Cada nuevo proyecto hidroeléctrico desata conflictos sociales y controversias ambientales. Esto es lamentable y sugiere fallas profundas de estrategia, planeación y decisión, operación política, jurídica y de campo, y de análisis de impactos a los ecosistemas. Sin embargo, tanto los compromisos internacionales de cambio climático como la Ley de Transición Energética nos obligan a una proporción cada vez más alta de energía limpia. Las opciones eólica y solar, por su carácter intermitente y bajo factor de planta, pueden ser insuficientes: sólo producen energía entre 30 y 40% del tiempo en el primer caso, y menos de 20%, en el segundo.

Las plantas hidroeléctricas generan 13% de la electricidad total del país y representan 19% de la capacidad instalada. De esa capacidad, 80% se concentra sólo en cuatro ríos: Balsas, Grijalva, Santiago y Papaloapan. El resto de las energías limpias (geotérmica, eólica, solar, nuclear) contribuye con otro 10% a la oferta eléctrica nacional. En pocas palabras, la expansión de fuentes limpias o renovables que debe llevarse a cabo en los próximos lustros es formidable, además de que el sistema eléctrico exige opciones firmes o de base, capaces de generar de inmediato en horas pico o todo el tiempo, y compensar o amortiguar la intermitencia de las energías eólica y solar. Sin un desarrollo masivo (muy improbable) de energía nuclear, la única opción confiable es la hidroelectricidad, que por otro lado otorga un interesante premio adicional: las presas pueden adaptarse como sistemas reversibles de almacenamiento de energía a través de re-bombeo de agua al embalse cuando hay excedentes generados por fuentes eólicas y solares.

Además la hidroelectricidad es versátil y adaptable a distintas condiciones fisiográficas, ecológicas y de operación, y a las necesidades del sistema eléctrico, como energía distribuida, y puede ser eficiente en términos de potencia relativa a la superficie del embalse (W/m2). Una modalidad indispensable son las grandes centrales hidroeléctricas (digamos, mayores a 200 MW); otra, son las plantas al filo del agua (sin embalse), generalmente de capacidad menor; una opción más son las minicentrales con embalses pequeños, y también las plantas hidroeléctricas con turbinas sumergidas en el cauce del río.

Obviamente, los impactos ambientales varían con el tipo de central hidroeléctrica y de acuerdo con cada región o cuenca, así como con la naturaleza de cada río, tipo de ecosistemas y usos de la tierra prevalecientes. Un impacto potencial relevante de las presas es la retención de sedimentos que puede afectar la estabilidad de la costa en la desembocadura de los ríos y la integridad de ecosistemas costeros. Destacan igualmente la inundación de áreas más o menos considerables; alteración del régimen natural de escurrimiento; bloqueo a especies de hábitat fluviales, y deforestación por caminos de acceso. En su caso, también es compleja la reubicación de pequeños asentamientos humanos afectados. No obstante, hoy en día hay tecnologías e ingeniería para mitigar o evitar posibles consecuencias negativas, como descargas de fondo y bypass, para sedimentos en las presas, o sistemas de trasvase y, presas de cambio de régimen para conservar el escurrimiento natural del río. En la evaluación económico-financiera de los proyectos hidroeléctricos, habrá que considerar estos costos adicionales de inversión y operación, pero también remuneraciones o ingresos más allá del precio de la electricidad por MW/H; esto es, pagos por capacidad firme y por servicios de estabilización para la red ante la intermitencia de otras fuentes de energía renovable. También deben incluirse ingresos derivados de los certificados de energía limpia. Así podría garantizarse su viabilidad económica y competitividad.

Claramente, es ineludible contar con un Libro Blanco nacional de desarrollo hidroeléctrico, que integre todas las consideraciones necesarias de política climática y energética, social, y por supuesto, ambiental.