En el 2012, México destinaría casi 16,000 millones ?de pesos al Instituto Federal Electoral (IFE).

La transformación democrática de nuestro país no se entendería sin el IFE y el rol de los partidos políticos.

Este domingo iremos a las urnas a votar por lo que cada ciudadano considera la mejor opción –o la menos mala– a diferentes cargos de elección popular, incluyendo la Presidencia de la República, diputados, senadores y, en algunos casos, gobiernos y asambleas locales.

La decisión del voto, como cualquier decisión, puede ser analizada desde un punto de vista económico. La decisión individual de votar por un partido o candidato se da en función de una serie de variables o características deseables e indeseables con diferentes ponderaciones o de cierta identificación con el candidato o partido.

Cuando el análisis costo-beneficio individual no arroja una clara decisión, no hay muchas opciones más que votar por el menos peor , no votar o votar en blanco.

El voto en blanco se puede interpretar como una consecuencia de la ausencia total de las características deseables y la presencia de atributos más bien indeseables dentro de las opciones de partidos y candidatos por los cuáles se puede votar; pero también se puede interpretar como una clara manifestación de que el costo percibido de votar por algún partido o candidato es mucho mayor al beneficio percibido de hacerlo.

Aunque esto puede parecer subjetivo, un rápido análisis costo-beneficio de nuestro sistema democrático nos puede ayudar a entender mejor esta hipótesis.

Por el lado del costo, en el 2012, México destinará casi 16,000 millones de pesos al IFE; 10,660 millones, para gastos operativos del IFE , y 5,345 millones de pesos que van directo a los partidos políticos –de los cuales, 1,681 millones serán usados para gastos de campaña en el 2012 y el resto, en actividades ordinarias permanentes -. Para poner esto en contexto, basta con decir que el presupuesto total del IFE es equivalente a casi 30% del presupuesto total del programa Oportunidades y que lo asignado a los partidos es, prácticamente, la misma cantidad destinada al Componente de Salud del programa Oportunidades.

En un país como México, donde el combate a la pobreza extrema es prioridad, nuestra clase política se da el lujo de repartirse un monto desproporcionado del presupuesto federal abanderada del espíritu de la democracia.

Adicionalmente de lo que nos cuesta mantener al IFE y a los partidos, el costo de mantener al Poder Legislativo –que tiene un presupuesto de casi 11,000 millones de pesos– parece sumamente caro para el número de iniciativas de trascendencia que han sido discutidas y aprobadas durante los últimos 12 años.

Por el lado del beneficio, tenemos un sistema democrático supervisado por el IFE, un órgano que solía ser ciudadano y ahora pertenece a los partidos, y una agenda legislativa dominada por una Cámara de Diputados con 500 integrantes y un Senado con 128 integrantes.

La agenda legislativa ha producido reformas a cuentagotas, favoreciendo temas que sólo benefician a los partidos (como la reforma electoral del 2007) y que poco hacen por impulsar el cambio estructural que tanto necesita nuestro país.

México se vuelve menos competitivo con una legislación laboral anacrónica, una reforma energética llena de conceptos de soberanía mal entendidos y una situación fiscal que limita la capacidad de acción del gobierno para aumentar la inversión e implementar medidas contra-cíclicas.

Mientras tanto, los partidos parecen tener como prioridad monopolizar la vía de acceso al poder y cuidar sus redes de intereses que les permiten, por ahora, garantizar su modus vivendi.

Queda claro que la transformación democrática de nuestro país no se podría entender sin el IFE y el rol de los partidos políticos.

Pero también es evidente que, hoy en día, nuestra democracia se ha transformado en una partidocracia escandalosamente costosa e ineficiente. Nunca sucede lo que debe, sólo lo que el poder quiere que ocurra.

El voto en blanco puede verse como un ejercicio inútil, pero también se puede entender como una manifestación de desacuerdo ante los resultados tan pobres, desde una óptica de costos y beneficios económicos.

La partidocracia tiene que entender que es tiempo de poner primero a la ciudadanía. Si el partido que resulte ganador quiere realmente dar este paso, podría empezar por tomar medidas para hacer menos costosa y más eficiente nuestra democracia, abriendo espacios a los candidatos independientes y empujando en la agenda las reformas estructurales que necesita México.

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