¿La Oficina de la Presidencia de Andrés Manuel López Obrador es transparente en materia de información pública? ¿O cuando menos es más transparente que las oficinas de sus antecesores? ¿Las estadísticas pueden ayudar a responder estas preguntas? Vamos a intentarlo.

Pero, antes, un paréntesis obligado: aquí se trata de las solicitudes a la Oficina de la Presidencia de la República, una entidad del Gabinete federal para todo lo relacionado con las actividades y responsabilidades del Presidente y su equipo inmediato de trabajo. La información en poder de esta oficina es distinta a la de las secretarías y otras dependencias federales. La Oficina de López Obrador la encabezan siete hombres: Lázaro Cárdenas Batel (jefe de asesores), Alejandro Esquer Verdugo (secretario particular), Jesús Ramírez Cuéllar (vocero), Emiliano Calderón Mercado (jefe de estrategia digital), Gabriel García Hernández (jefe de delegados), César Yáñez Centeno (jefe de enlace administrativo) y Eduardo Villegas Megías (jefe de memoria histórica). Fin del paréntesis.

En dos años de ejercicio, la Oficina de la Presidencia de López Obrador ha recibido 5,711 solicitudes de acceso a la información pública. En promedio han sido 2,856 solicitudes por año, 82% respecto a cada año del sexenio de Enrique Peña Nieto: 1,570 solicitudes anuales en promedio. La Oficina presidencial de AMLO ya ha recibido un volumen de solicitudes que representa el 61% de todas las registradas en los seis años de Peña Nieto (9,418 solicitudes).

Conclusión inmediata: al finalizar el sexenio, la Oficina presidencial de López Obrador habrá recibido un mayor número de solicitudes de información que todas las oficinas anteriores desde que entró en vigor la ley de transparencia (2003): la de Vicente Fox Quesada recibió 3,041 solicitudes y la de Felipe Calderón Hinojosa, 8,524.

Un mayor volumen de solicitudes puede significar un mayor conocimiento ciudadano de los instrumentos de la transparencia y, por tanto, un mayor ejercicio de este derecho fundamental. Pero también puede significar que la dependencia ha sido más negligente o menos proactiva en hacer pública la información sin necesidad de que los ciudadanos la soliciten. ¿Es el caso de la Oficina de López Obrador?

Conclusión irrefutable: recibir más solicitudes de acceso a la información prueba que la Oficina de López Obrador ha sido más requerida por los ciudadanos, por los motivos que sean. Y más solicitudes significan también la obligación de emitir un mayor número de respuestas, pues por ley cada solicitud debe ser respondida, sin importar el sentido de la respuesta.

De todas las solicitudes recibidas entre el 1 de diciembre de 2018, cuando López Obrador tomó el poder, y el 15 de enero de 2021, fecha de la actualización más reciente de los datos, la Oficina de la Presidencia ha mostrado un promedio de entrega de la información de 55%, contra el 40% de entrega del periodo de Peña Nieto.

Más conclusiones con la frialdad de los números: la Oficina de AMLO ha sido más transparente que la de su antecesor. Aunque también puede decirse que más ciudadanos han recurrido a los instrumentos de la transparencia porque la Oficina de López Obrador ha sido más negligente o menos proactiva con la información que por mandato legal debe hacer pública sin que nadie se la pida.

“Ser proactivo implicaría que el sujeto obligado, al pendiente de las necesidades informativas de la población, de la agenda ciudadana y de los temas que interesan a los ciudadanos, pone a disposición sin que se le pida información completa, veraz, clara, comprensible, accesible”, dijo Rubén Alonso González, presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi) Capítulo Jalisco, consultado para este artículo.

“Si entre mis proyectos fundamentales como gobierno está la construcción de nuevas vías férreas en la zona maya, en el Istmo de Tehuantepec, un nuevo aeropuerto internacional, una refinería o la compra de vacunas contra el Covid-19, antes de que me lo pidan, antes de que me pregunten, pongo a disposición toda la información que tengo sobre estos temas: fácilmente localizable, integrada, accesible, clara, oportuna, en lenguaje ciudadano, con recursos didácticos sobre lo técnico y especializado”, dijo Alonso González. ¿Ocurre así con la Oficina de la Presidencia? ¿Ocurre así en otras secretarías o dependencias federales?

