La estabilidad de precios es uno de los mayores legados de décadas de disciplina financiera y de apertura en los mercados. La contención de la inflación resulta particularmente importante, por ser una condición necesaria para la recuperación salarial. La experiencia de los años 80 nos muestra claramente que cuando ocurren episodios inflacionarios, el gran perdedor es el salario.

Por ello preocupa el repunte de precios que ha ocurrido este año. La inflación acumulada de enero a la segunda quincena de octubre de este año se ubicó en 5.06% y la inflación anualizada fue de 6.37%, las cifras más altas para un periodo similar desde el 2000. Además, el fenómeno no se ha estabilizado. En la primera quincena de noviembre, tuvimos un aumento de 0.92%, lo cual vaticina que difícilmente concluiremos el 2017 con una inflación inferior a 6.5 por ciento. Casi el doble que la registrada en el 2016.

Es cierto que se ha logrado atenuar el efecto de la volatilidad cambiaria que se ha presentado desde el 2014. También es cierto que la incidencia de la inflación subyacente (que es una medida de mediano y largo plazos de la tendencia inflacionaria) se ha mantenido por debajo del índice general. Sin embargo, la inflación no subyacente, que incorpora elementos más volátiles que se distinguen de la tendencia general, no cede. Lo preocupante es que los rubros que conforman la inflación no subyacente se relacionan con sectores económicos en los cuales no se ha logrado madurar los cambios estructurales y no se ven, en el corto plazo, condiciones de mejora sustancial.

Entre estos componentes se encuentran la producción agropecuaria, los energéticos y las tarifas autorizadas por el gobierno. En el caso de estas últimas, el ajuste en las finanzas públicas, exitoso para defender las calificaciones crediticias del país, ha significado ajustes de precios, así como reducción de la inversión pública. Ambos aspectos inciden en la inflación: el primero por razones obvias; el segundo, porque limita las posibilidades de creación de infraestructura, valiosa para lograr reducción de costos.

La perspectiva de la industria energética es distinta, pues se espera mayor dinamismo basado en inversiones privadas. Sin embargo, la incertidumbre política del 2018 no permitirá el mejor de los entornos para el desarrollo de estas inversiones. También está pendiente definir con claridad la manera en la que operarán en los mercados las empresas productivas del Estado (Pemex y CFE), que deberán actuar en entornos en los cuales podrían ocurrir situaciones anticompetitivas. La energía cumple un rol fundamental, muchas veces menospreciado. Por ejemplo, en el caso de la tortilla el costo energético (electricidad, gas LP) puede ser superior al costo del insumo básico (maíz, harina).

La producción pecuaria es muy diversa, aunque hay casos destacados de retraso tecnológico y productivo que generarán cuellos de botella al crecimiento y no ayudarán a contener la inflación. Es el caso del maíz, producto en el que tenemos una bajísima productividad y que es insumo fundamental de distintas cadenas agroindustriales y para la alimentación humana (tortilla, pollo, ganado).

Creo que vivimos un momento importante. Es cierto que una inflación de 6.5% no es una catástrofe. Pero si no se tienen los debidos cuidados, se puede pasar a niveles de dos dígitos con relativa facilidad. Ahora bien, para reducirla, se tiene que trabajar en la parte productiva, mediante una mayor profundización de los cambios estructurales, en competencia y en materia energética. Pero también se tiene que trabajar para mejorar las condiciones productivas de las cadenas agropecuarias, fundamentales por su impacto en el resto de la economía y en el nivel de vida de quienes viven de ellas.

*Consultor en competencia económica, regulación y estrategia de mercados y profesor universitario.

Javier Núñez Melgoza

Consultor

Competencia y Mercados

Consultor en Competencia Económica y Regulación, además es profesor universitario.

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