Energía: lo que significa y lo que falta

La reforma energética ahora en discusión en el Congreso, en las versiones de EPN y del PAN, tiene un significado extraordinario para México. Representa una acción colectiva sin precedente de depuración histórica, equiparable sólo con el TLCAN. A pesar de su envoltura en papel cardenista (hábil dispositivo político), rompe con uno de los fardos ideológicos más pesados que han lastrado el desarrollo y la modernidad de nuestro país. Es la victoria de la razón frente al dogma. Es un decisivo paso de afirmación liberal que evapora el autoengaño de un estatismo aldeano y taciturno. La reforma muestra que los mexicanos somos capaces de cambiar.

La iniciativa presentada por EPN la semana pasada es la llave para abrir una infinidad de posibilidades. Los cambios a los artículos 27 y 28 constitucionales, simplemente, dejan de prohibir los contratos en hidrocarburos. En electricidad, eliminan la exclusividad del Estado que no sea en el control del sistema eléctrico, en la transmisión y distribución. También borra el mandato constitucional para un monopolio en petróleo y los demás hidrocarburos. La legislación secundaria definirá cómo. Se extraña en la reforma constitucional una sólida y necesaria afirmación sobre sustentabilidad energética. Ojalá el Congreso lo subsane.

Evitemos ahora discusiones bizantinas. Ciertamente, siguen prohibidas las concesiones en hidrocarburos; sin embargo, los contratos pueden tener el alcance y las modalidades que se quiera dentro de la ley reglamentaria. Desde luego, deben ser contratos en los que se compartan riesgos en forma de utilidades o de producción. Es fundamental que se den las dos opciones. Las oportunidades que así se despliegan son enormes. Es indispensable separar las funciones de autoridad, regulación y administración de la riqueza petrolera y gasífera, de las tareas de los operadores como Pemex, y dar a la Comisión Nacional de Hidrocarburos plenas facultades en este sentido. Habrá que reestructurar a Pemex y acercarla lo más posible a ser una verdadera empresa del Estado, con gobierno corporativo propio, participación y rendición de cuentas en el mercado de valores, así como autonomía de gestión. La renta petrolera debe ser extraída por el Estado de manera eficiente y equitativa, puesta en buena medida en un fondo soberano a cargo del Banco de México y, en parte, utilizada para el desarrollo de energéticos renovables. La regulación ambiental tiene que ser estricta y eficaz, especialmente, en las explotaciones de gas y crudo de lutitas, al igual que en aguas profundas; la Semarnat debe hacerse responsable de ello.

En electricidad, se separan el control del sistema, la transmisión y la distribución (exclusivas del Estado) de la generación. Esta última queda abierta al sector privado y a la competencia en un mercado regulado, esperemos, por la Comisión Reguladora de Energía. También se pueden celebrar contratos en el control del sistema, transmisión y distribución. Se habla de energía verde y de aprovechamiento de energías renovables en la exposición de motivos; sin embargo, aún no se sabe cómo. De todas formas, la simple apertura de la red y la existencia de un mercado crearán condiciones más propicias que en la actualidad para su desarrollo.

Entre otras muchas cosas, faltará determinar las reglas del despacho (esto es, qué tipo de plantas entran en operación a lo largo del día); no deben definirse sólo con una visión reduccionista de costo marginal, sin un esquema de fomento para las energías renovables. Por cierto, el diseño y desarrollo de una red inteligente será esencial para su aprovechamiento pleno. Mucho habrá que determinarse en torno de la eficiencia energética, la cual -hay que decirlo- está en conflicto con los subsidios y la promesa de reducir precios y tarifas. El trabajo legislativo arduo vendrá en la legislación secundaria.

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