El estudio “Getting It Right”, elaborado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que fue presentado la semana pasada en la Ciudad de México, recomienda impulsar reformas al sistema tributario, para aumentar la recaudación y realizar las inversiones necesarias para mejorar los sistemas de salud, educación, vivienda y seguridad. Dicho documento propone reducir impuestos corporativos para fortalecer el clima de inversión, pero para no disminuir los ingresos, recomienda ampliar la base gravable del IVA y del ISR, eliminando exenciones a ambos así como aumentar los tributos ya existentes e, incluso, aplicar un nuevo impuesto sobre las herencias. Desde el punto de vista económico, estas propuestas pudieran ser acertadas, pero desde el punto de vista social y político resultan insostenibles, dado el recelo y la desconfianza que prevalece en los mexicanos.

Si bien el “Getting It Right” advierte que en el país todos los niveles de gobierno deben esforzarse en la confiabilidad e integridad del sector público así como en la ejecución del Sistema Nacional Anticorrupción y el combate contra la inseguridad, las necesidades del país van más allá.

En México, tenemos más de 2,400 gobiernos municipales, cada uno con su óptica particular. Tal vez aquí radique parte importante de los problemas del país, sobre todo si consideramos la existencia de personajes como Hilario Ramírez, Layín, exalcalde de San Blas, quien públicamente reconoció que robó poquito. Actualmente, la Auditoría Superior del Estado de Nayarit ha señalado que tiene cuentas pendientes por más de 250 millones de pesos. ¿Cuántos casos similares al de Layín habrá?

Nuestra Constitución reconoce a los municipios como una instancia de gobierno con personalidad jurídica y los faculta en el manejo de su patrimonio, pero, al multiplicarse por cientos las malas administraciones, generan un daño patrimonial severo e irreversible a la nación.

Así, la autonomía local pareciera convertirse en algunos casos en obstáculo para el desarrollo, pero la solución está en la propia Carta Magna, ya que establece los deberes constitucionales de los ayuntamientos, entre los que destacan los servicios de agua potable, drenaje, alumbrado público, limpia y recolección de basura, vialidades, parques, jardines y seguridad pública. Si esto se atendiera antes que otros temas, el bienestar sería palpable, de entrada no habría temor de salir a la calle. Sin embargo, muchos gobiernos municipales prefieren innovar y con ese pretexto hacen de todo, pero ya es tiempo de que prioritariamente cumplan con sus obligaciones, como sucede en otros países, que apliquen los recursos estrictamente en sus tareas y que esto se refleje en el nivel de vida en las comunidades.

Por lo anterior, antes de una reforma tributaria como la que recomienda la OCDE, es indispensable legislar, para que, sin vulnerar la autonomía municipal, los ayuntamientos se circunscriban en sus deberes, propiciando eficiencia en el gasto y erradicando duplicidades recurrentes con programas de gobierno estatales o federales. En los municipios se ejercen grandes cantidades de recursos públicos y aun así adquieren deuda, definitivamente el dispendio debe resolverse antes de pensar en la creación de nuevos impuestos.

@Ernesto_Millan

Ernesto Millán

Columnista

Molinos de Viento

Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de México. Maestro en Dirección y Gestión Pública Local por la Unión Iberoamericana de Municipalistas. Ha ocupado diferentes cargos en gobierno federal, estatal y municipal por más de 20 años. Es Secretario Técnico del Consejo Consultivo de la Federación Nacional de Municipios de México (Fenamm) y Consejero Jurídico de la Comisión Unidos Contra la Trata A.C.