La reforma ISSEMYM y lo que Edomex busca sepultar

Entre los muchos elementos que se fueron sumando para orillar a la quiebra financiera del Instituto de Seguridad Social del Estado de México (ISSEMYM) está una terrible práctica electorera y discrecional de parte de presidentes municipales que muy probablemente sucede en otras entidades:

Incorporan a la nómina a parientes o amigos con enfermedades terminales para permitirles acceder a la atención del Centro Oncológico Estatal, de los mejores del país, sin haber aportado previamente como el resto de derechohabientes. Es una práctica de décadas atrás, quizá con bases humanitarias pero totalmente injusta porque va contra el colectivo al abusar del sistema de seguridad social estatal yendo en contra de los 377,000 derechohabientes que con su salario sí aportan durante toda su vida laboral.

De ahí que la nueva ley que entrará en vigor a partir de enero próximo, introduce, entre otros puntos, la figura de copago que exige a todo nuevo empleado del sector público estatal a hacerse un examen médico, y en caso de enfermedad preexistente obliga a la presidencia municipal a cubrir parte del pago bajo una cuenta solidaria.

Así, el titular de cualquiera de los 125 municipios que quiera ayudar de esa manera, no sólo le dé la oportunidad de empleo al enfermo sino también apoye con el pago de su atención médica. Es un tema fuerte que implica dilemas éticos pero suena muy razonable si se quiere dar sostenibilidad y solvencia al ISSEMYM para las siguientes generaciones.

Alberto Peredo, director general del ISSEMYM, artífice de la reforma y cuya trayectoria financiera en el Gobierno federal nos permite entender cómo atrás de la nueva ley del ISSEMYM hay una firme estructura para dar viabilidad y poner orden en el sistema, así como acabar con ésa y otras prácticas terribles tales como el otorgamiento de pensiones firmadas por anteriores gobernadores a no derechohabientes. No se eliminarán las existentes pero Alfredo Del Mazo renunció a esa opción y cerró la puerta a que futuros gobernadores la puedan otorgar.

La nueva ley ISSEMYM, nos explica Peredo, abarca una serie de componentes que van más allá de una reforma de salud o para el retiro, sino que abarcan una ley de seguridad social integral que puede ser referencia para otras entidades; (de hecho Sinaloa y Sonora ya andan indagando). Entre sus principales componentes están:

-Elevar la cuota del derechohabiente en 3.5% y la de la institución contratante en 6.5%; ello para no elevar la edad y antigüedad ganada por cada empleado público para acceder a una pensión.

-Implementar régimen de cuentas individuales con elección libre de Afore para los contratados a partir de enero, con lo cual se transparentan aportaciones. Algo de suma importancia pues elimina la cuenta colectiva a la cual cada gobernador ha recurrido como caja chica para innumerables y desconocidos usos.

-Busca la portabilidad de beneficios con IMSS e ISSSTE para que a los servidores públicos de Edomex, derechohabientes de ISSEMYM, se les reconozca su antigüedad laboral, así como viceversa a los de IMSS e ISSSTE que pasen al sistema ISSEMYM, y así puedan sumar aportaciones a uno u otro instituto.

Esta parte está incluida en la reforma -aprobada por la Legislatura estatal previa con mayoría priísta-, y su concreción depende de un convenio entre ISSEMYM con IMSS e ISSSTE. Sus titulares respectivos, Tuffic Miguel (IMSS) y Florentino Castro (ISSSTE) no se han negado a firmarlo, y Peredo confía en poder lograrlo antes de que termine noviembre.

Total, que si lo entendimos bien, un punto toral es que será la primera vez que un estado de la República Mexicana eliminará el uso político de aportación para pensiones al individualizar las cuentas de todos sus derechohabientes. Eso, aunque se satanice, es la manera transparente y no corrupta de hacer las cosas y da certidumbre al pago de pensiones hacia el futuro.

maribel.coronel@eleconomista.mx

Twitter: @MaribelRCoronel