Los Diputados Federales concluimos los trabajos de nuestro penúltimo periodo de sesiones de manera diferente, en medio de una crisis sanitaria sin precedentes. Tristemente, en lugar de asegurar la salud y el bienestar de las familias mexicanas, de promover acciones para proteger los empleos y la recuperación económica, como bien lo propusimos desde la oposición, Morena y sus aliados impulsan iniciativas que fomentan la incertidumbre, la desconfianza y la informalidad laboral.

Gracias a la presión ejercida por el bloque opositor, por expertos y la propia sociedad civil que cada vez está mejor informada, estas iniciativas lograron “pelotearse” para 2021 abriendo el espacio a un mayor diálogo, reflexión y análisis; no obstante, considero que es importante hablar sobre los riesgos asociados con cada una de éstas, en aras de poder entenderlas mejor y así estar más preparados para su eventual discusión.

En primer lugar, está la iniciativa para eliminar la subcontratación laboral, el denominado outsourcing. Según expertos en la materia, de aprobarse en sus términos, esta iniciativa podría provocar la pérdida de medio millón de empleos, además de disparar el nivel de informalidad a una tasa cercana al 70%, una de las más altas a nivel mundial. Mi propuesta, es una mayor regulación al abuso de la subcontratación, así como mayor vigilancia a que quiénes usan esta figura de manera ilegal para que sean sancionados fuertemente, pero desaparecerlo sería catastrófico para el país, de hecho, el modelo que busca replicar el gobierno es el de Venezuela, ¿les suena familiar?

Otra reforma peligrosísima es la llamada “Ley Nieto”, con la cual se le daría la facultad a la Unidad de Inteligencia Financiera de congelar las cuentas de cualquier usuario que sea sospechoso de haber cometido un delito, sin la necesidad de ser sometido a un proceso judicial. Esto no sólo fue declarado como inconstitucional por la Suprema Corte en 2018, sino que atenta contra la presunción de inocencia de la cual gozamos todos los mexicanos y le da atribuciones meta-constitucionales a autoridades administrativas sometidas al Ejecutivo Federal. Desafortunadamente, criminalizar a los empresarios a través de estas medidas seguirá ahuyentando las ya mermadas inversiones en nuestro país.

Finalmente, está la Ley del Banco de México. En mi consideración, esta iniciativa atenta contra su autonomía y pone en riesgo nuestras reservas internacionales en un año que será crucial para la recuperación económica del país. Como economista, no niego que el problema de la repatriación de divisas que pretende resolver esta iniciativa existe, al contrario, esto es algo que hemos visto por décadas y que ha afectado severamente a nuestros migrantes que, ante la falta de mecanismos, tienen que acudir al mercado negro. Pero volver al Banco Central el comprador de última instancia de estos dólares no debe ser la solución, más bien, los esfuerzos deberían ir dirigidos en asegurar las condiciones adecuadas para la repatriación de divisas, así como el otorgamiento de asesoría especializada por parte del Banco a las instituciones de crédito que le dan este servicio a los mexicanos.

En la oposición estamos listos para dar la batalla, y la ciudadanía también jugará un rol sumamente importante, ya que sólo con su ayuda y respaldo lograremos detener los atropellos que Morena y sus aliados pretenden pasar; iniciativas de Ley que destruyen a México, destruyen instituciones, destruyen empleos, y destruyen el futuro de nuestras próximas generaciones.

@PerezSoraya

Soraya Pérez

Economista

Entre Números

Expresidenta de la Federación de Colegios de Economistas de la República Mexicana A.C.

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