Las reformas a la Ley de la Industria Eléctrica dictadas por el presidente López y aprobadas abyectamente por el Congreso que él mismo domina, representan una embestida violenta en contra de las energías limpias, de la salud pública, del medio ambiente, y de la lucha contra el cambio climático. También, constituyen una clarísima expresión de las pulsiones ideológicas y dogmáticas del régimen, y de su confluencia con los peores populismos y con fracasadas experiencias socializantes en América Latina. Todo ello debe preocuparnos mucho, no sólo por sus consecuencias específicas, sino por la trayectoria que refuerzan y trazan hacia el futuro previsible de nuestro país. Las reformas tratan de destruir la competencia en el sector eléctrico, de demoler derechos de propiedad privada en empresas generadoras de energía, particularmente de energías limpias y renovables, y de restaurar estructuras monopólicas contrarias a la razón económica, técnica y ambiental.

Las reformas de marras atentan contra las libertades esenciales relacionadas con la libre competencia y concurrencia en el mercado eléctrico, y evidentemente son anticonstitucionales, dado el Artículo 28 de nuestra Carta Magna, que contiene el derecho humano de acceso al mercado en condiciones de libre competencia y concurrencia, quedando ahí prohibidos los monopolios y las prácticas monopólicas en generación y comercialización de electricidad. (La Constitución reserva al Estado la transmisión y distribución, sólo porque representan monopolios naturales, donde prevalecen grandes economías de escala y físicamente es imposible la competencia). Como consumidores también gozamos de protección en contra de actores que pretendan ventajas espurias y que se traduzcan en mayores precios o tarifas. Recordemos que la competencia es motor de crecimiento económico, de productividad, de avance tecnológico y de menores precios para los consumidores. Las reformas eliminan el despacho económico, es decir, la entrada en operación de centrales eléctricas bajo el criterio de costos de generación, donde se le da prioridad a las más baratas y competitivas.  Ahora, no necesariamente las centrales más eficientes serán despachadas, sino que se privilegiará de manera artificial a las centrales de CFE. También, las reformas quebrantan la garantía de acceso abierto a la Red Nacional de Transmisión y a las Redes Generales de Distribución, con lo que en la práctica confiscan la inversión realizada por particulares en centrales de generación limpias, eficientes y baratas capaces de ser despachadas y vender su energía de manera competitiva. Igualmente, las reformas eliminan las subastas, como mecanismo primordial para la compra-venta de electricidad – también en condiciones de competencia – por parte de los Suministradores de Servicios Básicos (quienes venden electricidad a los usuarios finales, principalmente hogares y pequeños usuarios industriales y comerciales), y la contratación de cobertura eléctrica sin criterios de eficiencia y precios. La Ley de la Industria Eléctrica preveía como opción la celebración de Contratos Legados para Suministro Básico, pero sólo con centrales eléctricas posteriores a 2014, con la finalidad de promover nuevas inversiones en energías limpias. Las reformas pervierten este objetivo y permiten contratos legados con centrales obsoletas, sucias e ineficientes de la CFE (a combustóleo), con lo cual desplazan del mercado a las centrales privadas eficientes y limpias, y se le permite a CFE evitar el mecanismo de subastas de manera indefinida. Esto es, de la misma forma, un acto de confiscación regulatoria de la inversión privada.

La Ley de la Industria Eléctrica establece el sistema de Certificados de Energía Limpia (CEL) que podían ser comercializados en el mercado, como instrumentos para promover la transición energética y la inversión en centrales eólicas, solares y geotérmicas. Por ello, los CEL se otorgarían sólo a centrales nuevas de energía limpia que entraran en operación después de 2014, considerando que las centrales anteriores ya habían sido amortizadas o contaban con otros esquemas de remuneración. Sin embargo, las reformas permiten la entrega de CEL también a todas las plantas antiguas de CFE (hidroeléctricas, nuclear), con lo cual el valor de estos instrumentos se derrumba prácticamente a cero, lo que no sólo cancela un poderoso mecanismo de transición energética, sino que confisca valor a empresas que invirtieron en energías limpias con ese incentivo. Las reformas, por otro lado, plantean el otorgamiento discrecional de permisos de generación de acuerdo a criterios arbitrarios establecidos por SENER (lo que implica opacidad, corrupción y falta de certeza jurídica). Peor aún, las reformas abren la posibilidad de la revisión y cancelación retroactiva de permisos de Autoabastecimiento entre sociedades de empresas y de proyectos de Producción Independiente de Energía.

Las consecuencias de estas reformas serán de largo alcance; sembrarán desconfianza, destruirán la certeza jurídica, ahuyentarán a la inversión privada nacional y extranjera, elevarán los precios de la energía, harán menos competitiva a la economía mexicana, habrá más desempleo, y desde luego, impedirán que México cumpla con sus compromisos con el Acuerdo de París en materia de cambio climático.

Gabriel Quadri de la Torre

Ingeniero Civil y Economista

Verde en Serio

Político, ecologista liberal e investigador mexicano, ha fungido como funcionario público y activista en el sector privado. Fue candidato del partido Nueva Alianza a Presidente de México en las elecciones de 2012.

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