Con muy buen juicio y con realismo, el secretario de Hacienda, Antonio Ortiz Mena, se dio cuenta que su aplicación traería mayores daños que beneficios.

Al centro del debate ha llegado la propuesta de aplicar un impuesto a la riqueza como parte de la reforma hacendaria que ya prepara el gobierno. La propuesta viene además impulsada por el hecho de que es una idea que se ha puesto de moda. En los oídos de muchos suena terriblemente seductora la proposición: aplicar un impuesto especial a los más ricos. Los problemas con ese tipo de ideas que parecen tan llamativas empiezan al momento de los molestos detalles.

En términos generales, me parecen muy cuestionables las propuestas que implican la creación de nuevos impuestos. ¡Por favor: que las autoridades se empeñen en recaudar los que se encuentran vigentes y los cuales son objeto de una evasión masiva! ¡La misma evasión se va a volver endémica con los nuevos tributos que se propongan!

La propuesta adolecería también de fundamentos jurídicos muy débiles, en razón de que implicaría doble tributación. Por ejemplo, la adquisición de cualquier bien ya vino precedida del pago del ISR por parte del adquiriente. Y lo mismo vale para los bienes inmuebles, cuyos propietarios no solo ya cumplieron con el ISR, sino también con el predial. En cuanto a las obras de arte y joyas, la imposibilidad de registro está asegurada de antemano.

En el momento actual, la posibilidad de aplicar un impuesto a la riqueza recuerda las discusiones que se suscitaron antes del control integral de cambios: su aplicación solo incrementó la fuga de capitales y creó nuevos problemas que nadie logró anticipar. En el caso de que me ocupo, preveo la catarata de amparos que provocaría la medida, a pesar de los buenos deseos en que pueda estar fincada.

La mayoría de los entusiasmados con el impuesto a la riqueza ni siquiera están enterados de que la propuesta no es nueva en México. La sugirió a finales de los años 60 un economista húngaro de nombre Nicholas Kaldor. ¿Por qué no se puso en ejecución? Con muy buen juicio y con realismo, el secretario de Hacienda, Antonio Ortiz Mena, se dio cuenta que su aplicación traería mayores daños que beneficios. Desde luego, un impuesto de ese tipo desincentivaría la propensión a invertir y a ahorrar de las clases más pudientes, pero también propiciaría el ocultamiento de riqueza y una cosa mucho peor:  fuga de capitales.

Por favor: que les pongan freno a los aprendices de brujos en materia tributaria.

bdonatello@eleconomista.com.mx

Bruno Donatello

Columnista

Debate Económico

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