La economía italiana ha vuelto a ser foco de atención en las últimas semanas por los riesgos que puede entrañar su política fiscal, y por el ruido que generan las propuestas de algo que se puede parecer a una moneda paralela. Las tensiones que hubo entre el gobierno italiano y Bruselas en diciembre están volviendo a resurgir.

En aquel momento, la discusión se centraba sobre el objetivo de déficit público para el 2019, y se saldó con un acuerdo salomónico de 2% del PIB (2.04% para rebañar todo lo posible), que estaba a medio camino de los compromisos precedentes de Italia con la Comisión Europea y las propuestas del nuevo gobierno. El presupuesto permitió poner en marcha con cierto retraso las medidas estrella de estímulo fiscal defendidas sobre todo por el Movimiento Cinco Estrellas (M5E): una ampliación de la jubilación anticipada (revirtiendo en parte las reformas precedentes que elevaban la edad de jubilación efectiva) y una renta para la ciudadanía, que en realidad era un subsidio de desempleo extendido. Se dejaban de lado las propuestas de la Liga, centradas en recortes de impuestos.

Desde entonces se conoció que Italia había entrado en recesión, de la que salió tímidamente en el primer trimestre del año, y el panorama del comercio y la economía global no termina de mejorar, lo que llevó a nuevas previsiones de déficit público para este año más negativas (-2.5% del PIB) por parte del gobierno y de la Comisión Europea. Además, la Comisión advirtió que el déficit se puede disparar a 3.5% si no se toman medidas adicionales, como un incremento del IVA, que lleva años en la recámara y que el actual gobierno rechaza de plano. Esto, junto al aumento de la deuda pública en el 2018 por encima de lo previsto (132% del PIB en el 2018) empieza a poner nerviosos a parte de los inversionistas y ha llevado a la Comisión a tomar los primeros pasos para sancionar a Italia. Aunque, probablemente, cualquier decisión al respecto no se tome hasta el otoño, dado que las autoridades europeas están más centradas ahora en poner en marcha los nuevos nombramientos.

A estos problemas se añaden las propuestas fiscales más recientes para el 2020 de la coalición gubernamental. El líder de la Liga resucitó su propuesta estrella de implementar un tipo único en el IRPF de 15% para las rentas por debajo de 50,000 euros (con un costo reconocido cercano a 2% del PIB), añadiendo otras iniciativas de gasto defendidas por el M5E, en una nueva entente entre los líderes de ambos partidos tras un periodo largo de desencuentros.

Por último, la propuesta de miniletras del Tesoro (minibots en la jerga de la deuda italiana) como instrumento de pago a proveedores por parte del sector público volvió a tomar vuelo, con la idea de que podría convertirse en una moneda paralela que permitiese una eventual salida del euro. A pesar de que fue desestimada por el ministro de Finanzas, que está jugando junto al primer ministro el papel de la prudencia fiscal frente a los dos poderosos vicepresidentes, los minibots no dejan de evocar el espectro de la ruptura del euro.

El debate de mayor activismo fiscal para complementar a una política monetaria con menor capacidad de fuego está resurgiendo, no sólo en Estados Unidos, sino también en Europa. Lo menciona Blanchard recientemente, e incluso lo sacó a colación Mario Draghi.

Pero todos sus defensores señalan que la política fiscal debe activarse en los países que tengan margen fiscal, e Italia carece de él. Y las propuestas del gobierno italiano no atacan los problemas principales de su economía, que son fundamentalmente de oferta. La OCDE cita como prioridades en su último informe sobre Italia la necesidad de reformas en el ámbito de la competencia, el sistema judicial y el tamaño y eficiencia del sector público. Y recuerda que el nivel de productividad por trabajador está al mismo nivel del 2000, y su PIB per cápita 15% por debajo de antes de la crisis. Nada o muy poco de esto se soluciona con instrumentos fiscales como los anunciados.

*Economista en jefe para Europa en BBVA Research.