¿Limpia en aduanas?

Casi de madrugada y en vuelo comercial, el jefe del Servicio de Administración Tributaria, Aristóteles Núñez Sánchez, partió a Mexicali -previa escala en Hermosillo- el pasado viernes 29 de agosto. Acompañado por el administrador general de Aduanas, Alejandro Chacón, estuvo apenas un par de horas en la capital bajacaliforniana, para después enfilar a Tijuana y enseguida, regresar a la Ciudad de México.

Fugaz estancia de los funcionarios hacendarios en un territorio hostil. La molestia del empresariado de esas ciudades fronterizas, por la certificación obligatoria a las maquiladoras, es rebasada por el enojo popular desatado ante la instalación de puntos de revisión en las principales vialidades, desde hace dos meses. Tras de ese lapso, casi medio centenar de autos chocolates fueron incautados, a pesar de tener amparos. Una victoria pírrica en una entidad donde -de acuerdo con cálculos de la Secretaría de Economía local- más de 250,000 unidades traen placas extranjeras o provenientes de Estados Unidos.

Los retenes del SAT, en todo caso, fueron un programa piloto que, dado su éxito, será replicado en todo el país a partir de este mes. La regularización de los informales, en este campo y también en el comercio ambulante, será una de las prioridades del gobierno federal, el cual lanzará una campaña mediática para vender los múltiples beneficios -servicios de salud, financiamiento para adquirir vivienda, apoyos económicos y créditos con facilidades- que tendrían los contribuyentes que adopten el nuevo régimen de incorporación fiscal.

El jefe del SAT cumplió con su última gira de supervisión de los recintos aduanales, antes de proceder a enmiendas entre los administradores de las oficinas regionales, ajuste que sólo podría detener un incidente grave, como el ocurrido la madrugada del último día de agosto en Piedras Negras, Coahuila, y que dejó seis lesionados. Pero los problemas de la administración central de equipamiento e infraestructura son otros y de menor gravedad, que los existentes en las áreas de normatividad y de operación aduanera, respectivamente.

Una docena de permutas y relevos que -de confirmarse- involucraría a los titulares de las oficinas del AICM, los principales puntos fronterizos en Baja California, Sonora, Tamaulipas y Chiapas; además de tres de las principales estaciones marítimas, del Pacífico y el Golfo de México. Los enroques se extenderían a las oficinas centrales, donde el administrador de amparo e instancias judiciales del SAT, Héctor Sánchez Balderas, recientemente ha enfrentado denuncias por su presunta parcialidad a favor del empresario Humberto Obed Montiel Herrera, empresario ensenadense que ostenta amparos para importar autos chocolates. Esta sacudida en las oficinas del SAT ocurriría al mismo tiempo que el ajuste en curso dentro del aparato judicial, que pondría fin a la trama que habría ligado a un conjunto de agentes aduanales con jueces y magistrados, que habrían otorgado amparos para la importación indiscriminada de autos chocolates. La SCJN solicitó al Consejo de la Judicatura Federal investigar a juzgados y tribunales de Baja California que otorgaron amparos, para permitir el ingreso de autos usados sin cumplir los requisitos. Según denuncias presentadas ante la Secretaría de la Función Pública, funcionarios del SAT asesoran a los importadores a cambio de pagos y en las aduanas sus agentes facilitan el acceso y reciben una comisión por cada auto que ingresa al país. En este sentido, se ubican a 18 empresas que son las principales importadoras de autos: Cristi Automotriz, Grupo Empresarial Caoman, Grupo Empresarial Yamve, Autotrack importaciones, Autos YMC, A&B Automotriz, Voltok, Arturo Tovar Ortiz SA de CV y Pastor Perea Ramírez SA de CV, entre otras. Del mismo modo existen nueve que están vinculadas al agente aduanal Roberto Ruiz Armas, como Goga Automotriz, Alfa Agro, Autos Adrey y Kikis Automotriz.

El 25 de agosto, el Consejo de la Judicatura Federal removió a la encargada del juzgado tercero de Distrito de Baja California, Teresita de Jesús Sandoval Rodríguez. El juez titular, José Neals André Nalda, y su colega del juzgado segundo, Daniel José González, fueron separados bajo sospecha de beneficiar a importadores. No obstante, siguió la regularización de chocolates para las empresas de Montiel Herrera.

André Nalda -a diferencia de su colega, quien sigue suspendido, sin goce de sueldo- no perdió el estatus de juez de Distrito, sino que fue reubicado en Chilpancingo, Guerrero. Allí ha podido sortear los escándalos que persiguen su gestión, como son la cesión de los amparos a Dollar Casino y a múltiples empresas comercializadoras de autos y tracto camiones usados. En lugar de Sandoval Rodríguez llega Martín Ángel Gamboa Banda, quien apenas hace un año fue ascendido a juez federal.

Pendiente quedan la validez jurídicas de los permisos otorgados por los anteriores juzgadores de Tijuana y Mexicali. El asunto llegó a los tribunales de circuito por primera vez en enero y luego de otras tres querellas, el asunto habría quedado resuelto, luego de que el pasado 28 de agosto, los magistrados del Primer Tribunal Colegiado resolvieran por unanimidad la queja 174/2014 y determinaran que André Nalda rebasó sus atribuciones.