El país vive un evidente proceso de cambio, resultado del mandato popular en la pasada elección y del desgaste de los actores y malas prácticas al momento de conducir la política y la economía nacional. El nuevo gobierno, el de López Obrador, tiene ejes claros para comenzar a revertir la enorme desigualdad social del país y eliminar los graves problemas de corrupción que han caracterizado a las instituciones de gobierno en México. Se trata de un proceso que requiere modificar prácticas e instrumentos jurídicos, pero también en el que se debe generar certidumbre para el correcto funcionamiento de los procesos políticos y económicos, para poner énfasis en el mejoramiento de los mecanismos democráticos y fortalecer la actividad económica.

Dos acontecimientos que sucedieron esta semana muestran cómo esto es posible. El proceso de selección de los nuevos consejeros electorales del INE fue el primero en donde las y los aspirantes fueron evaluados y preseleccionados por un comité independiente, que formaron ternas para que los diputados eligieran entre personas que ya acreditaron una trayectoria, experiencia y amplios conocimientos técnicos en el terreno electoral. Durante este proceso de evaluación no valió consideración política alguna, sólo contaron los perfiles. Por suerte, no se escucharon los llamados de las sirenas que en el algún momento pedían modificar el proceso para incluir candidatos que simpatizaban con la coalición en el poder. Los nuevos consejeros no deben su encargo a una cuota de partido y sí garantizan la capacidad técnica necesaria para desempeñarlo, lo que va a llevar a mejorar el funcionamiento del INE y con ello garantizar los procesos democráticos y el ejercicio del sufragio efectivo.

El otro es la propuesta para modificar el Sistema de Ahorro para el Retiro y, por tanto, de las afores. Se trata de un proyecto discutido y consensuado con las administradoras para el retiro, las organizaciones del sector privado y las obreras. Un acuerdo que, por cierto, sobrevivió a un madruguete, con tintes de plagio, de Acción Nacional. La propuesta corrige la mayor parte de los problemas del sistema mexicano del retiro: reduce las semanas de cotización para asegurar una pensión mínima que se incrementa, facilita el ahorro voluntario, reduce comisiones, genera incentivos a las administradoras para buscar mayores rendimientos y focaliza los subsidios públicos hacia los trabajadores de menores ingresos. Se disipan los supuestos peligros de que las pensiones se expropiaran, o de que sufrieran un cambio radical, por lo que seguirán siendo un instrumento de gran valor para ahorradores, inversionistas, empresas y el propio gobierno, que tiene con ellas la oportunidad de tener acceso a deuda en pesos. Sería también oportuno discutir alternativas para que parte del ahorro acumulado sirva para sortear la crisis actual, por medio de facilitar la alternativa, que ya existe, de que trabajadores que perdieron su empleo puedan tener acceso a una fracción de sus montos acumulados. También se deben buscar más proyectos públicos y privados, con retornos, que utilicen a las afores como financiamiento.

Una mejor institución electoral, más independiente materialmente, con consejeros capaces y desligados de los partidos políticos, seguramente permitirá reducir los costos económicos de un aparato electoral obeso, pero, sobre todo, ofrece mayor certeza con respecto al siguiente proceso electoral. El gobierno actual no podrá intervenir, será la gente la que decida en las urnas la composición de la próxima legislatura. Y, por otro lado, un mejor sistema de pensiones, en donde los patrones asumen una mayor responsabilidad en las aportaciones, el Estado mantiene sus aportaciones, pero las direcciona mejor hacia las más necesitadas y, las trabajadoras paguen menos comisiones y ganen más por aportaciones adicionales, será un instrumento para promover la inversión y generar estabilidad económica, por medio de mejor financiamiento. De hecho, la reforma de las afores tiene algún componente de reforma fiscal, ya que el gobierno tendrá menos presiones futuras, que serán parcialmente cubiertas por las empresas, en los próximos años. Se está logrando proponer nuevas agendas y aprobar reformas en el país necesarias y tendientes a, no menos que, la legitimación de los procesos democrático-electorales y la generación de certeza económica.

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Vidal Llerenas Morales

Político

Columna invitada

Licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), cuenta con una Maestría en Política y Gestión Pública por la Universidad de Essex, Reino Unido y un Doctorado en Administración y Gerencia Pública por la Universidad de York.