Cuando el Fondo Monetario Internacional anunció el mes pasado una nueva asignación de 650,000 millones de dólares de Derechos Especiales de Giro, la esperanza era que los países de altos ingresos los transfirieran a los países en desarrollo necesitados. Con las reuniones anuales del Fondo que se celebrarán en octubre, es hora de que todas las partes den un paso al frente

BERKELEY - En agosto, el Fondo Monetario Internacional anunció, con mucha fanfarria, que sus miembros habían llegado a un acuerdo histórico para emitir 650,000 millones de dólares en Derechos Especiales de Giro (DEG, la unidad de cuenta del Fondo) para hacer frente a la emergencia del Covid-19.

Los DEG son afirmaciones contables que los gobiernos, a través de los buenos oficios del FMI, pueden convertir en dólares y otras monedas fuertes para pagar importaciones esenciales, como las vacunas. Y 650,000 millones de dólares no son cacahuetes: es casi el 1% del PIB mundial. Esto podría marcar una gran diferencia para los países pobres afectados por el virus.

El problema es que los DEG se asignan de acuerdo con las cuotas de los países, o los derechos automáticos de endeudamiento, dentro del FMI, y la fórmula de las cuotas depende en gran medida del PIB agregado de los países. Como resultado, apenas el 3% del total de 650,000 millones de dólares se destinó a países de bajos ingresos, y solo el 30% se destinó a mercados emergentes de ingresos medios. Casi el 60% se asignó a países de altos ingresos sin escasez de reservas de divisas y sin dificultades para obtener préstamos para financiar los déficits presupuestarios. Más del 17% fue a Estados Unidos, que puede imprimir dólares a voluntad.

La esperanza era que los gobiernos y el FMI encontraran una manera para que los países de altos ingresos transfirieran sus DEG a los países en desarrollo que los necesitaban. Hasta ahora, hay pocas señales de progreso en esta dirección. Con las reuniones anuales del Fondo que se celebrarán en octubre, es hora de que la institución, y sus miembros, den un paso al frente.

Los precedentes no son alentadores. En 1965, cuando comenzaron las discusiones serias sobre la creación de DEG, un grupo de expertos que trabajaba en nombre de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo argumentó que los DEG deberían asignarse con miras a satisfacer las necesidades de desarrollo de los países recientemente independizados. Pero cuando se emitieron DEG en 1970, se asignaron en cambio en proporción a las cuotas de los miembros del FMI.

Entonces, en 1972-73, portavoces de los países en desarrollo propusieron lo que se conoció como "el vínculo". Contemplaron una negociación mediante la cual las economías avanzadas obtuvieron un sistema monetario internacional reformado, en el que el DEG cumplía la función que ejecuta el dólar en el ahora desaparecido sistema de Bretton Woods, y los países en desarrollo, a cambio de su apoyo, recibían la mayor parte de la próxima asignación de DEG.

Al final, se aplacó a los países en desarrollo con la promesa de que el vínculo podría considerarse en el futuro, y se procedió a una segunda asignación de DEG. En cuanto al enlace, no se hizo nada.

Y, más recientemente, cuando se emitieron 250,000 millones de dólares en Derechos Especiales de Giro, en 2009, en respuesta a la crisis financiera mundial, el Fondo Monetario  Internacional volvió a asignarlos de acuerdo con las cuotas de los miembros.

¿Por qué esta vez podría ser diferente? Se hicieron asignaciones anteriores para mejorar la estabilidad del sistema monetario internacional y la liquidez de mercados financieros internacionales. Estos son, en su mayoría, problemas de los países ricos.

Hoy, por el contrario, la razón de ser de la asignación es relajar las restricciones financieras para combatir la pandemia. Y es en los países pobres donde esas limitaciones muerden. Los gobiernos de los países ricos lo saben, o deberían hacerlo. ¿Entonces cómo se podría lograr la transferencia de recursos? El FMI ya tiene un Servicio para el Crecimiento y la Lucha contra la Pobreza, que otorga préstamos en condiciones favorables, actualmente a tasas de interés cero, a países de bajos ingresos. Los países de ingresos altos, que ya otorgan préstamos al plan de Reformas de Políticas y el Paquete de Financiamiento (PRGT, por su sigla en inglés), podrían utilizarlo para reciclar sus DEG.

Pero los países prestatarios tienen que negociar programas con el FMI, lo cual es polémico y requiere mucho tiempo, y sus préstamos están sujetos a condiciones complicadas. Dado que el PRGT presta menos de 2,000 millones de dólares en un año típico (9,000 millones de dólares en 2020), reciclar 400,000 millones de dólares de DEG de países ricos, o incluso una parte de ellos, parece estar más allá de su capacidad.

Hay dos alternativas mejores. Primero, los accionistas del FMI podrían acordar la creación de un fideicomiso específico de Covid-19. La condicionalidad adjunta a sus préstamos se limitaría a verificar que los gobiernos estén utilizando sus préstamos en condiciones favorables para obtener vacunas y otros insumos de servicios de salud y los estén administrando de manera justa y eficiente. No sería difícil realizar un seguimiento eficaz. El dinero podría salir por la puerta.

En segundo lugar, los miembros podrían reciclar sus DEG, con la intermediación del FMI, a los bancos regionales de desarrollo, que ya están autorizados a tener DEG y convertirlos en dólares y otras monedas fuertes. Esto evitaría centralizar el proceso de préstamos en Washington, DC. Los bancos regionales de desarrollo tienen las botas sobre el terreno y están en sintonía con las condiciones locales, y no comparten la reputación del FMI como un intruso externo que impone condiciones onerosas.

El FMI evidentemente tiene sus propias ideas. La directora general Kristalina Georgieva propuso un Fideicomiso de Resiliencia y Sostenibilidad, que se financiará con DEG reciclados, que ayudaría a los países pobres a financiar inversiones en mitigación y reducción del cambio climático en las próximas décadas.

Eso está muy bien. Pero el Covid-19 es el desafío preeminente del 2021. Si el FMI y sus miembros no lo cumplen, ninguna de sus propuestas sobre cómo abordar los desafíos de las próximas décadas, relacionados con el cambio climático o de otro tipo, se considerará creíble.

El autor

Barry Eichengreen es profesor de economía en la Universidad de California, Berkeley y ex asesor principal de políticas del Fondo Monetario Internacional. Es autor de muchos libros, incluido el de próxima publicación In Defense of Public Debt.

Copyright: Project Syndicate, 2020

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