Los Derechos Humanos son los que posee la persona por el solo hecho de serlo y toda autoridad, en el ámbito de su competencia, tiene la obligación de promoverlos, respetarlos, protegerlos y garantizarlos. En el cuarto párrafo del artículo 17 de la Constitución General de la República, se reconoce como un derecho humano la utilización de los mecanismos alternativos de solución de controversias, que consisten en la mediación, conciliación y el arbitraje, para acceder a la justicia.

Hemos insistido en que la mediación es el mejor medio para resolver conflictos sin acudir a los medios estrictamente judiciales o como medida previa ante ese agotamiento. Sin duda es por ello que en el Estado de México y en la Ciudad de México, sus respectivas políticas públicas en materia de derechos humanos incluyen la utilización de la mediación y ello está plasmado en su legislación, como un elemento de protección y solución.

En el Capítulo IV, denominado De la Conciliación, Mediación y Justicia Restaurativa, de la Ley Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, publicada el 12 de julio pasado, se establece que dicha institución hará del conocimiento de las personas sobre los mecanismos alternativos de prevención, gestión y solución de conflictos con los que cuentan, a fin de que éstos manifiesten su voluntad de hacer uso de dichos medios. Uno de esos mecanismos es la mediación y el otro, la conciliación, pues la justicia restaurativa, que de manera equívoca se menciona en la disposición que nos ocupa, es un marco, no un procedimiento.

Establece que la mediación es un mecanismo alternativo, auxiliar y complementario de prevención, gestión y solución de las diversas problemáticas, basado en los principios básicos de la justicia restaurativa, a través del cual la Comisión busca y construye una solución rápida y satisfactoria a las desavenencias entre las personas en general, sean o no peticionarias o posibles víctimas, y la autoridad o los servidores públicos. Así mismo, que es el mecanismo a través del cual la Comisión funge como mediadora y facilita el diálogo, con el propósito de prevenir o se busque y construya una solución satisfactoria al posible conflicto existente entre las personas y la autoridad o los servidores públicos.

La mediación, desde la perspectiva de los derechos humanos y en el marco de la justicia restaurativa, conforme a la ley que analizamos, deberá caracterizarse por propiciar un encuentro voluntario entre las personas y la autoridad o los servidores públicos señalados como responsables, para conversar acerca de los actos u omisiones que originaron las diferencias; el reconocimiento de la calidad de víctimas y sus derechos; la aceptación, en su caso, de la responsabilidad de las violaciones a los derechos humanos de las personas; ofrecer la posibilidad de que las partes inmersas en la controversia o conflicto participen directa y activamente en la búsqueda de la solución; permitir que las partes determinen de manera colectiva, digna y equitativa, la forma de restaurar satisfactoriamente el daño causado a las víctimas por la violación de sus derechos humanos; basar la solución en la reparación del daño; tomar en cuenta la desigualdad de posiciones y las diferencias culturales; no afectar la moral, derechos de terceros o se contravengan disposiciones de orden público; privilegiar el acceso a la verdad y observar los principios de proporcionalidad, causalidad, razonabilidad y progresividad, y recomponer el tejido social.

Prevé la disposición en comento que la Comisión dirigirá de manera imparcial el proceso de diálogo, comprensión, tolerancia, empatía y confidencialidad que permita a las partes proponer y construir acuerdos. Los acuerdos a los que lleguen las personas y la autoridad o los servidores públicos, deberán quedar establecidos en un convenio que estarán obligados a cumplir en los términos y plazos que se indiquen en el mismo. Los convenios deberán contener, por lo menos, lugar, fecha y hora de su realización; nombre de las personas y de la autoridad responsable; domicilio de las partes; la reparación integral a las víctimas; las modalidades y plazos para su cumplimiento; así como las consecuencias en el supuesto de incumplimiento.

Las autoridades o los servidores públicos responsables deberán informar a la Comisión las acciones de cumplimiento del convenio, misma que le dará seguimiento hasta su total cumplimiento y dado el caso, podrá declarar concluido el asunto. Sin embargo, en caso de incumplimiento podrá reabrir el expediente, si es que así procede, y continuará con el procedimiento de queja.

Las personas peticionarias o presuntas víctimas podrán presentar queja en relación a la consecuencia que resulte del acuerdo mediante el cual se concluya la investigación que les corresponda, la que podrá consistir en la resolución por mediación. Sin embargo, parece ilógico y poco probable que las partes que hubieran participado en un proceso de mediación, atendido por mediadores profesionales, se quejen del convenio construido con su participación directa, en todo caso pudieron desistirse del procedimiento de mediación, tal y como lo prevé la propia ley que se comenta.

En la ley que se estudia se establece que la Comisión contará con un área especializada de mediación y conciliación. Las funciones de mediadores podrán ser ejercidas por los servidores públicos de la Comisión que cuenten con la certificación correspondiente.

La mediación no será procedente en los casos de procedimientos de investigación que versen sobre violaciones graves a los derechos humanos.

Por lo que hace a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ésta cuenta con la atribución de procurar la conciliación entre los quejosos y las autoridades señaladas como responsables, así como la inmediata solución de un conflicto planteado, cuando la naturaleza del caso lo permita. Si bien es cierto que la conciliación representa una forma de proteger y defender los derechos humanos en aquellos casos en los que es posible obtener una solución en favor de las personas quejosas y/o agraviadas, siempre será una mejor opción la incorporación de la mediación, pues como hemos sostenido, la mediación representa mayores ventajas respecto de la conciliación pues son las partes involucradas las que definen personalmente sus acuerdos.

Sin duda, la aplicación de la mediación habrá de continuar su expansión en cada vez más ámbitos.

Pascual Hernandez Mergoldd es abogado y mediador profesional

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Pascual Hernández Mergoldd

Abogado y mediador profesional

Columna invitada