En semanas recientes se conoció una lista de decenas de empresas a las que les condonaron impuestos durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

Durante el 2007 y el 2018, las empresas recibieron beneficios equivalentes a 400,000 millones de pesos, de los que más de la mitad (54%) se concentraron en 108 contribuyentes.

Los nombres de las empresas son parte de un reporte que elaboró el SAT, a partir de juicios de amparo que impugnaron las empresas para evitar que su nombre y el monto del beneficio conseguido salieran a la luz pública. ¡Demasiado tarde! El periódico Reforma obtuvo el reporte y difundió la lista de empresas.

Al revisar los nombres, es fácil darse cuenta que muchas, la mayoría, son empresas mexicanas.

Ahí están América Móvil, Banorte, Cablevisión, Chedraui, Club América, Club Necaxa, Farmacias del Ahorro, Gruma, Grupo Carso, Grupo Herdez, Grupo Industrial Saltillo, Inbursa, Industrias Peñoles, Liverpool, Minera México, Palacio de Hierro, Televisa, entre otras.

Esto se puede explicar de muchas maneras, pero la responsabilidad social nos da una pista difícil de debatir. Y es que en la lista también hay muchas empresas, la mayoría, que dicen ser socialmente responsables.

Cuando se trata de cumplimiento, en este caso fiscal, las multinacionales llevan la delantera y establecen parámetros más altos para su operación. Si bien no es una regla general, podemos asegurar que en términos generales así sucede, dejando a las empresas mexicanas a la zaga.

Si bien no estamos hablando de que las empresas implicadas habrían caído en ilegalidad, pues desde el mismo gobierno se permitió la condonación, un nivel más alto de cumplimiento debería evitar que una empresa busque y acceda a estos beneficios.

¿Cuál es la lección que esta situación deja a las empresas mexicanas? ¿Sobre todo a las que quieren decirse “socialmente responsables”?

En primer lugar, que deben llevar sus niveles de cumplimiento fiscal hacia los estándares de mejores prácticas a nivel global. Puede ser muy fácil caer en el juego de “no pasa nada”, sobre todo cuando se cuenta con el favor del gobierno. Sin embargo, ¿por qué las empresas interpusieron amparos para que sus nombres y beneficios obtenidos no salieran a la luz?

Por decir lo menos, les daba penita quedar como las favorecidas de un beneficio que no se explica y que se alcanza en lo oscurito, por mucho que no se trate de nada ilegal.

La responsabilidad social asumida por estas empresas en materia fiscal esta vez las puso en aprietos. Cumplieron al mínimo necesario y quedaron en evidencia. No hubo un lineamiento que les dictara ir más allá y elevar sus estándares de operación.

La ley es ese piso que hay que cumplir, pero cualquier empresa que se diga socialmente responsable debe entender que no puede quedarse ahí.

Urge que las empresas mexicanas emulen las mejores prácticas en materia de cumplimiento fiscal, entendiendo el valor que esto tiene para su gestión de riesgos actualmente.

Además, no olvidemos las señales que ha dado el actual gobierno federal a las empresas, las cuales han apuntado en términos generales a destacar la responsabilidad que tienen con la sociedad. Sólo entendiendo esto, las empresas nacionales verán el verdadero valor de trascender el cumplimiento legal, y no sólo en el ámbito fiscal, sino en todos los asuntos que les competen a su operación, detonando el verdadero potencial que pueden lograr como empresas socialmente responsables.

*Director general de Expok, agencia de asesoría y comunicación en responsabilidad social y sustentabilidad.

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