La iniciativa de reforma electoral que ha sido eje de la discusión reciente en la Cámara de Diputados igual se da en medio de la propuesta que considera incluir en la redacción del Artículo 40 de la Constitución el principio de “austeridad” para definir a México como una República que, además de representativa, laica y democrática, sea “austera”.

¿Se requiere de una reforma electoral para incorporar ese principio en la Constitución? Dudo que las representaciones de los partidos se opongan a una reforma administrativa o de racionalidad en los gastos públicos que coloque la palabra “austeridad” como principio a seguir. Dudo que alguien en su sano juicio se niegue a algo tan evidentemente necesario.

El problema es que los contenidos de la iniciativa aluden al costo de los árbitros electorales locales como argumento para remover a sus consejeros en los estados, quienes hoy son nombrados por el INE. Al mismo tiempo, esa iniciativa contempla sustituir a los consejeros de los llamados OPLEs por nuevos consejeros, que ahora serían nombrados por la mayoría parlamentaria en la Cámara de Diputados. Eso no es necesariamente una política de austeridad, sino sustituir una burocracia nombrada por un órgano autónomo por otra burocracia nombrada por el partido que obtenga mayoría en el parlamento, sea cual sea.

Ante críticas a ese tipo de propuestas contradictorias, el presidente de la República mostró sensibilidad y afirmó que su gobierno tiene pensado hasta el 2021 empujar cambios en materia electoral. Es cierto que el Poder Legislativo tiene autonomía para seguir con los trabajos de cara a una reforma, pero la señal del Ejecutivo pesa en una mayoría que favorece en curules y escaños a su partido.

No es condenable la pretensión de actualizar reglas de la competencia política, pero creo que debemos dar espacio y seriedad para construir una reforma que no mezcle agendas administrativas con aspectos sustantivos de la representación partidaria o hasta del nombramiento de árbitros desde la fuerza política preponderante. Por ejemplo, es claro que puede reducirse el financiamiento a los partidos si se cambia la fórmula de cálculo para integrar su bolsa presupuestal, que eso es acorde con una República austera como la que se pide, pero si adoptamos un criterio sólo de costos, caeríamos en el error de asumir, con lógica neoliberal de adelgazar lo público y enaltecer lo privado, que es mejor que no exista ningún financiamiento público, que la política se quede en manos privadas y que sólo quienes paguen sus propias campañas puedan competir.

La historia mexicana nos dice que es mejor fortalecer la base constitucional que mandata prevalencia del dinero público sobre el privado en el financiamiento de la política. Y claro, puede revisarse que ese dinero no sea excesivo, puede reducirse, pero no eliminarse o quedar ajeno a la rendición de cuentas o a la fiscalización oportuna.

Con esa misma lógica, es muy peligroso eliminar la representación proporcional argumentando que cuestan mucho los diputados que representan a las minorías, porque cuestan las 200 curules plurinominales, pero también las 300 de mayoría relativa, y en ambos casos hay votos que están representados. Me parece que no se trata de aferrarse a que sean 200 curules de RP, pero es más consecuente con un modelo democrático deliberar, como hace unos días propuso José Woldenberg, sobre si la representación de las cámaras tiene hoy un reflejo porcentual en los votos acreditados por cada partido. Si un partido alcanza 20% de los votos, debe tener 20% de presencia en el Congreso, y no 50 o 60 por ciento.

Congelar ajustes legislativos en materia electoral no es una buena fórmula, pero imponer nuevas reglas de competencia sin consenso entre el conjunto de actores que participan en elecciones es un naufragio garantizado. Ojalá que los caminos del diálogo prevalezcan, que se construyan medidas de fondo para hacer efectiva la austeridad sin que eso sea pretexto para lastimar nuestro modelo de democracia. Austeridad y racionalidad en el gasto público son una preocupación legítima, pero la defensa de los avances democráticos también lo es, por más que otros se aferren en decir lo contrario.

*Consejero del INE.

Marco Antonio Baños

Consejero del Instituto Nacional Electoral

Columna invitada