De acuerdo a la ONU, el Estado de Derecho se define como “un principio de gobernanza en el que todas las personas, instituciones y entidades, públicas y privadas, incluido el propio Estado, están sometidas a leyes que se promulgan públicamente, se hacen cumplir por igual y se aplican con independencia, además de ser compatibles con las normas y los principios de primacía de la ley: igualdad ante la ley, separación de poderes, participación en la adopción de decisiones, legalidad, no arbitrariedad, y trasparencia procesal y legal”. En otras palabras, se trata de un andamiaje jurídico que genera certidumbre y estabilidad, independiente de los vaivenes políticos y que incluye mecanismos para proteger al ciudadano de los caprichos y abusos de la autoridad. Es dicho Estado de Derecho el que traiciona terriblemente la Ley Nacional de Extinción de Dominio.

Desde su aprobación en la Cámara de Diputados, el pasado 25 de julio, cada vez más legisladores, líderes de opinión, organismos empresariales y ciudadanos en general hemos manifestado nuestro rechazo a esta versión, estilo Frankenstein, de dicha ley, porque sabemos que sobrepasa su cometido inicial —el de mermar la capacidad económica de la delincuencia organizada y de la corrupción—, para amenazar también a la gente de buena fe, a la propiedad privada y al indispensable principio de presunción de inocencia.

Si bien de entrada otorgué el “beneficio de la duda” a quienes propusieron esta barbaridad, hoy no puedo hacer lo mismo con el Ejecutivo, que, ignorando la inconformidad ciudadana y cientos de argumentos sólidos para modificar artículos peligrosos, el pasado viernes 9 de agosto por la tarde —adelantándose además casi un mes a los tiempos reglamentarios—, publicó la Ley de Extinción de Dominio en el Diario Oficial de la Federación sin cambiarle ni una coma. En la jerga política, a este tipo de apresuramiento se le llama “madruguete” y, como en política “forma es fondo”, resultan preocupantes las intenciones que pudieran estar detrás.

Podemos estar de acuerdo en que urge perseguir y castigar a quienes tanto han lastimado a México y que urge también resarcir el daño, pero jamás vulnerando precisamente los derechos de aquellos a quienes se quiere desagraviar.

Juzguen por ustedes mismos. El artículo 14 de la ley señala: “La acción de extinción de dominio se ejercerá aun cuando no se haya determinado la responsabilidad penal en los casos de los delitos previstos en el párrafo cuarto del Artículo 22 de la Constitución, siempre y cuando existan fundamentos sólidos y razonables que permitan inferir la existencia de bienes cuyo origen o destino se enmarca en las circunstancias previstas en la presente ley”. ¿No les parece indignante que se pretenda ejercer la acción de extinción de dominio —y con ello amenazar la tranquilidad, el patrimonio y la reputación de los mexicanos— a partir de inferencias, consideraciones abstractas, presuntas o probables?

El “mensaje” que envía la publicación apresurada de una ley que avala medidas de esta naturaleza es realmente preocupante, y el músculo productivo de nuestro país no es inmune a tal perturbación. La perspectiva de indefensión ante la arbitrariedad de las autoridades genera incertidumbre y las inversiones —chicas o grandes, domésticas o extranjeras— se inmovilizan, observan atentas el desenlace de esta historia para decidir su siguiente paso. Si no enmendamos este grave error lo antes posible, la economía se estancará aún más y nuestro país se hundirá en el más doloroso desempleo, con aún mayor dependencia en programas asistencialistas, pero mucha menos recaudación de impuestos. Por si fuera poco, en el caso de los activos más líquidos, éstos incluso podrían salir en busca de horizontes más confiables, impactando el tipo de cambio y por ende incrementando la inflación. En consecuencia, el valor adquisitivo se desplomaría y la pobreza se profundizaría.

Quien siga confiando en la inocuidad de la Ley de Extinción de Dominio desconoce que las fuerzas del mercado son tan poderosas como las de la gravedad, y que si desde la Cámara de Diputados —con el apoyo de la ciudadanía y la sociedad civil organizada— no hacemos lo posible para corregir el mensaje arbitrario y amenazador de esta ley México puede estar dando el primer paso hacia el verdadero precipicio económico.

Abril Alcalá

Diputada Federal

Columna invitada

Doctora en Políticas Públicas y Diputada Federal por el Distrito 8 de Jalisco.