Como en casi todo, el diablo está en los detalles. Una solicitud de transparencia puede tener múltiples respuestas de parte del sujeto obligado —la manera como la ley llama a la oficina pública responsable de la información en poder gubernamental—. La unidad de transparencia del sujeto obligado puede entregar toda la información solicitada o la puede entregar de manera parcial. Pero también puede entregar algo diferente a lo solicitado por el ciudadano y acreditar la respuesta como entrega de la información (o sea, como parte del 55% de entrega acreditado a la Oficina de López Obrador, como veremos más abajo).

La unidad de transparencia también puede responder que no cuenta con la información solicitada (inexistencia) o negarse a entregarla por considerarla “reservada” o “confidencial”. También puede responder que no cuenta con la información porque no es de su competencia.

Por ejemplo, si a la Oficina de la Presidencia le piden información sobre el avance de las obras del aeropuerto de Santa Lucía, los responsables de transparencia de esa oficina pueden responder que la información solicitada no es de su competencia, pues ese tema lo llevan la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Secretaría de la Defensa Nacional (y, para ser más exquisitos, posiblemente lo lleven algunas oficinas desconcentradas de esas secretarías). Y esta respuesta no cuenta como “entrega de la información”, sino como deslinde de responsabilidad.

En todos los casos el ciudadano puede pedir ayuda a la autoridad de transparencia, el Inai (cuyo acrónimo significa: Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales), para que revise la respuesta del sujeto obligado. El Inai deberá desechar la petición o sobreseerla, confirmar la respuesta, modificarla o revocarla. O sea que los caminos que abre una solicitud de información a veces “no son lo que uno imaginaba” y en muchos casos suelen ser “muy difícil de andarlos”, como dice el clásico.

Pero cuando se trata de reservas de información, Fox encabezó la Oficina presidencial con mayor número de negativas de entrega por motivos de confidencialidad. “Hay un elemento que juega a favor de Fox y Calderón cuando se trata de reservas: ellos se regían con la Ley Federal de Transparencia; con Peña Nieto salió la Ley General, que también aplica a AMLO, y esta ley quitó elementos para reserva, incorporó las versiones públicas y obligó que ante una reserva de información debería incorporarse la prueba de daño. O sea, con Peña y AMLO la ley les redujo el margen para poder reservar información”, explicó Alonso González, quien también es miembro del Consejo Consultivo del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco (Itei).

Entonces, ¿la Oficina de la Presidencia de López Obrador es transparente? ¿O siquiera es más transparente que la de Peña Nieto, Calderón o Fox? Según las estadísticas disponibles, podemos decir que:

1. La Oficina presidencial de Fox ha sido la más transparente desde que entraron en vigor la ley de transparencia y su reglamento (2003), con un promedio de entrega de la información solicitada de 68%.

2. La Oficina presidencial de López Obrador tiene un promedio de entrega de información de 55%, lo que la sitúa como la segunda oficina más transparente desde Fox.

3. Las oficinas presidenciales más opacas han sido las de Peña Nieto, con un promedio de 40%, y la de Calderón, de 43%.

4. Faltan cuatro años de administración de López Obrador. Su posición en el ranking de transparencia de las Oficinas de la Presidencia puede cambiar… para bien o para mal.

Pero más allá de conclusiones estadísticas, yo me quedo con la siguiente anécdota. El 18 de junio de 2019, el presidente López Obrador presumió en su cuenta de Twitter que ese día había conversado, a través de una videollamada, con el fundador y director ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg. Un ciudadano quiso saber más sobre ese encuentro y presentó una solicitud de acceso a la información a la Oficina de la Presidencia (SAI 0210000198919). En la Oficina hicieron una “búsqueda exhaustiva” —no podía ser de otra manera— y ¿qué creen? No encontraron ninguna información sobre el tema: ni grabación en video o en audio, ni registro estenográfico, ni minuto ni nota informativa. Nada. La respuesta está categorizada como “entrega de la información” (parte del 55% de entrega de la Oficina presidencial). La reunión no existió. Porque, como ustedes y yo sabemos, las estadísticas pueden decir una cosa, pero la realidad —y los caminos de la transparencia— otra. 

José Soto Galindo

Editor de El Economista en línea

Economicón

Periodista. Desde 2010 edita la versión digital de El Economista en la Ciudad de México. Maestro en Transparencia y Protección de Datos Personales por la Universidad de Guadalajara. Tiene especialización en derecho de las telecomunicaciones y las tecnologías de la información. Su blog personal es Economicón.

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