Durante el sexenio pasado se impulsó la reforma energética, mediante la cual se permitió la participación de inversión privada en los sectores eléctrico y petrolero, con la intención de crear nuevas oportunidades de empleo y que disminuyeran el precio de la luz y los combustibles.

En aquel momento, la propuesta de reformar los artículos 27 y 28 constitucionales generó reacciones adversas de los actores políticos de oposición, quienes sostenían que la apertura del sector energético implicaba la pérdida de la rectoría del Estado sobre los hidrocarburos y que era una afrenta a la victoria que representó para México la expropiación petrolera. El principal detractor siempre fue nuestro actual presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador.

Sin embargo, ahora que padecemos desabasto de gasolina en algunas entidades del país, el primer mandatario destaca bondades de la reforma que tanto repudió. La reforma permitió que, en su momento, se emitieran autorizaciones para la importación de combustible a particulares, mismas que no se han utilizado, primero, porque no había sido necesario, y, segundo, porque no existe una ruta administrativa para realizar dicha tarea. Afortunadamente, el lunes pasado, el presidente manifestó que ordenará la simplificación de los trámites burocráticos para tal efecto, lo que arrojó luz sobre un obscuro escenario.

Entre tanto, por diversas razones, hace siete días tuve la oportunidad de platicar con los ejecutivos de una empresa que inició la gestión para importar combustible y que se dedica al transporte de productos perecederos en todo el país, por lo que depende del consumo de diesel. Su preocupación era creciente, pero, además, estas personas recibían llamadas de alarma de otras compañías que ya se estaban quedando con unidades detenidas y buscaban apoyo solidario, pues la situación comenzaba a impactar negativamente a sus clientes en diversos puntos de venta, los cuales ya corrían el riesgo de quedarse sin abasto.

El primer documento que les solicitaron las autoridades, al iniciar la gestión, fue precisamente el permiso de importación emitido por la Secretaría de Energía. Afortunadamente, los interesados lo tenían. Todo hacía suponer que el trámite sería sencillo, pero no fue así, ya que la importación de gasolina ha sido una actividad exclusiva de Pemex y por ello es complejo para los agentes aduanales calcular los impuestos que se deben cobrar por la introducción de ese producto a territorio nacional. Por esta razón es indispensable que la Secretaría de Hacienda emita a la brevedad las directrices correspondientes y así facilitar todo.

Por tratarse de material altamente flamable, los particulares deben tener transporte especializado, que cumpla con las normas oficiales nacionales e internacionales. Al respecto, debemos recordar que el monopolio del trasiego de combustible ha estado en poder del sindicato petrolero y éste es otro problema que debe resolver la Federación. Es muy importante que el gobierno dé celeridad a sus aparentes buenas intenciones y evite que las suspicacias sigan creciendo.

Es verdad que de toda crisis surge una oportunidad y, la posibilidad de que los particulares importen gasolina será un parteaguas que traerá múltiples beneficios al país. Sin embargo, debe evaluarse la pertinencia de entregar la administración de los ductos a la Iniciativa Privada, lo que representaría, sin duda, el camino mas eficiente para resolver los problemas que actualmente enfrenta Pemex.

Por otra parte, no debemos de olvidar al crimen organizado, pues contra viento y marea los delincuentes buscarán llevar agua a su molino. Para evitarlo, el gobierno deberá hacer que prevalezca el Estado de Derecho y sancionarlos con todo el peso de la ley.

Ernesto Millán

Columnista

Molinos de Viento

Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de México. Maestro en Dirección y Gestión Pública Local por la Unión Iberoamericana de Municipalistas. Ha ocupado diferentes cargos en gobierno federal, estatal y municipal por más de 20 años. Es Secretario Técnico del Consejo Consultivo de la Federación Nacional de Municipios de México (Fenamm) y Consejero Jurídico de la Comisión Unidos Contra la Trata A.C.