La frontera sólo está cerrada de un lado porque mientras que a todo lo que no se considera esencial se le pone un freno, las deportaciones desde Estados Unidos a México no paran, y esto supone un riesgo muy alto cuando se toma en cuenta que nuestro vecino es el país con el mayor número de casos en el mundo, que el 80% de los casos globales son asintomáticos, y que las autoridades migratorias no están debidamente capacitadas para detectarlo. 

Porque desde que comenzó la pandemia, Donald Trump logró implementar la política migratoria de sus sueños. Cerrando fronteras y expulsando directamente a migrantes y solicitantes de asilo sin trámites legales. Evocando, desde el 21 de marzo, una ley de 1944 que le permite suspender el ingreso de "ciertas personas de países donde existe un brote de una enfermedad transmisible” y que ha sido prorrogada de manera indefinida. 

Cualquiera diría que el coronavirus le vino como “anillo al dedo”, puesto que de esta manera, ha logrado poner un alto inmediato a cualquier proceso o legislación internacional para pedir refugio y ha permitido que los migrantes sean deportados de manera inmediata, sin posibilidades de apelar a un juez, y que además, sea México el país que deba encargarse de sus ciudadanos y  de los centroamericanos detenidos en la frontera. 

Todo esto por ser el último país de tránsito antes de pisar suelo estadounidense y por responder a la premisa del “interés de salud pública” de aquel país. 

Tan sólo en los meses comprendidos de marzo a mayo, la Oficina de Aduanas estadounidense, ha declarado que 41,491 han sido deportados bajo esos criterios, sin distinguir entre mexicanos y centroamericanos. Con los que también llega una carga viral.

Ya que a pesar de no contar con cifras oficiales, en abril se reportó que 15 migrantes resultaron contagiados en un albergue en Nuevo Laredo, Tamaulipas por un migrante mexicano que había sido deportado desde Houston, Texas. 

Mismo mes en que, después de que en nuestro país se declarara la emergencia de salud pública, Estados Unidos regresó a cerca de 15,000 personas, incluyendo no mexicanos, a nuestro territorio sin antes realizarles pruebas de contagio por Covid-19, y hay informes de personas deportadas desde nuestro vecino del norte que posteriormente dieron positivo al estar de regreso en su país de origen.

A partir de ahí, ciertos esfuerzos se han realizado para mejorar la detección oportuna de los migrantes con coronavirus antes de ser deportados, como puede ser tomarles la temperatura y revisar si presentan algún síntoma que pudiera estar relacionado con Covid-19, pero esto no ha resultado ser tan efectivo, porque a nivel global el 80% de los casos son asintomáticos y el personal migratorio no está entrenado para temas de salud, y los contagios siguen ocurriendo. 

Durante el mes de mayo, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) reportó que 1,201 detenidos y 44 empleados dieron positivo. Confirmando el 6 de mayo el primer fallecimiento por Covid-19 de un inmigrante detenido y el 10 el de uno que murió después de haber sido liberado.

Tal es la situación de vulnerabilidad que comparten los migrantes y nuestra frontera, que además de cuestionar el interés de nuestra salud pública, expone los riesgo que acompañan a una frontera que, en estos tiempos, sólo está cerrada de un lado. 

El último en salir apague la luz.

Twitter: @HenaroStephanie 

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