En 1984, cuando se privatizó British Telecom (BT), el gobierno británico estableció en la licencia correspondiente una prohibición expresa para la nueva empresa privatizada: no ofrecer servicios de televisión.

En enero del 2001, después de varios ajustes a la política regulatoria en Reino Unido y de varias revisiones que el órgano regulador debió llevar a cabo sobre el estado de la competencia en el sector telecomunicaciones, la prohibición impuesta a BT para prestar servicios de televisión fue levantada. En el transcurso entre 1984 y el 2001, BT debió someterse a decisiones regulatorias importantes en materia de interconexión, en materia de tarifas a los usuarios, en materia de desagregación de su red local, y en general a decisiones destinadas a controlar su poder como agente dominante en el sector telecomunicaciones en Reino Unido.

A raíz de que le fue levantada la prohibición para ofrecer servicios de televisión, BT inició una estrategia para lanzar al mercado británico este servicio, objetivo que finalmente logró en el 2013, mediante un servicio de televisión bajo demanda denominado BT TV, que resultó de la fusión de intentos previos conocidos como BT Vision y BT YouView. Para mayor referencia sobre este esfuerzo, basta buscar BT TV en Wikipedia.

Algo parecido ocurre en México con el caso de Telmex y Claro Video, pero al revés. Digo al revés, porque si bien es cierto que cuando Telmex fue privatizada en 1990, con una prohibición similar que la de BT para ofrecer servicios de televisión prevista en la Condición 1.9 del título de concesión correspondiente, a partir de ese momento la historia regulatoria por la que transitaron ambas empresas privatizadas es diametralmente distinta.

Para empezar, es verdad que BT no fue un operador que se sometió dócilmente a las decisiones regulatorias en Reino Unido; sin embargo, un mejor arreglo institucional, un marco legal más eficaz y una resolución más oportuna en las cortes en los casos que se requirió revisión judicial tuvieron como resultado que en ese país hoy existan mucho mejores condiciones de competencia que en los años siguientes a la privatización de BT, y que los usuarios no sufran un costo en bienestar del tamaño del que sufren los usuarios en México, como lo estimó la OCDE.

Por el contrario, en México, un deficiente arreglo institucional, un marco legal deformado en su aplicación por las autoridades y resoluciones judiciales que tomaron muchos años para quedar firmes tuvieron como resultado un operador dominante como no existe en prácticamente ningún otro país miembro de la OCDE.

Pues bien, ante la mirada permisiva del IFT, Telmex se da el lujo de anunciar que ofrecerá a sus usuarios el servicio de televisión bajo demanda denominado Claro Video (véase similitud con servicio BT TV) sin costo durante un año. Lo anterior, no obstante que su título de concesión se lo prohíbe y que, hasta donde se sabe, no ha sido modificado por el nuevo órgano regulador constitucionalmente autónomo. Seguramente los abogados de Telmex alegarán que no es un servicio de televisión, sino que se trata de un servicio de datos para el que no requiere autorización. Mal haría el IFT en aceptar ello como si fuera un acto de fe.

En mi última colaboración del 2014 hice votos para que en este 2015 el IFT se sacudiera esa actitud de administrar la competencia. Apenas inicia el 2015 y Telmex nuevamente desafía abiertamente no sólo al IFT, sino en general al nuevo marco institucional y legal que rige al sector telecomunicaciones, sin siquiera haberse comprometido a colaborar genuinamente con mejores condiciones de competencia efectiva en México. La pelota está en la cancha del IFT.

*El autor es senador de la República.