Aunque parecían debates superados, hoy tiene sentido discutir nuevamente sobre la tentación de controlar oficialmente los precios en un mercado, como acaba de ordenarse en nuestro país respecto del gas licuado de petróleo (Gas LP). Durante siglos la humanidad ha aprendido grandes lecciones, muchas de ellas a un alto costo, como entender el funcionamiento de los mercados y los efectos de decisiones equivocadas sobre ellos; sin embargo, parece que todavía hay quien piensa que se puede cambiar la realidad por Decreto o mas bien, como adelante se explica, por Acuerdo.

El precio de los bienes y servicios está determinado por la interacción de la oferta y la demanda. Esto es así, no porque lo diga una ley, una autoridad o un libro, ni porque sea producto de una visión liberal o conservadora, sino porque parte de condiciones humanas básicas: la necesidad y la libertad. Simplificando las cosas, del lado de los consumidores (demanda), el valor que asignamos a un bien o servicio determina el precio máximo que estamos dispuestos a pagar para satisfacer una necesidad; del lado de los productores (oferta), el precio refleja el monto al que están dispuestos a ofrecernos un bien o servicio, que les permita cubrir ciertos costos y obtener una ganancia.

Por simplón que suene, las cosas valen… lo que valen, y ese valor (la apreciación que tenemos de los bienes y servicios) no cambia porque se imponga oficialmente un precio. Cuando el mercado funciona bien, un precio artificial arriba del precio de mercado lleva a que algunos consumidores ya no adquirirán el bien o servicio porque su precio es mayor al valor que le dan, lo que los deja fuera del mercado, o bien, los lleva a buscar adquirir el bien o servicio en mercados negros, fuera de la legalidad. Por otro lado, un precio artificial por debajo del precio de mercado significa que son los vendedores los que deben obtener menos de lo que están dispuestos a aceptar por ofrecer un bien o servicio, a ese precio se demanda más de lo que el mercado está dispuesto a ofrecer y por tanto se genera escasez, o bien, se reduce la calidad de lo que nos ofrecen. Como puede verse, la historia ya no va bien. Cuando se imponen precios oficialmente que no corresponden al precio de mercado perdemos todos.

Ciertamente los mercados fallan y lo hemos aprendido también a un alto costo, por lo que es necesario que el Estado intervenga para corregir esas fallas, pero debe ser cuidadoso en la forma de hacerlo o puede afectar a la población que se pretende proteger. Es por eso que es tan peligroso pretender controlar oficialmente los precios, y es por eso que las constituciones modernas protegen la libre competencia, establecen mecanismos para atender las fallas de mercado con la participación de autoridades de competencia especializadas y prevén condiciones mínimas que deben cumplirse antes de restringir la libertad de competencia y establecer precios máximos a bienes o servicios, por ejemplo, cuando se acredita que no hay condiciones de competencia y por tanto el precio es producto de la decisión unilateral de uno o varios proveedores que tienen poder en el mercado.

Nuestro país no es la excepción y desde la Constitución de 1917 se protege la libre competencia y la libre concurrencia. No es causal que una Constitución que fue producto de una revolución social y célebre por incorporar derechos sociales haya previsto la libre competencia; se trata no solo de un derecho, sino de una auténtica política social, porque protege a toda la población frente a los intereses de solo algunos y toda la población somos consumidores. Así, nuestro marco jurídico prevé entre otras cosas, la posibilidad de establecer precios máximos a bienes y servicios que sean necesarios para la economía nacional o el consumo popular, pero para ello es necesario que: i) la Comisión Federal de Competencia Económica determine que no existen condiciones de competencia efectiva en el mercado relevante de que se trate; ii) el Presidente de la República determine mediante Decreto los bienes y servicios que podrán sujetarse a precios máximos, y iii) la Secretaría de Economía determine los precios máximos con base en criterios que eviten la insuficiencia del abasto (¿recuerda lo que decíamos sobre el riesgo de escasez?).

Pues la semana pasada se sujetó a precios máximos el expendio del Gas LP y no se cumplió con esto. El 28 de julio la Secretaría de Energía publicó la Directriz de Emergencia para el Bienestar del Consumidor de Gas Licuado de Petróleo, en la que estima necesario que la Comisión Reguladora de Energía (CRE) emita normatividad de emergencia en un plazo no mayor a tres días y se le exhorta a establecer una metodología que fije precios máximos al consumidor final de Gas LP. Al día siguiente, el 29 de julio, la CRE publicó el Acuerdo que establece la regulación de precios máximos de gas licuado de petróleo objeto de venta al usuario final, que establece la metodología de precios máximos para 145 regiones, a los que estarán sujetos los permisionarios de distribución de Gas LP en distintas modalidades, así como los permisionarios de expendio al público. Esto, no obstante que el artículo 82 de la Ley de Hidrocarburos excluye en forma expresa y clara de la regulación de precios de la CRE, el expendio al público del Gas LP, al señalar que sus “precios se determinarán conforme a las condiciones de mercado”, y que el régimen transitorio de la misma ley liberó este precio a partir del 1 de enero de 2017.

En suma, el expendio de Gas LP es una actividad que la ley excluye de la regulación de precios de la CRE, pero una Directriz de la Secretaría de Energía y un Acuerdo de la propia CRE acaban de sujetarlo a regulación de precios y al cumplimiento de los precios máximos determinados por ésta. No existe un dictamen de la Comisión Federal de Competencia Económica que determine que no existen condiciones de competencia efectiva en todos los mercados sujetos a precios máximos y tampoco un Decreto expedido por el Presidente de la República que sujete el expendio al público del Gas LP a precios máximos, por lo que no se observó lo ordenado en nuestra Constitución y en la ley.

Los mecanismos excepcionales de control directo de precios están en la Constitución y en las leyes por buenas razones, no pueden pasar por alto para nadie y menos para los que protestaron cumplirlas y hacerlas cumplir. ¿No era mejor reducir barreras en el mercado?, ¿fomentar la entrada de más competidores?, ¿facilitar el otorgamiento de permisos de distribución, comercialización y expendio de Gas LP al público?, ¿facilitar el acceso a insumos? Y sí, también, contar con un análisis de condiciones de competencia económica por parte de la autoridad competente para que donde sea necesario se determinen precios máximos cumpliendo con la Constitución y las leyes.

Andar este camino es una muy mala señal para la inversión, pues es violar abiertamente nuestro marco jurídico y perpetuarnos en el camino de un Estado de Derecho de discurso solamente y, desde luego, es una mala señal también para los consumidores. Es previsible que vendrán juicios de amparo, pero el golpe está dado y sería engañarnos si pensamos que es únicamente a los proveedores de Gas LP; se afecta al mercado, a la certidumbre a la inversión, al Estado de Derecho y desafortunadamente también a los consumidores.

Inevitablemente viene a mi mente una imagen tan frecuente en nuestro querido México: la calle con el letrero que prohíbe estacionarse, llena de coches, un policía sobrepasado, solo y frustrado, y cientos de coches y peatones afectados por el tráfico causado por no cumplir la ley. O se hace algo con esos coches, o se ayuda al policía, o se quita ese letrero, o le seguimos mandando la señal a los cientos de coches y peatones afectados de que en este país las leyes son solo buenos discursos. Cumplir importa.

*El autor es Profesor de Derecho Constitucional en la ELD y miembro de DLA PIPER Gallastegui y Lozano. Expresidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones.