¿Cómo fue que la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió darle un espaldarazo al actual etiquetado de alimentos y bebidas cuando a todas luces es confuso, no se entiende y va en contra de lo que recomiendan los principales organismos internacionales de la salud y la alimentación?

La sentencia de los ministros es de sorprender no sólo porque va en contra de toda lógica -por donde se le vea es obvio que urge actualizar el etiquetado nutricional mexicano- sino porque está basado en una mentira: la sentencia aprobada por los ministros dice que el actual etiquetado en México se alinea a las recomendaciones de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y de la Organización Mundial de la Salud (OMS), y eso no es cierto.

Incluso días antes de la resolución en la Corte, los representantes en México de OPS/OMS, así como el de la FAO (organismo de la ONU enfocado a la alimentación y agricultura) y de la Unicef emitieron sendos posicionamientos diciendo que lo que dice la sentencia de la SCJN es erróneo.

Las etiquetas de los productos alimenticios deben aportar información clave para el momento de decidir cuál tipo de alimentos o bebidas comprar. El actual esquema en México no lo hace porque en principio es complejo. Se necesita ser nutriólogo para comprenderlo. Como lo demostró un estudio entre 4,600 personas hecho por el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), dirigido por el doctor Juan Rivera, del público en general sólo 6% logra captar lo que quiere decir el etiquetado alimenticio. Incluso entre estudiantes de nutrición, dos terceras partes no lograron entenderlo. Pero además desinforma.

El debate central está en cuanto al azúcar y la ingesta máxima recomendada sin que afecte la salud de la población, y como parte de ello la importancia de separar los azúcares añadidos respecto de los que naturalmente traen los alimentos. Como el etiquetado actual mexicano no considera este elemento fundamental -y por tanto desinforma- es con este argumento que la asociación El Poder del Consumidor, encabezada por Alejandro Calvillo obtuvo un amparo de un juez en 2016.

El reclamo de esta asociación va en el mismo sentido de lo que dice OPS, OMS, FAO y Unicef: México requiere un etiquetado de alimentos claro, sencillo, veraz y de fácil comprensión, máxime que necesitamos mecanismos informativos ante la emergencia epidemiológica de sobrepeso, obesidad y diabetes que enfrentamos.

Ahora, con la resolución de la Corte la semana pasada, dicho amparo se echa atrás; mal indicio para la salud de los mexicanos.

En realidad los ministros estaban muy divididos y al final ganaron 3 contra 2.

Para algunas asociaciones ciudadanas la postura final de la SCJN es señal clara de que la industria sigue cabildeando intenso para impedir decisiones que afecten el consumo de sus productos. El temor es que la fuerza de Femsa-Coca Cola dentro del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), específicamente ahora que su expresidente Carlos Salazar es quien encabeza al principal organismo empresarial del país, logre influir en las decisiones, y también se teme de las acciones del priísta Roberto Campa que por ser cercano al presidente López Obrador logre bloquear cualquier política antiobesidad: etiquetado, publicidad, escuelas o aumento de impuestos.

No se trata de estar en contra de las empresas que son pilar de la economía, pero es cierto que se necesita rigor para imponer políticas exitosas de salud pública que ayuden a superar la epidemia de sobrepeso, obesidad y diabetes que nos está saliendo demasiado costosa. No olvidemos que ocupamos el nada honroso segundo lugar mundial en obesidad en adultos y el primero en obesidad infantil.

La coyuntura del cambio de Gobierno se presta para actualizar el etiquetado, y además ya toca pues cumplió 5 años de vigencia. El subsecretario de Promoción y Prevención a la Salud, Hugo López-Gatell, ha expresado que terminó el ciclo en el que los intereses privados tenían prioridad sobre los intereses públicos en materia de salud. Se instaló un grupo de trabajo intersectorial para definir la política nacional de etiquetado donde el enfoque es también agroalimentario; los resultados están por verse.

Hospital en Oaxaca: a 10 años de construido aún no opera

Algo que llamó poderosamente la atención del secretario Jorge Alcocer el jueves pasado en su gira por Oaxaca es la situación del Hospital General de la Mujer y el Niño Oaxaqueño: costó 770.8 millones de pesos, se empezó a construir hace 13 años, de éstos, 10 estuvo en el abandono; finalmente recién se concluyó gracias a que Sedena apoyó con 217.4 millones, pero aún no puede operar porque falta equiparlo; para al menos lo básico requiere otros 300 millones… El gobernador Alejandro Murat pide apoyo para ello y el doctor Alcocer se comprometió a ayudarle.

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MaribelRamírez Coronel

Periodista en temas de economía y salud

Salud y Negocios

Comunicadora especializada en salud pública y en industria de la salud. Cursando la maestria en Administración en Sistemas de Salud en FCA de la UNAM.

Fundadora en 2004 de www.Plenilunia.com, concepto sobre salud femenina. Me apasiona investigar y reportar sobre salud, innovación, la industria relacionada a la ciencia, y encontrarle el enfoque de negocios con objetividad a cada tema.