Una profunda decepción me ocasionó el libro Poder y mercado, el gobierno y la economía, de Murray N. Rothbard, uno de los mayores exponentes en la Escuela austríaca de economía, discípulo de Von Mises y Hayek, por cuanto a su opinión respecto del papel que juegan las leyes antitrust en el mantenimiento de una economía de mercado. Por otro lado, tampoco causa sorpresa, pues el padre de su primo hermano, la Escuela de Chicago, tampoco confiaba en la utilidad de las leyes de competencia en su obra Libertad de elegir.

Dice Rothbard: Pocos, economistas o no han cuestionado el principio de las leyes antitrust, especialmente ahora que, desde hace tiempo, forma parte de sus códigos. Igual que en otras medidas, la evaluación de las leyes antitrust no se ha basado en un análisis sobre su naturaleza o de sus necesarias consecuencias, sino en una reacción impresionista a sus objetivos anunciados. La crítica principal a estas leyes es que “no han llegado lo suficientemente lejos”. Algunos de los más encendidos en la proclamación de su creencia en el libre mercado han sido de los más ruidosos, pidiendo leyes antitrust estrictas y la disolución de los monopolios. Incluso, la mayoría de los economistas de derechas sólo han criticado cautelosamente ciertos procedimientos antitrust, sin atreverse a atacar a las leyes antitrust per se.

La única definición posible, según el referido autor, de un monopolio es una concesión de privilegios por parte del gobierno. Por tanto, es bastante claro que es imposible que el gobierno disminuya el monopolio aprobado mediante leyes punitivas. La única manera de que el gobierno disminuya el monopolio, si es que lo desea, es eliminar sus propias concesiones de monopolios. Por tanto, las leyes antitrust no disminuyen el monopolio en lo más mínimo. La única manera en que el monopolio disminuya, si es que lo desea, es eliminar sus propias concesiones de monopolios. Por tanto, refiere Rothbard, las leyes antitrust no disminuyen el monopolio en lo más mínimo. Lo que consiguen es imponer un acoso continuo y arbitrario a empresas de negocios eficientes. En Estados Unidos, la ley se basa en términos vagos e indefinibles, permitiendo a la administración y a los tribunales omitir una definición por adelantado de lo que es un “delito monopolístico” y de lo que no lo es. Cuando la ley anglosajona se ha basado en una estructura de claras definiciones de los delitos, conocidos por adelantado y discernibles por un jurado después del debido proceso legal, las leyes antitrust prosperan sobre una vaguedad deliberada y reglas ex post facto. Ningún empresario sabe cuándo ha infringido la ley y cuándo no y no lo sabrá hasta que el gobierno, quizá de otros cambios de sus propios criterios, caiga sobre él y lo denuncie. Los efectos de estas reglas arbitrarias y de las definiciones ex post facto del delito son múltiples: se altera la iniciativa empresarial, los empresarios se vuelven desconfiados y serviles a las reglas arbitrarias de las funciones gubernamentales y no se les permite a los negocios ser eficientes en servir al consumidor. Como los negocios siempre tienden a adoptar aquellas prácticas y escalas de actividad que maximicen los beneficios e ingresos y que sirvan mejor a los consumidores, cualquier acoso a las prácticas de negocio por parte del gobierno sólo puede dificultar la eficiencia en los negocios y premiar la ineficiencia.

Sin embargo —prosigue el referido autor—es inútil pedir sólo una definición legal más clara de la práctica monopólica. La vaguedad de la ley se origina por la imposibilidad de fijar una definición convincente de monopolio en el mercado. Tendremos que hacer nuestras acotaciones en la siguiente ocasión.

*Máster y doctor en Derecho de la competencia, profesor investigador de la UAEM y socio del área de competencia, protección de datos y consumidores del despacho Jalife& Caballero.