Resulta imposible no referirse al desatino que tuvo la mayoría morenista en la Cámara de Senadores, con la aprobación de un Artículo transitorio, que alarga el periodo de los consejeros de la judicatura y del Presidente de la Corte, Arturo Zaldívar. En el caso de los Consejeros por un año y en el caso del presidente por dos. El transitorio es a todas luces inconstitucional. Ya lo han dicho toda clase de expertos y juristas. Es inconstitucional porque viola expresamente una disposición Constitucional, la del artículo 97, que establece con toda claridad que el Presidente de la Corte durará en su encargo 4 años y no podrá reelegirse para el período siguiente. Respecto de los Consejeros de la Judicatura aplica para cada 5 años.

Lo dicho arriba sería suficientemente grave, ya que los senadores y el Presidente de la Corte juraron cumplir y hacer cumplir la Carta Magna y las leyes que de ella emanen. Pero hay dos o tres cosas que me preocupan en añadido. La primera es la del procedimiento, pues a todas luces y por lo manifestado por los senadores de oposición, este fue un albazo legislativo que no se aprobó en comisiones, ni se acordó entre las fracciones legislativas. No venía en la versión original circulada y a los legisladores sólo les permitió votar en una ronda cuando la práctica es que debe ser en dos. En fin, una cosa planeada y artera.

Seguidamente, la intromisión del poder legislativo en la vida de otro poder y no sobre cualquier cosa, sino sobre quien lo preside. Si el legislativo puede invadir facultades cuando lo considere viable a través de una ley, porque no invadir facultades del Ejecutivo y arrogarse facultades que el constituyente permanente no le ha otorgado. Y centralmente la facultad expresa es que el Presidente de la Corte ha de ser electo por el pleno, así que alargar el período del Presidente y de los Consejeros, es una invasión indebida en este contexto.

En un sistema de división de poderes como el nuestro, ningún poder puede estar por encima de otro. Con esta acción el Poder Legislativo se está colocando factualmente por encima de los otros dos poderes. Y, que yo sepa el Congreso de la Nación no tiene facultades expresas o surgidas de interpretación alguna para alargar o acortar el período de la presidencia de la Corte.

En muchos sentidos, podría considerarse a esta modificación a través del transitorio decimotercero de las reformas al poder judicial como un golpe de Estado. Parece legal, pero carece de todo sustento o soporte jurídico.

Ante todas estas evidencias, resulta por lo menos de llamar la atención el silencio de la propia Corte. Ya no digamos del presidente, que estaría obligado, pero también de los demás ministros. Los salva el hecho de que temiendo que se presentará una acción de inconstitucionalidad, los ministros no pueden dar su opinión previa sobre un asunto que estarían por juzgar o resolver.

Lo más grave, sin embargo, es que sienta un precedente. Si es posible alargar (y en todo caso acortar el periodo de un Presidente de cualquiera de los poderes) por qué no alargar el periodo del Presidente de la República. El asunto no es una broma, ni una intentona graciosa, es desde mi punto de vista un atentado muy serio a la vida democrática, institucional y política de nuestro país. Nada menos, pero nada más tampoco. Y es muy grave.

Miguel González Compeán

Abogado, politólogo y economista

Columna invitada

Ensayista e interesado en temas legales y de justicia. actualmente profesor de la facultad de derecho de la UNAM.

Lee más de este autor