La reforma laboral recién aprobada en materia de justicia laboral, libertad sindical y negociación colectiva tiene dos objetivos principales. El primero es promover la transparencia y democracia sindical para que los trabajadores estén representados de manera más efectiva. El segundo es instaurar un proceso más ágil y confiable para resolver los conflictos laborales en el poder judicial (eliminando las juntas de conciliación y arbitraje), incluyendo una etapa prejudicial de conciliación en el poder ejecutivo. Pienso que es la reforma de justicia laboral más profunda en más de un siglo, pero hay que trabajar desde ya para alcanzar los impactos esperados.

El éxito de esta reforma dependerá de la calidad de la implementación. Basta recordar que, según la ley vigente antes de la reforma, una demanda por despido injustificado no debía tomar más de 105 días en resolverse, cifra que seguramente hace reír a los abogados laboralistas acostumbrados a juicios que duran años. Los problemas de justicia laboral se hubieran solucionado hace mucho con una aplicación estricta de las leyes.

La reforma contempla un periodo de implementación: cuatro años para que estén en funciones los nuevos tribunales laborales federales y el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral inicie sus funciones de conciliación. En un tiempo no mayor de dos años, el centro tendrá que iniciar el registro de los contratos colectivos. Pero los primeros hitos concretos de la implementación deben ocurrir mucho antes.

Se creará un Consejo de Coordinación que tendrá por objeto establecer la política y la coordinación necesarias para implementar el Sistema de Justicia Laboral. El consejo emitirá acuerdos, lineamientos, normas y procedimientos necesarios, de carácter vinculatorio para el debido cumplimiento de su objeto. Tendrá que estar en funciones a finales de agosto a más tardar porque en esa fecha debe recibir de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje un programa de trabajo para la conclusión de asuntos en trámite. Si los asuntos regidos por las reglas anteriores no se resuelven en un tiempo razonable, se convertirán en un lastre para el nuevo sistema.

Una tarea gigantesca que se debe empezar cuanto antes es la revisión de los contratos colectivos existentes. En un lapso de cuatro años, cada uno de los contratos colectivos (se estima que son 500,000) tendrá que revisarse, incluyendo su aprobación por los trabajadores cubiertos. Al respecto, a principios de agosto la Secretaría del Trabajo tendrá que establecer el protocolo para verificar las consultas a los trabajadores y disponer las medidas necesarias para su instrumentación.

El Congreso de la Unión también tiene su tarea en el corto plazo. Para finales de octubre a más tardar, tendrá que expedir la Ley Orgánica del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Dado que el siguiente periodo del Congreso empieza el 1 de septiembre, no hay tiempo que perder.

A pesar de todos los retos asociados a la implementación de esta reforma, que son considerables, prefiero enfatizar la oportunidad que presentan. En un tiempo muy corto la Secretaría del Trabajo y el Congreso de la Unión podrán cumplir con los primeros compromisos de la nueva legislación laboral y demostrar que la implementación de esta importante reforma es una prioridad del gobierno.

*El autor es especialista líder en mercados laborales del Banco Interamericano de Desarrollo.