El Ejecutivo propone, el Legislativo dispone... ¿y el Judicial? A empellones, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación procuran mejorar su presencia, en la opinión pública. Mediciones recientes revelan que los juzgadores se ubican debajo de la media, en el apartado sobre confianza en las instituciones (Encuesta Nacional en Vivienda de Parametría, agosto del 2015): actualmente no gozan de gran reconocimiento entre la población.

Queda un mes para el cierre de este año y en ambas salas de la SCJN habrá de desahogarse asuntos de alto impacto. Allí está, por ejemplo, el amparo interpuesto por la activista Luz Elena Aguilar Zinser y el abogado Fabián Aguinaco, quienes reclamaron por la degradación del Nevado de Toluca de parque nacional a área natural protegida.

Asuntos más graves captarán la atención mediática. El litigio que limitaría las facultades del INAI resulta además peligroso. En el origen de esta polémica, la decisión de los comisionados del órgano garante del acceso a la información y la protección de datos personales, de divulgar una versión pública de la averiguación previa de los homicidios de migrantes cometidos en San Fernando, Tamaulipas, aun estando la investigación judicial en curso.

El pleno del INAI aplicó la excepción de reserva de averiguaciones previas prevista en el artículo 14 de la Ley Federal para la Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental por considerar que se trata de una investigación sobre violaciones graves a derechos fundamentales y sin que esta decisión significara de modo alguno que estuviera prejuzgando o determinado sobre quiénes son los responsables y si se configuró o no el tipo penal.

La difusión del contenido de las investigaciones en curso y la integridad de los expedientes se volvió un asunto de alto impacto en este sexenio, a partir de casos que involucran la actuación de las Fuerzas Armadas. En el cúmulo de asuntos enlistados para la sesión que tendrá lugar este mediodía, la ponencia del ministro Eduardo Medina-Mora propone a los integrantes de la segunda sala determinar si ejercen la facultad de atracción para conocer de un amparo en revisión tramitado por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. El desahogo de este asunto inevitablemente los llevará a pronunciarse sobre las competencias del INAI para declarar el interés público de la información.

El Artículo 6º constitucional confiere al órgano autónomo facultades para conocer asuntos relacionados con el acceso a la información pública y la protección de datos personales de cualquier autoridad, entidad, órgano u organismo del Estado mexicano, así como de cualquier persona física, moral o sindicatos que reciban y ejerzan recursos públicos o realicen actos de autoridad en el ámbito federal, con excepción de aquellos asuntos jurisdiccionales que correspondan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cuyo caso resolverá un comité integrado por tres ministros.

La misma norma también atribuye a los jueces de distrito la potestad de determinar sobre la publicidad de la información. La limitación al INAI en ciernes estaría vinculada a casos de graves violaciones a los derechos humanos, como San Fernando, Tlatlaya y Apatzingán.

La interpretación del principio de progresividad, en la última instancia. Y es que los comisionados del órgano garante del acceso a la información pueden determinar a primera vista hasta ahora si un caso concreto se ubica en el supuesto de excepción que permite divulgar información relacionada con violaciones graves de derechos humanos o delitos de lesa humanidad.

De conformidad con la legislación vigente, los comisionados del INAI están obligados a interpretaciones objetivas y bajo parámetros preestablecidos. Pero un sector de los juzgadores atentos a las quejas de mandos castrenses de la procuración de justicia está a favor de restringir esas facultades ante el riesgo de que pudieran ejercerse de forma arbitraria.

El fundamento esgrimido por los integrantes del pleno del INAI está en el último párrafo del artículo 14 de la Ley Federal para la Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos, que sin mayor trámite exceptúa de reserva los expedientes que impliquen violaciones graves a derechos humanos en cualquier tipo de investigaciones. La referencia es genérica, y no sólo se centra en averiguaciones previas.

Y no se prevé como requisito para exceptuar de reserva a una averiguación previa en la que se adviertan violaciones graves de derechos humanos, que un tribunal u organismo nacional o internacional califique previamente como graves tales violaciones a derechos fundamentales.

De conformidad con los artículos 6º y 37, fracción I de esa ley, corresponde al INAI interpretar la ley en materia de acceso a la información, para lo cual deberá favorecer el principio de máxima publicidad y disponibilidad de la información en posesión de los sujetos obligados.

Adicionalmente están las reformas constitucionales en materia de derechos humanos publicadas en el Diario Oficial de la Federación, el 10 de junio del 2011, las cuales mandatan, en particular a través del Artículo 1º constitucional, que todas las autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias deben promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, considerando los contenidos previstos en la propia Constitución y en los tratados internacionales, para lo cual deberán interpretar estas normas de manera integral y armónica considerando el principio pro persona.

Si el INAI no tiene la facultad para declarar al interés público de información de violaciones graves a derechos humanos, entonces el recurso de revisión se convierte en un recurso inefectivo. Y esto es una violación al artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

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