Conforme avance el proceso electoral, los candidatos a la presidencia tendrán que defender a capa y espada en cualquier espacio su proyecto económico, y con ello los cambios que van a proponer y realizar desde su primer día de gestión, la finalidad sin duda será que todo eso se deje sentir en los bolsillos de todos los mexicanos. Pero por qué le decimos todo esto, porque dentro de su plan nacional de desarrollo tienen que analizar seriamente dar origen a la Fiscalía del Consumidor que ya es realidad en otros países, porque si bien hoy tenemos un organismo público descentralizado y sectorizado de la Secretaría de Economía, esta oficina continúa sirviendo como trampolín político, casos innumerables hay muchos, tan sólo en la gestión del presidente Enrique Peña Nieto, ha habido seis relevos en el puesto, algunos de ellos siguen viviendo del erario.

De darse la fiscalía se le daría origen a quien verdaderamente vele por derechos legítimos de quienes hoy adquirimos un producto o servicio.

Hoy lo que fue creado para promover y proteger los derechos del consumidor y procurar la equidad y seguridad jurídica está muy lejano de ser realidad. Tan sólo una prueba de lo que hoy mal funciona lo han vivido las Unidades de Verificación Acreditadas (UVA) que prestan sus servicios para la verificación de diversos instrumentos de medición como básculas, taxímetros y bombas despachadoras de gasolina, ya que recientemente la Profeco decidió incrementar en 20% el costo de los hologramas de verificación.

Esta calcomanía es sin duda un eslabón clave para que las UVA puedan operar en el país, y con el incremento en el costo más de uno se verá seriamente afectado. Lo que más llama la atención es que no se sabe adónde irá a parar ese recurso, pues según cotizaciones de los propios empresarios el costo de producción de los hologramas con todos los elementos de seguridad es de alrededor de 5 pesos.  Por esta razón, más de una centena de personas se manifestarán el día de hoy a las afueras de la Profeco para hacer presentes sus denuncias que lejos de incentivar la sana competencia permiten que la propia autoridad les quite clientes, incluso con la firma de convenios “de colaboración” como el que se firmó con el municipio de Salamanca, en Guanajuato, dónde sólo esta procuraduría puede realizar las verificaciones.

Negocio de diputado

Aunque usted no lo crea, un diputado local morelense, de nombre Faustino Javier Estrada González, construyó y opera en Cuernavaca un colegio privado de nombre “Universidad Guízar y Valencia”; lo anterior sobre terrenos que no son suyos. Desde el 2014, el legislador del Partido Verde tramitó diversos permisos de construcción, operación e incluso licencias de uso de suelo para la regularización de su universidad; que fueron gestionados a sabiendas de que los terrenos ubicados en la colonia Acapatzingo de la ciudad de la “eterna primavera” son en realidad pertenecientes a un fideicomiso administrado por banco, en el cual las únicas beneficiarias son Karina Inger y Elise Kathryn Estrada, ambas primas del citado político, quienes residen en Estados Unidos de América y, al parecer, se han visto ya despojadas de su propiedad.

Un grupo de abogados se encuentra ya ejerciendo todas las acciones legales para conseguir su restitución. Veremos ahora si Estrada González intenta aferrarse al negocio que, aseguran, le permitió financiar su reelección. Además se habla de negligencia del legislador ya que tras el sismo del pasado 19 de septiembre se puso en riesgo la vida e integridad física de los alumnos al obligarlos a regresar a clases sin haber obtenido los dictámenes de seguridad respectivos; donde por supuesto su interés, dice la comunidad escolar, era cobrar colegiaturas.

Julio Pilotzi

Columnista de Negocios

Split Financiero

Periodista con 20 años de experiencia en los medios de comunicación. Colabora actualmente en el Noticiero En los Tiempos de la Radio de Óscar Mario Beteta.