El amparo 1191/2017 otorgado a organizaciones de la sociedad civil contra la omisión legislativa respecto de la despenalización del aborto en Veracruz, en el marco de la alerta de violencia de género (AVG), es un logro de la sociedad contra la normalización de las violaciones a los derechos humanos de las mujeres en ese estado y en el país. Al dar la razón a las ONG que interpusieron este recurso contra la omisión del Congreso estatal, la resolución del juez abre el camino para que las veracruzanas puedan ejercer los mismos derechos a la salud que las capitalinas.

Como se recordará, Veracruz es el único estado en el país con dos AVG. Una, por feminicidio, declarada en noviembre del 2016 y otra, por agravio comparado, desde diciembre del 2017. Las alertas no se declaran enseguida después de la solicitud sino cuando el gobierno involucrado no cumple con las recomendaciones de un grupo de trabajo avalado por Conavim-Segob.

En el caso de Veracruz, donde en julio del 2016 se aprobó una reforma constitucional para “proteger la vida desde la concepción”, las principales recomendaciones por la segunda AVG incluían reformar el código penal para despenalizar el aborto hasta la duodécima semana de gestación, así como asegurar la adecuada implementación de la NOM-046 relativa a la atención médica inmediata a víctimas de violencia sexual. El Congreso, sin embargo, se mantuvo en la inacción como si el paso del tiempo pudiera diluir el reclamo social.

Al recurrir al amparo, las organizaciones sociales han demostrado la importancia de dar seguimiento a la implementación de las AVG. El juez decimoctavo del Poder Judicial, con sede en Xalapa, no sólo determinó que, antes del 31 de julio, la actual legislatura debe reformar los artículos 149, 150 y 154 del Código Penal estatal para despenalizar el aborto, como en la Ciudad de México, e incluir el riesgo a la salud como causal de aborto legal después, sino que especificó también la obligación del Estado de legislar a favor de los derechos de las mujeres, en particular de los derechos sexuales y reproductivos y el derecho a la salud.

Algunos legisladores veracruzanos han argumentado que dicha reforma sería inconstitucional. Parecen olvidar que la constitución local se modificó por la colusión de grupos antiderechos, incluida la Iglesia católica, con el gobernador Duarte. Pasan por alto, además, que el Artículo IV constitucional, leyes mexicanas y las convenciones internacionales que México ha firmado obligan al Estado mexicano a garantizar el pleno ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, la no discriminación y una vida libre de violencia. Los argumentos ad hoc no pueden entonces ser excusa para que el Congreso siga violentando el derecho a la salud y a la protección de la dignidad humana de las mujeres, señalado por el juez. Como ha explicado el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, los jueces de amparo pueden restituir los derechos violados por omisión legislativa. Si en vez de cumplir con este mandato el Congreso opta por pedir una revisión de amparo, el proceso se alargará, dañando a las veracruzanas.

Mientras en estos días diversas organizaciones exponen ante el Comité de la CEDAW la grave situación de las mujeres en México, el pedregoso camino de esta AVG en Veracruz corrobora la importancia del marco internacional para la defensa de los derechos humanos en México. Ya antes este Comité ha llamado la atención al Estado mexicano por su negligencia en la prevención y sanción de la discriminación y violencia contra las mujeres, la falta de cumplimiento de la NOM-046 y la indefensión en que quedan muchas víctimas de violación cuando se les niega un aborto al que tienen derecho por ley, entre otras fallas. En tanto, las alertas por feminicidio no han dado resultados y la violencia contra las mexicanas sigue en aumento, es probable que se acumulen más recomendaciones al Estado mexicano.

Dejar la política de simulación y cumplir con la CEDAW será otro de los retos en política de género y justicia que enfrentará el próximo gobierno.

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Lucía Melgar

Crítica cultural

Transmutaciones

Es profesora de literatura y género y crítica cultural. Doctora en literatura hispanoamericana por la Universidad de Chicago (1996), con maestría en historia por la misma Universidad (1988) y licenciatura en ciencias sociales (ITAM, 1986).