La mediación penal y de justicia para adolescentes surge de un movimiento de atención y compensación a favor de la víctima y la recuperación de su papel en el proceso. Se consideró que el derecho penal, principalmente, había neutralizado a la víctima, de tal modo que había quedado totalmente ausente del conflicto. Por lo tanto, con la mediación en los ámbitos penal y de justicia para adolescentes se ha pretendido ir más allá de los fines tradicionales perseguidos en el proceso. Es decir, no sólo se pretende buscar la verdad histórica de los hechos, sino que la víctima y el indiciado, por medio de una negociación, lleguen a un acuerdo satisfactorio, sin necesidad de abrir el juicio.

Con la mediación se aspira a instaurar una nueva orientación en el derecho penal y de justicia para adolescentes, es una alternativa frente a las corrientes clásicas y de las utilitaristas, ya que procura reparar el daño causado a la víctima, en vez de juzgar y, en su caso sentenciar o dictar una medida.

La mediación penal y de justicia para adolescentes es un método de gestión de conflictos, en donde dos personas (víctima u ofendido y ofensor, infractor o imputado), apoyadas y asistidas por el mediador, quien funge como el guía que facilita la comunicación entre las partes, deciden dar solución a la controversia penal derivada de la comisión de un delito o de una conducta tipificada como tal, buscando que se termine aquélla y la víctima u ofendido pueda obtener la reparación del daño, a través de papel protagónico y activo que deben asumir las partes o mediados, para tomar decisiones y responsabilizarse de sus consecuencias legales.

Se trata de un procedimiento voluntario y confidencial, en donde se privilegia el diálogo a fin de que las personas involucradas encuentren, en relación al conflicto que comparten, soluciones viables para su cumplimiento.

A partir de la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales (marzo de 2014), de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal (diciembre de 2014) y de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes (junio de 2016) se unificaron las reglas y por tanto dejaron de tener vigencia las disposiciones legales locales que regularon la mediación penal y la mediación de justicia para adolescentes. En algunos casos, como en el Distrito Federal, ello significó un retroceso y canceló la mediación privada en esas materias, ello en perjuicio de la ciudadanía.

A pesar de que en la exposición de motivos de la iniciativa presidencial de Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal se reconoció que el establecimiento de los mecanismos alternativos de solución de controversias derivó de los esfuerzos realizados desde finales del siglo pasado en el ámbito de los poderes judiciales de las entidades federativas, en el texto de proyecto se canceló la participación de los centros de justicia alternativa en sede judicial, en la prestación de los servicios de mediación penal. Esta medida, de haber prosperado, habría significado el cierre de los servicios de mediación penal en los tribunales, a cargo de profesionales altamente calificados y experimentados, en al menos quince poderes judiciales del país.

Finalmente, luego de acudir a la Cámara de Senadores para hacer ver la situación referida, la aprobación de la Ley que se comenta sí incluyó a los poderes judiciales locales. Cabe comentar que los mecanismos que contempla la referida Ley Nacional son mediación y conciliación, además establece que la justicia restaurativa es otro mecanismo, lo cual es equívoco pues se trata de un marco en la resolución de controversias, no de un mecanismo. La falta de participación de expertos en la redacción de las disposiciones que se comentan resultó evidente.

Los centros o institutos de justicia alternativa o de mediación dependientes de los poderes judiciales, son considerados por las leyes nacionales mencionadas como órganos especializados para la aplicación de los mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal y de justicia para adolescentes, y cuentan con expertos certificados en el desarrollo de estos mecanismos, llamados ahora facilitadores. Anteriormente era el mediador el especialista que dirigía la mediación y ayudaba a los mediados a que éstos lograran arribar a una solución, mutuamente satisfactoria, respecto de la controversia que enfrentaban, no resultaba indispensable acudir al ministerio público a denunciar para atender el conflicto. Ahora el especialista se denomina facilitador en virtud de tener mayor amplitud en su actuar, ya que, además de la mediación, podrá facilitar la aplicación de una conciliación, dependiendo del asunto en particular que se atienda.

En materia penal, la aplicación de los mecanismos alternativos de solución de controversias, dentro del marco de la justicia restaurativa, procede en las controversias entre particulares originadas por la comisión de un delito, y éste se persiga por querella o requisito equivalente de parte ofendida; sea un delito culposo, o se trate de un delito patrimonial cometido sin violencia sobre las personas. Los delitos de violencia familiar no son mediables.

Puede solicitarse y desarrollarse en cualquier momento, durante el desarrollo del procedimiento penal en sede de procuraduría o fiscalía, o bien en sede judicial. Es decir, la acción debe iniciarse en procuraduría o fiscalía, como ya se comentó.

También procede al concluir el proceso penal, respecto de conductas tipificadas como delitos graves y perseguibles de oficio, en tratándose de la reparación del daño, exclusivamente para efectos restaurativos y de recomposición del tejido social cuando la víctima u ofendido del delito lo solicite, independientemente de que se haya reparado el daño y de que el autor de la conducta delictiva se encuentre cumpliendo una sentencia.

En materia de justicia para adolescentes, procede la mediación cuando la conducta tipificada como delito en el caso de mayores de edad, no sea considerada como delito grave, y exclusivamente para efectos restaurativos y de recomposición del tejido social, cuando la víctima u ofendido de la conducta tipificada como delito lo solicite, independientemente de que se haya reparado el daño y de que el adolescente en conflicto con la ley se encuentre cumpliendo una medida.

Pascual Hernández Mergoldd el autor es abogado y mediador profesional, [email protected]

Twitter @Phmergoldd

Pascual Hernández Mergoldd

Abogado y mediador profesional

Columna invitada