Legalmente incorrecto

Es de sobra conocido el costo que representa para las familias y empresas e incluso para el propio gobierno, la falta de un marco legal moderno y flexible. Para nuestro colmo, cuando los legisladores se deciden, por fin, a modificar algo en las leyes que nos rigen, hay que verlo como una señal de alarma ya que, por lo general, las cosas tienden a empeorar. Luego tenemos la actuación muy discrecional del Poder Judicial, que normalmente manda al archivo muchos asuntos, o bien, decide dar carpetazo, en especial cuando enfrenta un abogado o grupo muy poderoso.

Si a lo anterior añadimos la corrupción, que sigue permeando todas las capas sociales, las cosas llegan al límite.

Por lo general, la sociedad no protesta por esto y simplemente adapta su comportamiento a las circunstancias.

La economía informal y la ilegalidad con la que se realizan muchas actividades en el país pueden y deben verse como una respuesta de la sociedad ante un gobierno y un Estado de Derecho que están en su contra.

A pesar de que en la ley está establecido que los gobernadores, presidentes municipales y el mismo Presidente son mandatarios y deben obedecer el mandato de quien los eligió, todos estos individuos hacen lo que les viene en gana, deciden hacer obras y gastar en lo que políticamente es más redituable, y de paso, si es rentable para su bolsillo, mucho mejor.

La discrecionalidad de las autoridades ha llevado a la sociedad al extremo de actuar totalmente fuera del Estado de Derecho. Si midiéramos los beneficios de esa forma de actuar, podríamos constatar que quienes viven en la ilegalidad son más felices, perciben mayores ganancias y viven más tranquilos, aunque no paguen impuestos, no tengan actualizada su credencial de elector, el coche no esté a su nombre, no tengan actualizado el domicilio ni esté asegurado.

Quien sufre algún tipo de agresión a su persona o bienes piensa varias veces si acudirá a denunciar porque sabe que el sistema es una pesadilla.

Acudir a alguna tienda a devolver un artículo que salió defectuoso o simplemente porque no le gustó, puede convertirse en otro sufrimiento, como lo es reclamar un cargo ilegal en una cuenta bancaria y ni se le ocurra acudir a los organismos que supuestamente están para defender los derechos de los consumidores o usuarios del sistema o a la Secretaría encargada de prevenir la corrupción, porque ese será otro vía crucis, eso sí, legalmente correcto.

mrodarte@eleconomista.com.mx