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La Cultura de la Paz, Mediación Comunitaria en la Ciudad de México II
Siempre es el momento apropiado para hacer lo que es correcto.
Martin Luther King
En la capital de la república la política pública de mediación es una realidad en un proceso inconsistente de desarrollo y consolidación. Uno de sus elementos es el sistema de mediación comunitaria que puede permitir la transformación, reducción y eliminación de las tensiones que generan las controversias y conflictos en la comunidad, al prevenirlos, gestionarlos y resolverlos en el marco de la cultura de la paz.
Con la mediación comunitaria se reduce la violencia en el tejido social y la diferencia para protegerlo o restaurarlo está en la forma de dirimir esos conflictos.
Sin lugar a duda la política pública de mediación comunitaria, que ya ha mostrado sus bondades, merece ser retomada y afianzada para que sus servicios se generalicen y consoliden en la Ciudad de México y en todo el país.
Por ello es una muy buena noticia el Programa de Mediación Comunitaria que el viernes pasado diera a conocer el Jefe de Gobierno y que habrá de impulsar un ambicioso proyecto de sinergia en el que participarán el área de justicia cívica del propio gobierno, Locatel y el Centro de Justicia Alternativa del Poder Judicial de la capital.
A este esfuerzo se suma el descrito en reciente colaboración en relación a los Concertadores Políticos y Sociales que fueron capacitados en materia de mediación comunitaria.
El Jefe de Gobierno ha demostrado en varias oportunidades su interés en la mediación, en octubre del 2020, como Senador en funciones, presentó una iniciativa de Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias que un grupo de profesionales y estudiosos en la materia pudimos estudiar ampliamente concluyendo que -sin lugar a duda- se trataba de un proyecto que, con algunas precisiones, sería un avance en la legislación en materia de mediación. En vez de que continuara su trámite legislativo mereció ser congelado y la Senadora presidente de la Comisión de Justicia optó por presentar otra iniciativa en enero de este año, proyecto que contiene ocurrencias, imprecisiones y defectos que, de aprobarse en sus términos significaría un grave retroceso en la materia a nivel nacional y se pondría en riesgo el sistema mexicano de mediación que se ha construido desde 1997.
La aplicación del Programa de Mediación Comunitaria de la capital arranca esta semana y consiste, principalmente, en asignar un mediador del gobierno de la Ciudad en cada una de las 16 alcaldías para prevenir, gestionar y solucionar los conflictos comunitarios derivados de la comisión de infracciones administrativas previstas en la Ley de Cultura Cívica y contribuir a que, de esa forma, se evite que los conflictos escalen y se transformen en la comisión de delitos.
Debe tenerse en cuenta que, para lograr una mayor cobertura de un programa como el que se comenta, resulta necesario y recomendable armonizar las disposiciones vigentes en la materia para su correcta aplicación y cumplimiento, de tal suerte que se puedan aprovechar todas las opciones que ya están previstas y reguladas y, en su caso, para actualizarlas.
A saber: a) La Constitución Política de la Ciudad de México ordena que el Centro de Justicia Alternativa tenga, entre otras, las siguientes facultades: mediar en controversias vinculadas con el régimen de condominios y coordinarse con las instancias de acción comunitaria establecidas por la Ley para la mediación y resolución de conflictos vecinales, comunitarios, de barrios y pueblos; b) Por su parte la Ley de Justicia Cívica establece que el mediador comunitario es el especialista que reunió los requisitos aplicables, se encuentra capacitado, certificado y registrado por el Tribunal Superior de Justicia, para conducir el procedimiento de mediación comunitaria; también que las alcaldías tendrán entre sus servidores públicos a mediadores comunitarios, y ordena que, en materia de cultura cívica, a la administración pública de la Ciudad de México le corresponde promover los métodos alternativos de solución de controversias con la intervención de los mediadores comunitarios de las alcaldías, y c) La Ley de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de Justicia para el Distrito Federal prevé entre las atribuciones del Centro de Justicia Alternativa la de capacitar mediadores y desarrollar proyectos de mediación en apoyo a instituciones públicas y privadas, para la solución de controversias en todos los ámbitos de interacción social, tales como mediación escolar y comunitaria.
Como puede observarse al Centro de Justicia Alternativa, además de la mediación para asuntos de carácter legal, se le asignaron atribuciones en materia de mediación social, lo que se explica en la medida en que el Poder Judicial de la Ciudad de México diseñó y aplicó programas de mediación escolar y de mediación comunitaria que ya no atiende. En la actualidad la Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México tiene como objetivo la formación y profesionalización de servidores públicos y está facultada para certificarlos en diversas áreas, por ello debiera considerarse el conferirle las atribuciones de capacitación, certificación y registro de mediadores en el ámbito social, como son los comunitarios del gobierno y de las alcaldías.
La Ley de Cultura Cívica institucionalizó la mediación comunitaria en 2017 y prevé a los mediadores comunitarios adscritos a cada una de las alcaldías. Como se comentó en anterior colaboración, hace algunos años el Centro de Justicia Alternativa formó mediadores comunitarios para casi todas las delegaciones políticas y se instalaron centros o módulos de mediación en Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Cuauhtémoc, Hidalgo, Iztacalco, Iztapalapa y Tláhuac, oficinas que por excepción continuaron operando. Conviene que se evalúe el cumplimiento otorgado a la referida Ley pues se cuenta con el sustento legal para que el esfuerzo que realiza el gobierno de la Ciudad se complemente y fortalezca con la restauración y consolidación de la figura del mediador comunitario de las alcaldías. La presencia de mediadores comunitarios en las alcaldías será positiva para la vida pacífica de los habitantes de la Ciudad.
Como complemento al Programa de Mediación Comunitaria el Centro de Justicia Alternativa del Poder Judicial de la capital habrá de organizar Jornadas de Mediación para la gestión, prevención y solución de las controversias legales que atenderán mediadores privados en todas las alcaldías en beneficio de las personas que lo soliciten. Como señaló el Jefe de Gobierno en la presentación del referido Programa, a diferencia de las Jornadas Notariales en las que los notarios públicos sí cobran por sus servicios a la ciudadanía, los mediadores privados participarán pro bono en las Jornadas de Mediación, es decir, los usuarios de sus servicios profesionales los recibirán de manera gratuita.
Seguramente el Programa de Mediación Comunitaria será exitoso y contribuirá a disminuir la violencia que se presenta en poblados, comunidades, barrios, vecindarios, alrededor de planteles educativos, mercados, tianguis sobre ruedas, panteones, establecimientos de servicios al público, transporte público, paradores y vía pública por citar algunos sitios y cualquier otro en el que conviven cotidianamente las personas.
La mediación comunitaria contribuye a que se abran caminos para arribar a fórmulas de convivencia incluyentes que respeten en todo momento la dignidad de las personas y hagan efectivos los derechos sociales de última generación y propicia la desaparición o -al menos- la disminución de la idea de “nosotros y los otros”, resultado de la creciente polarización. Así mismo constituye una acción dirigida a producir un nuevo contexto en el que los acuerdos y los procesos para lograrlos se orienten al fortalecimiento o restauración del tejido social en la Ciudad de México.
La armonía que propicie la mediación comunitaria en la vida de la Ciudad permitirá que las actividades productivas, entre otras, se realicen en paz y de esa forma contribuirá al desarrollo económico de la capital y, por lo tanto, al bienestar de sus habitantes.
*El autor es abogado y mediador profesional.
Twitter: @Phmergoldd
