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La Cultura de la Paz, Seguridad Pública
Siempre ha sido fácil odiar y destruir. Construir y apreciar es mucho más difícil.
Reina Isabel II
Seguridad es la ausencia de peligro, daño o riesgo.
Seguridad pública implica la existencia de una autoridad que ordene y garantice dicha seguridad.
En la forma actual de concepción del Estado es éste el que garantiza la seguridad ciudadana a través del monopolio de la violencia o el uso de medios coercitivos. Es decir, debe proteger a la población en su vida, su integridad y su patrimonio de riesgos como la comisión de delitos que puedan alterar su vida cotidiana.
Nuestra Constitución establece en su artículo 21 que la seguridad pública es una función del Estado a cargo de la federación, las entidades federativas y los municipios, y su fin es salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social. Así mismo ordena que las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, serán de carácter civil, disciplinado y profesional, dicha Guardia debe coordinarse y colaborar con las entidades federativas y municipios.
Desde 1983, por virtud de la reforma al artículo 115, se les confirió a los municipios la responsabilidad de la seguridad pública. Sin embargo, es de reconocerse que la gran mayoría de los ayuntamientos nunca pudieron asumirla pues han carecido de los mínimos recursos financieros para contar con los cuerpos policiacos indispensables. También debe recordarse que varios gobiernos estatales y muchos de los principales ayuntamientos del país han optado, desde hace varios lustros, por asignar a militares en retiro o con licencia, la responsabilidad de dirigir sus áreas de seguridad pública.
Que la Guardia Nacional sea dirigida por un militar desde su creación, que en su cuerpo existan alrededor de 60 mil elementos provenientes de la policía militar, poco más de 13 mil quinientos policías navales y menos de 16 mil elementos provenientes de la anterior policía federal, revelan que dicho cuerpo ha sido siempre militar, lo que significa que el texto constitucional del artículo 21 se ha incumplido desde la creación de dicho cuerpo policiaco. Su creación se previó en el Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024.
El pasado 10 de septiembre entró en vigor el decreto por el que se reformaron diferentes leyes en materia de Guardia Nacional y Seguridad Pública. Con ese paquete de reformas se reconoce la ineficacia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, toda vez que se ha transferido el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Lo más grave, se ha formalizado la violación a lo previsto en la Constitución, se trata de reformas a diferentes leyes que son contrarias a lo que dispone el artículo 21 de la Carga Magna. Dicho paquete legislativo fue aprobado por los legisladores lacayos del mandatario a quien le obsequiaron una nueva violación a la Constitución. El proyecto del presidente no se detiene ante nada ni siquiera ante la Constitución ni al Estado de derecho, pretende una expansión de su poder sin contenciones, así como una muy peligrosa desinstitucionalización de la República y de la Nación.
Conforme a lo dispuesto en el artículo quinto transitorio del decreto por el que se reformaron el artículo 21 y otros de la Constitución para crear la Guardia Nacional se estableció que, durante los cinco años siguientes a la entrada en vigor del referido decreto, plazo que concluye en marzo del 2024, el presidente podría disponer de la fuerza armada permanente en tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria.
Como resultado de un posible e inconfesable acuerdo entre la dirigencia del PRI y el gobierno, una diputada priísta presentó iniciativa para reformar ese artículo quinto transitorio con el propósito de extender el plazo previsto para que sea de nueve en vez de cinco años, es decir que el plazo culmine hasta el año 2028. Se duda que prospere esa polémica propuesta.
Recordemos que el significado del concepto militarizar consiste en inculcar espíritu y organización militares, así como someter a disciplina militar a individuos o agrupaciones civiles, definición que describe la organización y nueva adscripción de la Guardia Nacional.
Militarización, por su parte, es el proceso por el cual la milicia participa e incide en la sociedad, la política, la economía y la educación. No es todavía el caso de nuestro país, aunque la confusión es lógica por las múltiples y crecientes tareas y actividades civiles que el inquilino de Palacio Nacional ha conferido a militares y marinos.
En el Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024, ya mencionado, se indica que la seguridad de la gente es un factor esencial del bienestar y la razón primordial de la existencia del poder público y agrega que cuando las instituciones son incapaces de utilizar adecuadamente tales potestades y herramientas y fallan en su responsabilidad de preservar la vida, la integridad y la propiedad de las personas y las poblaciones, entra en crisis su primera razón de ser. Desde hace poco más de 45 meses, las autoridades competentes han fallado en su responsabilidad, a su primera razón de ser.
A pesar de que el presidente se siente optimista porque “estamos domando el problema de la inseguridad y la violencia”, la realidad se impone y nos hace ver que en el umbral de que inicie el último bienio del actual gobierno se padece una situación de emergencia en materia de seguridad pública. Según el mandatario, su política de seguridad está basada en “la filosofía de que la paz es fruto de la justicia, y eso es lo que vamos a seguir aplicando como política”, sin contradecir esa idea, lo cierto es que su política ha fallado.
En estos casi cuatro años de transformación, con la estrategia de abrazos, no balazos, ha crecido el poderío de los cárteles del narcotráfico, el crimen organizado y otras organizaciones delictivas. Hemos sido testigos de cómo civiles armados y desarmados al servicio de delincuentes hacen correr y huir a soldados, marinos y policías a quienes someten a actos de humillación y vejaciones con cada vez más frecuencia, pues deben obedecer la línea presidencial de dar abrazos, no balazos.
No es casual el repunte de la tasa delictiva traducida en más de 24 mil delitos por cada 100 mil habitantes registrada durante el año pasado.
Es fundamental recordar que el presidente de la República es el comandante supremo de las fuerzas armadas del país por lo tanto la definición de política de seguridad pública del mandatario es obedecida por ejército, marina y por la Guardia Nacional y que esa es la razón por la que sus elementos, en vez de actuar para ofrecer protección a los habitantes, huyen de los actos de violencia.
En todo el país aumentan las tensiones en diversos ámbitos de interacción social que afectan a cada vez más personas, más familias, más poblados y prácticamente a todos los sectores de la sociedad con espirales de violencia que se traducen en amenazas, cobros de derecho de piso, despojos, secuestros, asesinatos, masacres, actos terroristas, tráfico de personas y desplazamientos forzados que han dejado cientos de miles de víctimas.
Es de extrema urgencia actuar para evitar que los cada vez más graves conflictos, continúen escalando. Es urgente llevar al terreno de los hechos un cambio de estrategia de seguridad pública en la que se cancele la idea de que las tareas a cargo de los elementos del ejército, la marina y de la Guardia Nacional, en materia de seguridad pública, se limiten a dar abrazos.
Una urgente estrategia de seguridad pública ha de dirigirse a evitar la impunidad del crimen organizado y a aplicar la ley a los delincuentes; a fortalecer a las policías locales; a detener el deterioro del tejido social y a propiciar su restauración.
La justicia transicional y la mediación serán de utilidad para ello, al propiciar de manera creciente la solución sana de los conflictos que agobian a todos.
*El autor es abogado, negociador y mediador
Twitter: @Phmergoldd
