La historia sí importa y explica por qué que en nuestro país han sido tan difíciles o tardías las reformas liberales y por qué ha estado ausente durante casi un siglo en el escenario político un partido abiertamente liberal. Tiene que ver que el vigor liberal desplegado durante el siglo XIX se decantara en aspiraciones pragmáticas de justicia, libertad y soberanía, como respuesta a la opresión colonial y al empecinamiento conservador por un príncipe extranjero. Los procedimientos y formalidades esenciales de la democracia representativa recibieron poca atención, al igual que otras ideas consustanciales al liberalismo, como la libertad económica, la responsabilidad individual, la aspiración de un Estado eficaz y acotado, y derechos sólidos de propiedad privada como algo inherente a la naturaleza humana y a la libertad.

Para entender mejor los límites y valladares del liberalismo mexicano es útil reconocer algunos de los rasgos institucionales (reglas del juego) vigentes en el sistema colonial, muchos de ellos aún actuantes o visibles en sus consecuencias, en especial en ciertos sectores y regiones del país. Desde luego, está la presencia ubicua de un poder que se cree absoluto en una sociedad siempre dividida en castas; identidades étnicas y culturales donde la individualidad es prescindible, e instituciones de propiedad colectivista (reconocidas por mercedes reales). La estructura de castas se valió de un paternalismo y un corporativismo muy acendrados como códigos de inserción y funcionalidad del individuo en la sociedad, ante una autonomía individual, sociedad civil y vida cívica sofocadas.

La economía fue reprimida por privilegios y monopolios, y por cortapisas tajantes a la industria y a la libertad de empresa. La impartición de justicia como instrumento del poder y del orden establecido pervirtió su esencia y se hizo sinónimo de simulación, opacidad, torceduras y atropellos. Las consecuencias fueron la desconfianza y desprestigio de la autoridad, valores públicos tolerantes con la ilegalidad y una muy débil cultura de respeto a la ley. Todo prohijó una psicología de masas ansiosa de redención providencial y mesiánica.

Los intensos vientos liberales de la Reforma fueron insuficientes para trastocar o remover el basamento cultural e institucional heredado de la Colonia.

Sobre él se edificó el México moderno, primero por la autocracia porfiriana y después por el régimen corporativo surgido de la Revolución Mexicana. A pesar de sus indudables logros, el Estado revolucionario corporativo y cuasi-autoritario soslayó, inhibió o mantuvo en atrofia a la democracia representativa, a la autonomía individual y a la sociedad civil, al igual que a las capacidades de emprendimiento económico en la sociedad. Una densa envoltura ideológica nacionalista y revolucionaria legitimó el orden establecido. La historia de bronce entronizó a la violencia y a los violentos como protagonistas en una narrativa de legitimación política; mientras creadores, emprendedores y pensadores pasaron a segundo plano.

En los valores predominantes no sobresalió el respeto y compromiso con lo público y con los bienes públicos como construcciones sociales, y como responsabilidad esencial del Estado (que se visualizó más como tutor y repartidor de bienes y rentas). Se asumieron linajes raciales y culturales como sujetos y fuentes de derechos especiales, al igual que una tolerancia o simpatía franca con la violencia justiciera. El esfuerzo personal y la meritocracia tampoco alcanzaron a cristalizar como valores generalizados, y fueron desplazados con frecuencia por relaciones clientelares y corporativas, y por la búsqueda de rentas como actividad ampliamente socorrida por individuos y organizaciones sociales. Se extendieron el desapego a la ley y el recelo ante la competencia y la libre empresa.

Estos productos históricos han lastrado o bloqueado cambios institucionales imprescindibles, y han frustrado el desarrollo de opciones político-electorales francamente liberales. Ya es momento de superarlos.