En Ciencia y Tecnología, como chivo en cristalería

La atropellada aprobación de la nueva Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación en ambas cámaras del Congreso de la Unión, no es otra cosa que el secuestro del Poder Legislativo por parte de un grupo de funcionarios del gobierno federal encabezados por la hoy titular del aún Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), que desde el primer momento en que arribaron al poder se destacaron por su ánimo revanchista contra el gremio académico y de investigadores de nuestro país.

Desde ese primer momento, se dedicaron a cuestionar los recursos del presupuesto que según eran utilizados por empresas trasnacionales para sus actividades de investigación y desarrollo, afirmando que esas empresas financiaban sus actividades de investigación y desarrollo con los recursos que les canalizaba nuestro país. Claro, sin decir que lo que el Congreso de nuestro país había venido autorizando anualmente a Conacyt para fines de investigación representa una proporción minúscula de lo que las empresas señaladas (Monsanto, IBM, GM, Ford o Bayer) destinan anualmente para esos propósitos. Por ejemplo, tan solo Ford y Bayer destinaron en 2022 entre las dos, 14 mil 200 millones de dólares.

Tampoco podemos pasar por alto el ambiente hostil desatado contra la comunidad científica en nuestro país, al grado que varios integrantes de ese gremio, algunos de los cuales integraban el Foro Consultivo Científico y Tecnológico A.C. (FCCyT), órgano de consulta en materia científica, tecnológica y de innovación para el gobierno federal, fueron denunciados por el Conacyt ante la Fiscalía General de la República por delicuencia organizada y lavado de dinero. Para nadie es un secreto que la nueva Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación no fue objeto de un análisis serio ni en la Cámara de Diputados ni en el Senado de la República. Habiendo tantas posibilidades de estudiar con seriedad el tema, de abrir una gran discusión nacional sobre lo que México requiere para mejorar su desempeño en la materia de investigación y de generación de conocimiento en beneficio de los mexicanos y la economía de nuestro país. Sin embargo, desde el Ejecutivo se ejerció una presión en extremo para orillar a los senadores afines a la 4T a tener que pasar por encima de sus propios principios, porque hasta ahora no habían aprobado en el Pleno minuta alguna que no hubiera tenido la formalidad de ser discutida y votada en comisiones.

Para la de Ciencia y Tecnología la presión fue tal que tuvieron que obviar los formalismos del proceso legislativo, lo que hace previsible que esta nueva ley sea declarada inválida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ya definió un criterio muy claro para declarar inválido cualquier decreto del Congreso que no haya seguido las formalidades que exige el proceso legislativo según las reglas que ambas cámaras del Congreso han establecido.

Así que es incomprensible esa exigencia que se impuso al Congreso desde el Ejecutivo, sabiendo que con ello condenaban la nueva ley al fracaso. México no merece esa incertidumbre. Mucho menos cuando en lugar de mejorar nuestro desempeño como país en términos de solicitudes de patente realizadas por residentes de nuestro país, hemos empeorado desde que asumió el poder la administración del presidente López Obrador. Según datos reportados por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, entre 2018 y 2021, último año reportado, el número de solicitudes de patente hechas por residentes en México disminuyó en 28 por ciento. Mientras países como Vietnam o Sudáfrica han mejorado de manera notable en ese mismo lapso, y otros países retrocedieron, seguramente por los efectos de la pandemia del Covid-19, pero ninguno como nuestro país. Así que puede afirmarse que entre las naciones más desarrolladas, México es la de peor desempeño.

Con ese desempeño negativo, el desprecio por la educación de calidad y el control burocrático del ecosistema de investigación académica que se pretende con la nueva ley y los limitados recursos presupuestales que aprueba el Congreso, al término de la administración del presidente López Obrador no tengo duda que habremos visto cómo se mermó de manera importante nuestra capacidad para innovar.

@GerardoFloresR