantes ocultando o manipulando información, en vez de colaborar al esclarecimiento de un crimen atroz como la desaparición forzada, pese a la orden del propio presidente de hacerlo, resulta igual o más preocupante que, ante el cuestionamiento acerca de esta desobediencia al jefe de las FFAA, éste las defienda y acuse al GIEI, a las ONGs y medios críticos de armar una “campaña” contra su gobierno.

Sabemos que el presidente “olvidó” su promesa de devolver el ejército a los cuarteles  y que, en  cambio, ha impulsado un militarismo imparable que ya deriva en militarización de la vida nacional. Al atacar al GIEI y a quienes han buscado justicia durante casi 9 años, confirma que no le importa la ley y que la justicia es para él palabra hueca. La usó como estandarte contra el gobierno de EPN al grado de exigir la renuncia de éste. Ahora que debería defender los derechos humanos y la justicia con la fuerza del Estado que él encabeza, usa el aparato oficial para denostar a expertos respetables que, con dedicación y experiencia, buscaron verdad y Justicia; condena a los padres y madres de Ayotzinapa a seguir sufriendo y pasa por alto el desacato militar a sus órdenes.

No contento con defender a un cuerpo que se niega a rendir cuentas, aun cuando se investiga su posible colusión con redes criminales, el gobierno difunde en redes sociales la patraña de que ningún gobierno ¡en el mundo! ha llevado, como él, a militares y un procurador ante la justicia. ¿Y los juicios a las juntas del Cono Sur?

El presidente corre un alto riesgo al tolerar la negativa de las FFAA a contribuir a la Justicia. La desaparición forzada es un delito imprescriptible; la omisión y colusión para mantenerla en la impunidad implican responsabilidades. Nosotros, sociedad civil, corremos un riesgo mayor si toleramos la defensa presidencial de unas FFAA escudadas en la opacidad y no exigimos que este caso se esclarezca y se haga Justicia.